“El pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. La máxima de Juan Perón circuló por estos días entre los distintos actores que están articulando el reclamo universitario contra la gestión de Javier Milei. La frase revela el desafío que tiene para encauzar el conflicto el inédito frente que armaron los rectores, los gremios de trabajadores y los estudiantes. Son quienes capitanean una protesta que por momentos se ve desbordada por las bases –a la luz de las asambleas, tomas y clases públicas en facultades de todo el país– y que parece estar en vías de profundización por la intransigencia del Gobierno. Para toda la semana próxima está en agenda un paro docente, además de movilizaciones y clases públicas, y ya hay tratativas para una nueva jornada de marcha federal en noviembre.
La vigencia del conflicto universitario se explica en parte en la propia trama de la alianza interclaustros, que tiene todos los condimentos políticos. Es una mesa que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (el CIN, el órgano que reúne a los rectores), los sindicatos de docentes y no-docentes, y las agrupaciones estudiantiles que van desde la histórica Franja Morada (que conduce la Federación Universitaria Argentina, FUA) al peronismo-kirchnerismo y la izquierda en sus distintas expresiones.
La heterogeneidad del espacio obliga a sus actores a la permanente rosca política –en la mejor acepción del término– para evitar que el Gobierno genere una cuña que pueda dividirlos. Hay mucho de ceder intereses particulares en pos de la causa común entre claustros que tienen diferencias históricas por antonomasia. Hasta ahora el último movimiento oficial no hizo más que abroquelarlos, ya que el blindaje del veto a la Ley de Financiamiento Universitario contemplaba medidas de reparación para los tres sectores –salarios, becas y gastos de funcionamiento–.
El frente está unificado pero no tiene una única conducción ni un funcionamiento formal. Suele tener reuniones periódicas, pero también hay mucha conversación bilateral entre sus patas, sobre todo entre los gremios y los estudiantes, históricamente aliados como en 2018 o 2001. La última reunión tripartita fue el martes pasado y allí se discutió un plan para continuar la protesta, pero no se definió puntualmente una nueva acción en conjunto, que por ahora está en pasos preliminares. Sí se coordinó la marcha de las velas del día siguiente hacia el Palacio Pizzurno y se plantearon propuestas futuras para visibilizar el debate. Desde este miércoles habrá clases públicas semanales frente al Congreso mientras los diputados tratan el Presupuesto 2025.
“El frente universitario es inédito porque el ataque a la universidad es por todos los flancos”, explicó Francisca “Paquita” Staiti, de la Conadu Histórica, sobre la necesidad que tienen para articular el conflicto con múltiples intereses: “Las responsabilidades que tenemos los actores son distintas y amalgamar nuestras diferencias es un desafío, pero venimos caminando con bastante éxito. Las tensiones están, pero no son lo suficientemente profundas para que el frente colapse”, señaló.
“Hay mucha unidad porque hay mucha intransigencia del Gobierno. Eso generó que todas nuestras diferencias quedaran en un segundo plano”, coincidió Nehuen Corbeletto, coordinador de la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista (CEPA). “Hoy hay un repudio generalizado al veto que empalma con la defensa de la universidad pública. Es un frente muy variado y de acá salieron las jornadas del 23 de abril y del 2 de octubre. Milei genera que objetivamente tengamos que juntarnos”, apuntó.
Quién es quién en la lucha universitaria
De los tres actores que tienen el frente sindical, la participación del claustro de los rectores es clave porque es el canal de diálogo más institucional con el Gobierno. Hoy esa comunicación está congelada. Las autoridades le transmitieron a los gremios y estudiantes el martes que hasta ahora no hubo ni un atisbo de llamado al diálogo por parte de la Casa Rosada.
El CIN está dominado por el radicalismo, en línea con la tradición universitaria, aunque la apertura de unidades académicas en el conurbano durante el kirchnerismo hizo un contrabalance. En el país existen 61 casas de altos estudios con gestión estatal. Actualmente el claustro está presidido por Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis, de extracción reformista radical. Su segundo es Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y quien fue el secretario de Política Universitaria del Frente de Todos de Milei. El pulso lo marca la Franja Morada a partir de las figuras de Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, y Pablo Domenichini, rector de la Universidad de Guillermo Brown y quien encabezó recientemente una lista en la interna de la UCR bonaerense. Son parte de la estructura del senador Martín Lousteau.
El reclamo puntual del CIN al Gobierno tiene que ver con los gastos de funcionamiento de las universidades, tanto de mantenimiento como de salarios, el ítem que se lleva casi toda la torta. Por eso está puesto el foco en el Presupuesto del año que viene: mientras que los rectores estimaron necesitar $7,2 billones en 2025, el proyecto mileísta establece $3,8 billones, es decir casi la mitad.
Los trabajadores están representados en el conflicto en lo que se llama Frente Gremial. Está compuesto por los sindicatos de docentes y no-docentes, con diferentes pesos relativos. La Conadu Histórica es la federación de gremios docentes con mayor injerencia, vinculada a la CTA de Hugo “Cachorro” Godoy. Además de “Paquita” Staiti, otra de las voces cantantes es Luis Tiscornia, que fue el anterior secretario general.
Detrás aparece la Conadu, referenciada en la CTA de Hugo Yasky, con un perfil más kirchnerista. También juegan la Federación de Docentes de las Universidades (Fedum), que forma parte de la CGT, y la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Ctera, por los pre-universitarios. Por último está el gremio de no-docentes Fatum, que son peronistas integrados a la CGT.
El universo de los trabajadores alcanza a unas 200.000 personas, siendo los docentes aproximadamente unos 150 mil. Su reclamo principal es la pérdida del poder adquisitivo del salario ante la inflación. La Ley de Financiamiento les garantizaba una recuperación significativa para lo que fue el 2024 y también un piso alto para el año que viene. Ante el veto, rechazaron el aumento del 6,8% que anunció Capital Humano el día antes que se blinde la medida presidencial, junto con la decisión de activar la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas. No existe hoy una mesa paritaria.
El claustro estudiantil es el más heterogéneo a nivel político porque la histórica presencia de la Franja Morada en facultades de todas las universidades tiene como desafío cierta unidad de las agrupaciones peronistas-kirchneristas. Además es conocida la intensa militancia trotskista, que motivó muchas de las asambleas y tomas. La FUA está dirigida por Piera Fernández de Piccoli, de la agrupación radical. Y tienen una presencia menor el Movimiento Nacional Reformista (MNR) –brazo del Partido Socialista– y el Frente de Izquierda, más algunas agrupaciones más chicas del peronismo.
Por fuera de la FUA actúa el frente Malvinas Argentinas, que abraza a un sinfín de agrupaciones alineadas a lo que en la política formal es Unión por la Patria: la Juventud Peronista, La Cámpora, el PCR, Miles. Fuentes al tanto de la realidad estudiantil explican que la importancia del frente peronista es tal que si bien está fuera de la FUA, es parte de la mesa tripartita con los rectores y trabajadores. Entre la Franja Morada y la versión estudiantil de UP estaría el 80% de los centros de estudiantes, mientras el resto son de agrupaciones ligadas a la izquierda –FIT o Nuevo Más, por caso– o independientes. En las universidades estatales hay 2.065.115 estudiantes, según la última estadística oficial de 2023.
Un conflicto multifacético
Si bien la toma de las facultades es la acción que tuvo más repercusión mediática, el conflicto tiene muchas facetas. Las tomas o vigilias conviven con clases públicas callejeras o en espacios abiertos de los campus. A su vez, las asambleas de alumnos han sobrepasado el posicionamiento de los propios centros de estudiantes, como por ejemplo Derecho en la UBA, donde autoconvocados de izquierda decidieron la toma por fuera del juego de la conducción de la Franja Morada.
El estado asambleario también tiene como desafío la democratización de la discusión y la porosidad de sus propios límites. En Rosario hubo un acalorado debate entre alumnos referenciados con la izquierda y con Milei –que no querían la toma–. Pero en Quilmes la situación tomó un cariz más violento: el lunes miembros de la juventud de La Libertad Avanza, que no eran alumnos, buscaron boicotear una asamblea y fueron expulsados. Entonces uno de los mileístas lanzó gas pimient: se trataba –como reveló elDiarioAR– de Tomás Fernando “Varela” Nierenberger, un militante de Gobierno que ya estuvo en otras provocaciones oficialistas.
También es un fenómeno en sí mismo la multiplicidad de los focos de acciones, cristalizando el carácter federal que tiene la universidad pública argentina. Es una escala que hace que las acciones particulares en cada facultad o universidad, por más que haya un reclamo macro, sean locales y hasta que se superpongan entre sí. Así es como hay una integración de las clases con las tomas, y una sinergía con los paros. En ese marco se entiende que el miércoles ocurrieron al mismo momento la marcha de las velas en Capital Federal y una movilización a la General Paz por parte de la Universidad de San Martín (Unsam), en el conurbano bonaerense.
En otros puntos del país la dinámica de lucha tiene que convivir con un aparato estatal al servicio del Gobierno. El jueves hubo una importante marcha en San Miguel de Tucumán, un día después de que la policía local levantara por la fuerza una clase pública callejera. Una represión similar ocurrió en Mendoza, donde la policía custodió fuertemente una clase que se hizo sobre la peatonal céntrica de la capital. Tucumán y Mendoza son dos provincias gobernadas por aliados de Milei: el peronista Osvaldo Jaldo y el radical Alfredo Cornejo. En la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) en Caleta Olivia, Santa Cruz, hubo un fuerte repudio a la intervención de la policía en el edificio.
“La lucha es general pero también fragmentada porque cada provincia tiene una dinámica particular”, reconoció Corbeletto, que habló con elDiarioAR desde Jujuy adonde viajó para seguir la protesta allí. “Lo que pasa en la UBA le da mucha visibilidad al conflicto, pero la realidad es que en todas las provincias hay situaciones que son importante tener en cuenta”, planteó Staiti, que es de la Universidad de Cuyo.
Ese rompecabezas explica la variedad e intensificación de las acciones de lucha para los próximos días. La Conadu Histórica lanzó un paro para toda la semana que viene, mientras los no-docentes harán una huelga el lunes y martes, junto con actividades de visibilización. Para el martes los docentes de la UBA convocan a clases públicas de 10 a 18 en Plaza de Mayo. Ese día los universitarios se plegarán a una protesta de la salud pública, que marchará del Congreso a Casa Rosada desde las 13.30. El miércoles al mediodía se iniciarán las clases públicas semanales frente al Congreso.
Para la semana siguiente está en discusión plegarse al paro del 30 de octubre convocado por todas las ramas del transporte. Y hacia principios de noviembre está en tratativas una tercera marcha federal, con la particularidad de que podría ser escalonada en las fechas y por regiones. Hay un desafío en el frente universitario que es la finalización del calendario educativo en diciembre, fecha a la que también apuesta el Gobierno para que el reclamo se desinfle por sí mismo. Por ahora, como vaticinó Staiti, “la pelea por la universidad pública es una lucha de largo aliento”.
Fuente: El DiarioAR