El procurador interino Eduardo Casal aprovechó la crisis en la que está sumergido Mariano Cúneo Libarona para contraatacar. El jefe de los fiscales responsabilizó al ministro de Justicia por la falta de recursos para implementar un cambio de sistema en los tribunales de Comodoro Py, que implicaría que los jueces pierdan la conducción de las investigaciones, y deslizó que solo hubo coordinación para sacarse fotos en actos protocolares. Cúneo Libarona viene de capa caída después de que se conoció una grabación en la que se lo veía ofreciéndole leyes a medida y acceso a jueces y periodistas a un exagente de inteligencia de los Estados Unidos, que enfrenta acusaciones por abuso sexual.
El Gobierno de Javier Milei –atravesado por sus internas– no logra encontrar el tono para apaciguar el escándalo que generó la divulgación del video del encuentro entre Cúneo Libarona y Timothy Ballard, obtenido por el canal de noticias C5N.
Patricia Bullrich tampoco parece del todo dispuesta a dejarle pasar a Cúneo Libarona su promesa de subsanar el “malentendido” que se había generado. Es que la ministra había bloqueado un encuentro entre Ballard y Milei, y había acusado al exagente de ser un “abusador” con 23 causas en su contra.
“Yo ya le avisé y creo que quedó todo clarito”, dijo la ministra en una entrevista con Radio La Red. “Está claro que es una persona que no tiene los mejores antecedentes”, añadió Bullrich en alusión a Ballard, a quien acusó de ser algo parecido a un “cazarecompensas”.
“Yo ya hablé con Mariano. Él ya entendió. Así va a quedar”, continuó Bullrich, buscando mostrar su control sobre sus colegas del Gabinete. Aunque no fue demasiado elogiosa sobre la labor del ministro de Justicia. “Puede pasar que alguien no tenga ni idea de que otro ministro habló del tema”, deslizó con algo de malicia.
En los últimos días, Cúneo Libarona acumuló pedidos de juicio político y denuncias penales. Una de estas, como anticipó Página/12, fue presentada por referentes de organismos de derechos humanos. Esa presentación quedó radicada en el Juzgado Federal 12, que subroga Julián Ercolini. Hay una denuncia anterior, presentada por la Fundación La Alameda, que estaba en el Juzgado Federal 9, donde subroga Sebastián Ramos. Todo indica que ambas se acumularán.
En Comodoro Py siguen con atención la situación del ministro de Justicia. El viernes de la semana pasada, Cúneo Libarona había anunciado a través de un comunicado que postergaba la implementación del sistema acusatorio en esos tribunales. La puesta en marcha estaba prevista para el 11 de agosto. Fiscales, jueces, gremios y asociaciones de magistrados ya le habían dicho que no había forma de implementar un cambio mayor sin recursos. Como contó un juez con influencia en los tribunales, muchos veían que el sistema acusatorio era la tabla a la que se aferraba Cúneo Libarona para continuar en el cargo.
La venganza de Casal
Una semana después del comunicado, Casal decidió responderle al ministro a través de una extensa nota en la que hablaba de las marcadas carencias estructurales por las que atraviesa el Ministerio Público Fiscal. Le recordó que, para la puesta en marcha, se necesitaba un trabajo coordinado, pero las mesas de coordinación se habían interrumpido hacía meses. Sostuvo que el comité interinstitucional solo funcionaba para los lanzamientos del sistema acusatorio en las distintas jurisdicciones. En otras palabras, Cúneo Libarona se acordaba de este tema cuando tenía que posar para la foto.
El ministro había generado un profundo malestar entre los funcionarios del MPF cuando escribió que existía “falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción”. Casal le contestó que lo que necesitaban eran herramientas y que estaba haciendo una “equívoca conclusión”.
En la Procuración vienen señalando que faltan recursos. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene 71 jueces y 1532 funcionarios entre Comodoro Py y el fuero penal económico mientras que el Ministerio Público Fiscal tiene 40 fiscales y 569 funcionarios. Por eso, Casal pide que se conforme una mesa de trabajo con el Poder Judicial para evaluar el traspaso de personal. En esa propuesta trabaja también la Asociación de Magistrados.
En su nota, Casal le recordó a Cúneo Libarona que va a necesitar los cuerpos periciales que actualmente tiene el Poder Judicial, como el Cuerpo Médico Forense (CMF) o la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) –más conocida como la oficina de escuchas. En estos casos, Casal pide el traspaso de los peritos y las correspondientes partidas presupuestarias.
Las escuchas estaban en poder de la Procuración porque era lógico que estuvieran bajo control de los fiscales si se estaba avanzando hacia la implementación del sistema acusatorio. Así había quedado establecido cuando una reforma promovida por Cristina Fernández de Kirchner las sacó de la órbita de la Secretaría de Inteligencia (SI) – Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Sin embargo, Mauricio Macri, en su afán por minar la influencia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, decidió que pasaran a depender de la Corte Suprema.
En otro apartado de la nota, Casal le agradeció la buena voluntad a Cúneo Libarona sobre la adquisición de algunos programas para hacer investigaciones, como el UFED –que permite extraer la información de celulares o computadoras– o el Pathfinder. Sin embargo, recordó que no les dieron las licencias ni les proveyeron las computadoras potenciadas para usarlos.
La polémica por la exESMA
Como “no hay plata”, Cúneo Libarona decidió que uno de los edificios del Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fuera destinado a los fiscales en el marco de la aplicación del sistema acusatorio. El edificio, según publicó este diario, no tiene final de obra.
La Procuración le hizo notar al ministro que, al día de la fecha, no había realizado tampoco las adaptaciones necesarias para su funcionamiento. Sin embargo, Casal abrió una puerta. Dijo que si el Ministerio de Justicia hace las reformas necesarias, él podría disponer que se muden algunas dependencias como la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y las unidades que intervienen en causas de lesa humanidad.
El directorio de organismos de derechos humanos que co-gestiona la ESMA no había puesto reparos a la mudanza del MPF, siempre y cuando no implicara, por ejemplo, el traslado de personas detenidas. Hubo, sí, presentaciones ante la justicia para pedir que frenara este intento por parte de la querella Kaos y de la legisladora porteña Victoria Montenegro.
Página/12