El gremio de Trabajadores Viales que encabeza Graciela Aleñá acusó al Presidente Javier Milei y a funcionarios de presunta administración fraudulenta y desvío de recursos previsionales de la seguridad social hacia el ámbito financiero, puntualmente a la Comisión Nacional de Valores.
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA), representado por su Secretaria General, Graciela Aleñá, con el patrocinio letrado del Dr. Eduardo S. Barcesat, llevó adelante una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), registrada bajo el Nº 204/2026, contra el presidente Javier Milei y funcionarios de su gobierno, por el presunto manejo irregular de fondos de la seguridad social.
La presentación solicita la investigación de posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal), en concurso con administración fraudulenta (artículo 174, inciso 5º), vinculados a la presunta apropiación de fondos de la seguridad social para su inversión en el ámbito privado.
Según se expone en la denuncia, dichos fondos habrían sido canalizados hacia instrumentos bajo control de la Comisión Nacional de Valores, organismo ajeno al sistema de seguridad social y al régimen solidario de reparto que sostiene las jubilaciones de los trabajadores en relación de dependencia. Desde el sindicato advirtieron que esta situación representa un retroceso hacia esquemas similares a los implementados durante el régimen de las AFJP, que generaron perjuicios económicos a los trabajadores y beneficios para entidades financieras.
Cabe destacar que, la acción penal también alcanza a funcionarios del ámbito político y administrativo que participaron en la elaboración del proyecto de ley de “modernización laboral”, así como a legisladores nacionales que votaron a favor de la sanción de la Ley Nº 27.802.
En ese sentido, en el escrito, se señala además la presunta vulneración de principios constitucionales fundamentales, en particular el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social. Asimismo, se invocan tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen la protección de los derechos laborales bajo los principios de dignidad, progresividad y no regresión.
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