Un informe advierte que la mora crediticia acumula veinte meses de suba consecutiva y golpea a la clase media y baja. Las provincias del Norte y Cuyo lideran el ranking de atrasos en los pagos. Los consumidores más vulnerables recurren a prestamistas no bancarios con tasas e intereses que duplican el riesgo de default familiar.
La estabilización de las variables financieras que exhibe el Gobierno sigue sin encontrar su correlato en la economía real, donde las familias argentinas se encuentran atrapadas en un laberinto de ingresos insuficientes y un endeudamiento que no frena. Mientras en el quinto piso del Palacio de Hacienda se celebra la desaceleración de la inflación, el tejido productivo y comercial padece una crisis sectorial profunda. El consumo masivo no logra repuntar porque la radiografía de las finanzas personales muestra un deterioro estructural que ya encendió las luces de alarma.
La magnitud del atraso en los pagos alcanzó cifras críticas que evidencian el ahogo de la clase media y baja. De acuerdo con un exhaustivo informe elaborado por Eco Go y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, los números reflejan un escenario de insolvencia sostenida: “La mora consolidada total sigue creciendo: alcanzó el 17,5% del crédito a las familias, el vigésimo aumento mensual consecutivo”.
El impacto de este fenómeno sobre el volumen de dinero circulante es innegable y paraliza cualquier intento de reactivación rápida. El mismo documento advierte que “la mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados”. Detrás de estas cifras millonarias —el crédito total ascendió a 97,1 billones de pesos a junio de 2026—, el impacto social es evidente, dado que el 26,1% de los deudores ya registra al menos un saldo irregular en sus compromisos financieros.
El riesgo del crédito no bancario y el mapa de la morosidad
El panorama se vuelve aún más frágil cuando se desagrega el tipo de prestamista, lo que revela que los sectores más vulnerables están recurriendo a las opciones más caras para financiarse. El informe de Eco Go y la Universidad Austral es categórico al señalar que “el crédito no bancario concentra el deterioro”. En esa línea, el estudio detalla de manera textual: “La mora del crédito otorgado por proveedores no financieros (PNFC) es del 31,0%, más del doble que la del sistema financiero (15,2%)”.
Esta vulnerabilidad tiene, además, un mapa de calor regional muy marcado que castiga con mayor dureza a los distritos del interior del país. El relevamiento concluye que “en el mapa provincial, Tucumán, Catamarca y Formosa muestran el mayor endeudamiento (crédito sobre PBG); la mayor mora por monto la registran La Rioja, San Luis y Santa Cruz”.
Las asimetrías provinciales en el incumplimiento exponen la debilidad de las economías locales frente al ajuste nacional. Mientras que La Rioja ostenta la mora por monto más alta del país con un 24,5%, en el otro extremo se ubica La Pampa con el indicador más bajo, con apenas un 9,1%. En jurisdicciones como La Rioja, la incidencia de los proveedores no financieros de crédito alcanza un pico del 34,8% del crédito provincial, lo que explica la alta exposición al default de las familias.
Ingresos anclados y parálisis del consumo masivo
Para entender la raíz de este ahogo crediticio es necesario observar de forma complementaria la base de la pirámide de ingresos, que opera como un ancla para el mercado interno. Un informe de la Fundación Encuentro revela que “el ingreso promedio de los hogares a nivel país se ubicó en $2.800.000 mensuales netos”. Sin embargo, la estructura es brutalmente desigual: “el 78% de los hogares se ubica entre la clase media baja (C3) y la clase baja, de los cuales un 21% se encuentra por debajo de la línea de pobreza estimada”.
Esta combinación letal de sobreendeudamiento crónico y bolsillos vaciados en los sectores medios y bajos explica el corazón de la crisis sectorial que atraviesa la industria manufacturera y el comercio minorista. Las empresas que fabrican y venden para el mercado local enfrentan una demanda anémica que no reacciona ante promociones porque los consumidores tienen sus tarjetas bloqueadas por la mora o deben destinar la totalidad de sus ingresos a pagar créditos atrasados. El rojo de los hogares actúa como una barrera impenetrable para la reactivación productiva.
La postura del Gobierno y el plazo para la reactivación
Ante este escenario de asfixia en la economía real, la postura del Gobierno nacional se mantiene aferrada a su marco ideológico. En el equipo económico repiten sin matices que el sobreendeudamiento de las familias y la consecuente caída en las ventas de las pymes son, estricta y exclusivamente, “problemas de privados”. No hay en estudio planes de salvataje, no habrá moratorias impulsadas por el Estado ni existirán regulaciones forzadas hacia el sistema financiero.
A pesar de la crudeza del diagnóstico actual, en el Palacio de Hacienda aseguran tener bajo control la línea de tiempo de la crisis. Según pudo saber Perfil de fuentes del equipo económico, el Gobierno proyecta que este problema de morosidad extrema y caída del consumo se resolverá totalmente en un plazo de nueve meses. En un estricto off the record, los funcionarios afirman que el modelo saneará las cuentas de los hogares sin necesidad de inyectar gasto público.
La ecuación de la conducción económica es lineal: apuestan a que, al consolidarse la baja de la inflación y sostenerse una incipiente recuperación del salario, las familias generarán un excedente. Ese margen no irá al consumo inmediato, sino que se destinará durante estos nueve meses a salir de la morosidad. Una vez limpio el pasivo, el flujo de fondos volverá de forma orgánica a los mostradores, lo que reactivará la industria. Mientras tanto, el mensaje para el sector productivo es que deberá absorber el costo de la transición por su cuenta.
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