A pocos días de lo que se espera será el mayor acto de masas para repudiar al golpe del 24 de marzo de 1976, una hija de desaparecidos fue atacada en su domicilio, la editorial Marea, que publica libros sobre derechos humanos sufrió la embestida brutal de 800 mensajes de odio y Estela de Carlotto denunció que su teléfono estaba intervenido. La defensora de la dictadura, Victoria Villarruel, apareció en una entrevista y el gobierno prepara un video con la tesis de los amigos de los genocidas: “Hubo una guerra donde se produjeron excesos”.
Durante la semana que pasó circuló la versión de tanteos del gobierno en el ámbito judicial para indultar a los genocidas. Pero antes de que la versión se extendiera, la Cámara de Casación advirtió que, por ley, los delitos de lesa humanidad no se pueden indultar.
Aunque no haya indulto, la intención oficial quedó en evidencia. Fue también la confirmación de que este gobierno, además de coincidir con la dictadura en su propuesta económica, también comparte el sesgo autoritario del golpismo, al justificarlo y querer perdonarlo.
El negacionismo y la idea de la “justicia tuerta” surgieron de la imposibilidad de negar las aberraciones cometidas por los represores durante la dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976. A esta altura son inocultables e indefendibles los secuestros, la tortura, la violación a mujeres indefensas, el botín de guerra que se sacaba a los prisioneros, la apropiación de sus hijos y el lanzamiento de personas vivas desde aviones, como parte de un plan sistemático.
No pueden decir que eso no existió. Entonces discuten la cantidad, si nueve mil o 30 mil, cuando en realidad, el horror y la responsabilidad por esos crímenes no varía por su cantidad. Un militar que se rebajó a torturar o a violar a una prisionera en la mesa de tortura tendría que ser una vergüenza para sus camaradas. El secuestro y el asesinato sin juicio no pueden ser aceptados por la sociedad. La apropiación de los hijos de los prisioneros que después serían desaparecidos constituyó un acto repugnante, que debería ser repudiado por los militares que no lo hicieron.
Y si querían juzgar a sus enemigos, deberían haberlo hecho en vez de asesinarlos y desaparecerlos sin darles el derecho a un juicio justo. Porque, a diferencia de lo que hicieron los genocidas, sus enemigos eran civiles que no actuaban usurpando el Estado y, por lo tanto, cualquier cosa que quieran juzgar ahora ya está prescripta para la ley. Los que no prescriben son los delitos cometidos desde el poder político, ya sea una dictadura o un gobierno surgido de elecciones. Está planteado así porque es claro que –mientras no cambie– el poder protegerá a los delincuentes y por lo tanto no hay plazos de prescripción.
Ellos secuestraron, torturaron y desaparecieron sin juzgar a nadie, por lo cual ahora los juzgados son ellos. Pero como ahora son juzgados por esos crímenes y sus enemigos no, porque la mayoría está desaparecida y porque cualquier delito que hubieran cometido estaría prescripto, hablan de “justicia tuerta”.
Y tampoco hubo guerra, como siempre negaron los mismos golpistas cuando estaban en el poder. Hubo represión. La dictadura nunca aceptó que hubiera una guerra.
Ninguna democracia sana se podía fundar sobre la base de ese horror. Ninguna democracia se podía fundar sobre la base del terror que había instalado en la sociedad ese horror de la dictadura. No era tan difícil comprenderlo. Si se quería sentar bases para una democracia duradera había que repudiar y juzgar esos delitos. Con sus limitaciones, con los obstáculos que surgieron, esa fue la razón de los juicios y de la fuerza que tomó la lucha contra la impunidad que habían comenzado las Madres durante la dictadura.
En todo hay política. Las aberraciones cometidas por los genocidas han sido tan probadas y tan claras, que lo politiquero es negarlas, como hacen Javier Milei, Victoria Villarruel y sus cortesanos. Un gobierno democrático no puede justificar que en supuesta defensa de la democracia se cometan esos delitos, como hace este gobierno, porque esa democracia tendrá pies de barro.
En ese sentido, el hecho simbólico de los actos del 24 de marzo, va más allá de los partidos políticos, e incluso de los organismos de derechos humanos, para abarcar a cualquier ciudadano que aspire a vivir en paz y en democracia, con diferencias de pensamiento y hasta con los problemas y los conflictos que deben ser resueltos en ese marco de convivencia.
El pasado llena de significados al presente. No es mirar hacia atrás o quedarse en el tiempo. Porque un gobierno que justifica el terrorismo de Estado en supuesta defensa de la democracia, minimizará el intento de asesinato de Cristina Kirchner, minimizará el ataque a una militante de HIJOS y la revictimizará al decir que es un invento. Es un gobierno que siembra la semilla de la dictadura y la violencia.
El paralelismo entre las políticas económicas de este gobierno y el de la dictadura colaboran en la confluencia de todos los que las repudian. El acto del 24 repudiará el golpismo y el autoritarismo del pasado y del presente y las políticas de ajuste y hambre del pasado y el presente.
El problema más grave en este momento, incluso más que el autoritarismo manifiesto, son los resultados de las medidas económicas que han empobrecido a las clases medias y a millones de pobres los llevó a condiciones inhumanas. El problema más grave es que la inflación se duplicó con este gobierno, que ahogó a las provincias y que está destruyendo la salud y la educación públicas.
Para el gobierno vale cualquier argumento que distraiga la atención del drama económico, social y cultural. No se entienden de otra forma el recrudecimiento de los ataques, las amenazas, la intervención del teléfono de Estela Carlotto o la entrevista a la vicepresidenta y el video que preparan. Por eso la convocatoria al acto del 24 incluyó, como todos los años, una consigna de actualidad con el repudio al plan de ajuste.
A la convocatoria se sumó este año la CGT, junto con las dos CTA y los movimientos sociales. Se convertirá en una enorme demostración de rechazo.
El gobierno ordenó a los medios públicos que no informen sobre la marcha, como ya había ordenado para que no se publicara información sobre los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, o del bonaerense Axel Kicillof. Hubo algún intento de organizar una contramarcha de los libertarios truchos, pero la calle no es su fuerte. Surgieron de las redes, del mundo virtual infestado de mentiras y manipulación. Desprecian la movilización callejera. Ellos confrontan la calle con lo virtual, lo verificable con la noticia falsa.
El gobierno se equivoca al pensar que se trata de un acto de la militancia. El 24 tiene el peso simbólico de las grandes movilizaciones como han sido el 17 de Octubre o el Cordobazo. Es la encarnación del espíritu popular que no se resigna a vivir en el miedo y la injusticia.
Página 12/Luis Bruschtein