Tras el duro cachetazo legislativo propinado por Diputados con la insistencia en las leyes de financiamiento universitario y de apoyo al Hospital Garrahan, el Senado se apresta este jueves a asestarle una nueva derrota al gobierno de Javier Milei con el rechazo al veto a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a coparticipar de manera automática con las provincias los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La sesión está convocada para las 11 y la insistencia en la norma vetada el jueves de la semana pasada por Milei es la estrella principal de un temario que incluye, además, un paquete de iniciativas de perfil social, como el agravamiento de penas por muertes en accidentes de tránsito y un mecanismo de control de la profesión médica para prevenir casos de mala praxis.
Impulsado por los gobernadores, molestos por promesas incumplidas y el permanente retaceo de fondos de la Casa Rosada, el proyecto de distribución de los ATN fue aprobado por el Senado el 10 de julio pasado por amplia mayoría (57 votos a favor y tan sólo no en contra). A fines de agosto, la Cámara de Diputados lo convirtió en ley.
Si bien aquella votación en la Cámara alta quedó desvirtuada por la ausencia de la totalidad de la bancada libertaria, en rechazo a la validez de la sesión, y de algunos senadores de la UCR y de Pro, los números parecen favorecer a la oposición que pretende enfrentar la decisión adoptada por el jefe del Estado.
Sin embargo, el reciente acercamiento del gobierno libertario a varios mandatarios provinciales, acelerado por la derrota electoral del pasado 7 de septiembre en suelo bonaerense, podría dar lugar a la suspicacia y generar expectativa en torno a la posibilidad de que el Gobierno consiga blindar el veto en el Senado.
Para lograrlo, tendrá que conseguir que al menos una decena de los senadores que votaron la iniciativa en julio último se ausenten o cambien de parecer para, de esa manera, evitar que la oposición reúna la mayoría agravada de los dos tercios de los presentes que exige la Constitución para insistir en la sanción de una ley vetada por el Poder Ejecutivo.
En los despachos opositores se muestran confiados en que están los votos, que el frente de los gobernadores sigue firme y sin fisuras detrás de la posibilidad de quitarle al Gobierno el manejo discrecional de los ATN. No obstante, también reconocen que los últimos movimientos de la Casa Rosada para seducir mandatarios provinciales encendieron algunas alertas.
Las miradas están puestas en los senadores que responden a tres mandatarios que en las últimas horas se han visto beneficiados con envíos de fondos por parte del Poder Ejecutivo. Son los casos de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que fueron beneficiados con envíos de ATN por casi $ 10.000 millones ordenados por el ministro del Interior, Lisandro Catalán.
Esos tres distritos aportaron cinco de los 57 votos que permitieron aprobar la ley de reparto de ATN y todos se preguntan cómo actuarán ahora. También generan dudas las dos senadoras por Chubut que responden al gobernador Ignacio Torres y que apoyaron el proyecto. El mandatario, uno de los impulsores del grupo Provincias Unidas, firmó la semana pasada un convenio con la Casa Rosada, lo que algunos leyeron como un gesto que le habría puesto fin, al menos por el momento, a le rebeldía del patagónico.
Sin embargo, desde la Cámara de Diputados llegaron señales que animaron a la oposición, ya que muchos de los diputados de las provincias que reanudaron relaciones en los últimos días con la administración Milei mantuvieron su voto e insistieron en las leyes de universidades y de apoyo al Hospital Garrahan.
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Si bien la insistencia en la ley de coparticipación de los ATN es el plato fuerte, la sesión se completará con una batería de proyectos que contaban con dictamen desde hace varios meses y que los bloques se pusieron de acuerdo para aprobar antes de que al Congreso quede atrapado por la habitual parálisis previa a cualquier elección nacional.
El único proyecto con posibilidades de ser sancionado es la denominada “Ley Nicolás”, iniciativa que establece una serie de mecanismos para la profesión médica, a partir de la realización periódica de exámenes, con el fin de evitar casos de mala praxis. La idea surgió a raíz del caso de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que murió como consecuencia de una meningitis bacteriana que no fue detectada a tiempo por los profesionales que lo atendieron.
El temario también incluye una modificación del Código Penal para agravar las penas para los casos de muertes como consecuencia de conducción negligente, ya sea por consumo de alcohol o de estupefacientes; la creación de un programa de detección temprana de la atrofia muscular en recién nacidos y la regulación de la Alerta Sofía para casos de desaparición de menores. Este último sistema exista ye, pero por decreto del Poder Ejecutivo; ahora lo quieren hacer por ley.
La Nación