Vence el plazo legal para que el Gobierno de Milei cumpla la sentencia judicial, pero el Presidente iría a la Corte y se prepara otra Marcha federal universitaria en defensa de la educación pública. El escenario de casi medio millón de personas en la calle, como hace dos años, genera zozobra en algunos despachos de la Casa Rosada. La situación no es la misma que entonces.
Se termina la cuenta regresiva y este viernes el Gobierno debe girar a las 56 universidades nacionales 2,5 billones de pesos para compensar la pérdida en salarios y gastos operativos. Así lo ordenó la Justicia en un fallo de segunda instancia hace dos semanas. El monto supera en US$750 millones el desembolso del FMI que Luis Caputo logró destrabar miércoles en su última excursión a Washington.
El Ejecutivo busca ganar tiempo y apelaría a la Corte Suprema. Las comunidad académica y los gremios piensan en dejar los paros activos -“a la japonesa”- para reeditar la convocatoria masiva de 2024, una de las más grandes desde el regreso de la democracia y la más multitudinaria que sufrió la administración de Javier Milei.
Escenario distinto
El oficialismo tiene más fuerza en el Congreso, pero el relato contra la casta está herido y el humor social en caída, según marcan las mismas encuestas que consumen en Balcarce 50. La inflación marcó su décimo mes en ascenso, la recaudación sigue cayendo y Manuel Adorni ya no da cátedra desde su atril.
“No sé de qué nos vamos a disfrazar”, razonan en el Ejecutivo sobre la fecha límite que dictaminó la sentencia de la Cámara III en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó la apelación de Capital Humano y exigió al Gobierno que implemente de inmediato la Ley de Fortalecimiento Universitario.
En la procuración del Tesoro que conduce el desplazado secretario de Justicia Sebastián Amerio – hombre de Santiago Caputo – no muestran las cartas, porque dicen que no quieren entorpecer la estrategia. Si bien Capital Humano es el área sustantiva de la causa, el patrocinio legal depende de los abogados del Estado. Así, funcionarios de alto rango se exponen a condenas penales por incumplimientos de sus deberes.
Sin chances
Recurrir a la Corte Suprema es el último paso que le queda al Gobierno, pero la suerte ya está echada. El máximo tribunal solo falla sobre cuestiones de fondo y no sobre cautelares. Cualquier otra solución representaría un cambio de paradigma. El recurso solo serviría para ganar tiempo.
En el Ministerio de Economía tampoco respondieron la consulta de Clarín sobre un eventual pago a las Universidades para cumplir con la ley que el Presidente vetó y el Congreso sostuvo el año pasado en dos oportunidades. El legislativo ratificó la norma cuando hizo caer el veto y luego, cundo sacó el capítulo once de la Ley de Presupuesto 2026 que escondía la derogación de la norma..
Tras el paro de 72 horas de los médicos del PAMI, donde los prestadores reclaman $500 mil millones, el Palacio de Hacienda ordenó transferir $150 mil millones, menos de la mitad del total. Las Universidades no tuvieron la misma suerte. En algunas oficinas citan a Milei para explicar el desenlace. “No hay plata”.
A principios de año, el subsecretario de políticas universitaria Alejandro Alvarez y el secretario de Educación Carlos Torrendell se reunieron en Casa Rosada con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para hablar de una nueva ley que reemplazara a la vigente.
En el oficialismo confiaban entonces en conseguir los votos en el Palacio Legislativo e impulsar un proyecto que no golpeara con tanta fuerza el equilibrio fiscal, cada vez más acorralado por la caída de la recaudación.
Finalmente se impuso la idea de demorar la iniciativa y apostar a que la designación de Juan Mahiques como ministro de Justicia podía ayudar a obtener una sentencia favorable en los tribunales.
En las tribus del oficialismo hoy prefieren no señalarse por la estrategia, aunque cada vez son más los que reconocen una mala praxis política que permitió que el tema volviera a escalar.
El fallo adverso en segunda instancia y la negativa del Ejecutivo a pagar complica la negociación legislativa justo cuando la Rosada -tras la sanción de la ley de Glaciares- buscaba retomar la iniciativa política y acumular triunfos que le sirvieran para controlar la agenda.
“La ventana que había ahora se cerró. Hay que ver cuándo se vuelve a abrir y cuáles son las condiciones”, señala un negociador del oficialismo, que apuesta que el costo para el Tesoro será más mayor que la opción conversada en el verano, cuando al oficialismo le duraba el envión del último triunfo electoral y las victorias en el Congreso.
En el gabinete, ministros de peso mantienen la idea de insistir con una nueva ley que tenga menos impacto fiscal. Señalan que es necesario esperar que la UBA termine antes con sus elecciones internas.
La semana que viene se completarán los comicios de los estudiantes – los más combativos – pero seguirán, más adelante, los de graduados, profesores y decanos que culminará con la asamblea que definirá al nuevo rector.
“No se puede supeditar la negociación con 56 Universidades a la UBA. No creo que el Gobierno esté siguiendo esa agenda. Tenemos definiciones todo el año”, consignan universitarios que vuelven a hablar de una protesta masiva con el objetivo de presionar a la Rosada.
Clarín