Con un valor de $322.200 brutos, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) no solo se ubica por debajo de los $390.277,17 que perciben los jubilados con haber mínimo y bono, sino que además acumula una caída histórica que lo deja en el nivel real más bajo en décadas.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) atraviesa una crisis inédita. Actualmente fijado en $322.200 brutos, se encuentra por debajo del ingreso de los jubilados que cobran la mínima más el bono, que asciende a $390.277,17. Esto genera un desajuste normativo: la garantía de que los haberes jubilatorios deben equivaler al 82% del SMVM queda sin efecto, ya que hoy ocurre lo contrario.
Según datos del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), en lo que va de la gestión de Javier Milei el poder adquisitivo del salario mínimo se desplomó alrededor de un 30%. El deterioro se profundiza al comparar con períodos anteriores: el SMVM es 43,4% más bajo que en noviembre de 2019 y 56,7% inferior al de 2015.
El informe señala que, si no hubiese perdido capacidad de compra durante la última década, hoy superaría los $740.000. En cambio, representa apenas una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado.
La situación impacta de manera directa en los trabajadores mensualizados o jornalizados que cobran menos del piso salarial, y de forma indirecta en el 40% de asalariados que se desempeñan en la informalidad. Además, los acuerdos del Consejo del Salario terminaron sin consenso y las actualizaciones fueron definidas por la Secretaría de Trabajo, con subas alineadas a la propuesta empresarial, insuficientes para compensar la devaluación y la inflación.
La comparación con la línea de pobreza expone aún más la gravedad: en julio, una familia tipo necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir la canasta básica.
De este modo, el SMVM dejó de cumplir las funciones que establece la Ley de Contrato de Trabajo: garantizar alimentación, vivienda, salud, educación y un piso de dignidad. Por el contrario, su valor actual se ubica incluso por debajo del que regía durante la crisis de 2001 y gran parte de la década de 1990, cuando la herramienta había sido abandonada como política para reducir desigualdades.
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