El escritor y periodista Mempo Giardinelli aborda la situación de la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, a quien las autoridades del INTA intentan exonerar por participar en la investigación que corroboró la presencia de glifosato en el cuerpo de más del 86% de los argentinos y argentinas.
Por Mempo Giardinelli
Hace unos 10 o 15 años, este columnista era duramente criticado desde algunas representaciones del mundo de la producción, por alertar acerca del peligro que significaba el corrimiento –ya entonces descontrolado– de la frontera de la soja y del uso intensivo e irresponsable de diversos pesticidas.
La ambición desmedida y la estupidez (casi no hay una sin la otra) criticaban a este y otros escribas por no ser “especialistas” ni tener más autoridad que la del sentido común y el amor a la naturaleza.
Quien firma recuerda vivamente la sensación de impotencia y frustración que inundaba a muchos cuando algunos “ruralistas” ––generalmente desde flamantes 4×4 sin barro ni polvo visible–– acusaban a los “ambientalistas” (las comillas son irónicas) con argumentos cretinos, egoístas y antihumanos, incluso, porque esa clase de tipos ama mucho más a sus caballos que a la tierra que pisan y con la que amasan fortunas.
Este columnista escribe lo anterior imaginando el dolor que estará sufriendo ahora mismo Virginia Aparicio, la científica argentina trabajadora en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que la semana pasada reveló que el 86,1% de los argentinos y argentinas, o sea, casi 40 millones de personas que habitan este país todavía nuestro, tienen en su cuerpo glifosato, que es el pesticida más usado en la agricultura a gran escala en toda la Argentina, siendo que es sin dudas uno de los más peligrosos venenos para la vida humana.
Considerada una de las más competentes investigadoras de agrotóxicos de nuestro país, Aparicio reveló además que el herbicida se encontró en el 100% de la materia fecal de los bonaerenses.
Y por si todo esto fuera poco, además se detectaron entre 10 y 28 plaguicidas en aguas superficiales, entre 6 y 22 plaguicidas en alimentos, y un alto rango de 43 a 86 plaguicidas en polvos del hogar. Resultados todos que ubican a la Argentina como el país con mayor cantidad de plaguicidas en personas y medio ambiente.
Veterana y experta investigadora, con más de 20 años de experiencia en la materia, Aparicio participó hace relativamente poco –y con el aval del INTA– en un proyecto financiado por la Unión Europea, llamado Sprint, y cuyo objetivo fue, precisamente, analizar el impacto de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, y estudio del que participaron varios países europeos además de la Argentina.
Pero lo más grave que esta nota debe subrayar es que el INTA –seguramente presionado por intereses rurales corporativos– suspendió la difusión y se dio de baja del proyecto, no obstante lo cual al cierre de esta nota continúa figurando como socio en la página oficial.
Lo que espanta de todo esto es también la persecusión indisimulada en momentos en que la distribución de los plaguicidas es tan masiva que sería necesario –y urgente– reducir la dependencia química en el sistema productivo y es importante hacerlo ya.
Lejos de tomar cartas en el asunto, las instituciones que deberían respaldar a la investigadora Aparicio y operar con las evidencias que presentan sus investigaciones, lo que parecen querer es sancionarla.
Y no de cualquier manera sino con un castigo extremo. Así el Consejo Directivo del INTA, al cierre de esta nota y azuzado por lobbistas de corporaciones empresariales, pretendería, primero, que no se den a conocer los resultados de las investigaciones internacionales en las que participó Aparicio y, segundo, inhabilitarla para toda función pública. La popular frase “maten al mensajero” nunca tuvo mejor posible aplicación.
Lo cierto es que la persecución que viven hoy cientos de científicos de todo el país, así como la pauperización de sus salarios, el vaciamiento de las grandes instituciones que prestigiaron la vida académica y productiva de la Argentina, es el daño más enorme que Milei está infligiendo al futuro de la Nación.
Se vacían los laboratorios, se reactiva la fuga de cerebros, se quedan sin futuro las escuelas técnicas y se desfinancian las universidades. Todo y más se liquida justo cuando más necesitamos de todo eso. Mayor perversidad no se consigue.
Y para colmo ahora viene el fenomeno de El Niño, ya anunciado en todo el mundo y entre nosotros aquí en ascuas, en el Chaco como en todo el Norte de la Provincia de Santa Fe y en otras geografías vecinas. El Niño es desobediente por naturaleza y se hace malísimo y nos encuentra ahora mismo casi sin Servicio Meteorológico Nacional, cada vez menos ingenieros de infraestructura que den certeza a ciudadanos de a pie e informen a las poblaciones debidamente y a tiempo sobre el estado de las defensas alrededor de ciudades y pueblos, o del estado de saturación de los suelos.
Al cierre de esta nota subrayo el mensaje adolorido de Daniela Villar, Ministra de Ambiente bonaerense, quien dice que “duele que las actuales autoridades del INTA, bajo un gobierno que niega la crisis climática y condena a la ciencia, quieran exonerar a una científica por hacer su trabajo. Tienen que dar marcha atrás de manera urgente”.
Página/12