Varias de las principales Cámaras empresarias advirtieron este miércoles que la designación por decreto y en comisión de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por parte del Gobierno de Javier Milei en la Corte Suprema puede “opacar” los esfuerzos oficiales en materia económica, demorar la recuperación y representa un “riesgo potencial” para la seguridad jurídica, lo que puede afectar la previsibilidad y la confianza necesarias para que el sector privado invierta en el país. Además, señalaron que se “debilita la calidad de nuestras instituciones” y se contradicen los valores republicamos.
En la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) aclararon que la decisión presidencial es constitucional, pero los empresarios cuestionaron la designación “extraordinaria” y “transitoria” de los dos magistrados, y señalaron el “riesgo potencial” para el equilibrio institucional que “debe regir en una democracia”.
Criticaron los argumentos oficiales – que el Senado estaba en receso y que no aprobó los pliegos – para tomar la decisión de nombrar a Lijo y a García Mansilla. Pidieron, además, que la cámara alta tome una decisión con rapidez y señalaron que la decisión oficial erosiona la confianza de las empresas y aleja inversiones del país. “La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y crecimiento sostenido, y su debilitamiento solo contribuye a demorar la recuperación económica y social que requiere la República Argentina”, cuestionaron.
IDEA se pronunció indicando que “la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto debilita la calidad de nuestras instituciones y contradice los valores republicamos”. Pidió además “la presentación de candidatos con fundados antecedentes de probidad”, en clara referencia, aunque sin nombrarlo, a la polémica que suscita la figura de Lijo.
La Nación consultó ayer a la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio (CAC), la Asociación Empresaria Argentina sobre sus posiciones acerca de los cambios que decidió impulsar el Gobierno en la Corte. En la UIA dijeron que no habría manifestación pública al respecto. En la CAC estaban analizando una respuesta, al igual que en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham). En la Asociación Empresaria Argentina (AEA) no respondieron.
“En los últimos 13 meses, el Gobierno ha impulsado avances significativos mediante la estabilización de la política monetaria y fiscal, logrando la reducción de la inflación y la desregulación de la economía, buscando impulsar el crecimiento genuino del país, atrayendo inversiones, generando empleos de calidad, mitigando los niveles de pobreza y posicionando a la Argentina como un líder en libertad económica en la región”, estimó el comunicado de Amcham, que agrupa a las firmas estadounidenses en el país. A fines de marzo pasado, la Cámara había pedido por jueces “honestos” e “íntegros” para la Corte Suprema. Esta vez, la cámara prefirió no mencionar la idoneidad, sino cuestionar el proceso.
“Sin embargo, medidas como la designación extraordinaria y transitoria de los jueces a la Corte Suprema pueden opacar estos esfuerzos y afectar la previsibilidad que el país necesita para consolidar su crecimiento”, siguió.
“La reciente decisión del presidente Javier Milei de nombrar por decreto en comisión a dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, transitoriamente hasta el 30 de noviembre de este año, si bien tiene andamiaje legal previsto en la Constitución como un mecanismo extraordinario, representa un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional que debe regir en una república democrática”, completaron los empresarios.
Milei comunicó este martes la designación por decreto simple, en comisión, al juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema. El DNU fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde el Gobierno cuestionó al Senado y dijo que “no realizó un análisis serio y objetivo”.
Milei apeló a la vía del decreto mientras el Congreso se encuentra en receso. Las sesiones extraordinarias concluyeron el 21 de febrero y el período ordinario comenzará el 1° de marzo. De acuerdo a la Constitución, en ese interregno el Poder Ejecutivo puede nombrar jueces de la Corte en comisión, hasta “el fin de la próxima Legislatura”.
“La designación de los magistrados bajo el argumento que el Senado no aprobó los pliegos y que se encuentra en receso, no parece el camino más adecuado, a menos de una semana del inicio de las sesiones ordinarias de 2025″, siguieron cuestionando esos argumentos oficiales los empresarios norteamericanos que operan en el país. No es una crítica más: Milei tejió en los últimos meses un alineamiento total con el presidente Donald Trump. Tan significativo es el mismo que el Gobierno terminó cambiando, en medio de una polémica, su política exterior con relación a la invasión de Rusia a Ucrania.
“A esta situación se suma el desconcierto que genera la designación de jueces en comisión, quienes podrían ser removidos en cualquier momento por el Congreso. El hecho de que magistrados designados de manera transitoria ejerzan funciones en la Corte Suprema sin la validación del Senado debilita la estabilidad judicial y afecta la confianza en sus fallos, lo que podría derivar en la nulidad de sus sentencias”, agregaron las firmas estadounidenses y agregaron: “Cualquier decisión tomada por una Corte integrada de forma excepcional y temporaria quedaría expuesta a cuestionamientos sobre su validez y legalidad. Es fundamental que el Senado asuma su responsabilidad y trate los pliegos de los candidatos propuestos por el Ejecutivo, ya sea para aprobarlos o rechazarlos dentro de los plazos razonables”.
“Desde el punto de vista del clima de negocios, la imprevisibilidad institucional y la falta de reglas claras, erosionan, como nos ha ocurrido en el pasado último, la confianza de los actores económicos y alejan las inversiones necesarias para el desarrollo del país. La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y crecimiento sostenido, y su debilitamiento solo contribuye a demorar la recuperación económica y social que requiere la República Argentina”, cerraron los empresarios en la primera crítica directa del sector privado al decreto de nombramientos en la Corte.
La mirada de IDEA
El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) consideró, en un comunicado enviado ayer, que la designación por decreto en comisión a jueces de la Corte Suprema “debilita la calidad de las instituciones que forman nuestro sistema de Gobierno y contradice los valores republicanos”.
“Existiendo los procedimientos constitucionales para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, es responsabilidad de cada uno de los poderes de la República la presentación de candidatos con fundados antecedentes de probidad, así como su debate y aprobación oportuna”, escribieron los empresarios locales nucleados en IDEA.
“El principio de la división de los poderes, con sus mecanismos de controles y equilibrios, es la base de nuestro sistema democrático. Por eso esperamos que se logren los acuerdos necesarios para que el Senado pueda ser un espacio de diálogo y debate constructivo para el nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema mediante el procedimiento que establece la Constitución Nacional”, completaron aludiendo a los cambios en la Corte.
“Como representantes del sector empresario, hacemos un llamado a todos los poderes y a los representantes de todo el arco político a fortalecer la institucionalidad, condición indispensable para generar la confianza que permite atraer las inversiones, tan necesarias para el desarrollo futuro del país”, cerraron.
La Nación