Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegarás el próximo jueves al país para renegociar el acuerdo alcanzado con la anterior gestión por el pago de una deuda estimada en alrededor de 45.000 millones de dólares, entendimiento que se considera “virtualmente caído”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este martes -en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno- que el objetivo de la visita es renegociar el acuerdo que el FMI suscribió con la anterior administración y que está “virtualmente caído” debido a que el país “no cumplió” las condiciones acordadas.
Los funcionarios del FMI serán recibidos por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló Adorni.
En la víspera del año nuevo, el Banco Central emitió un informe de objetivos para 2024 en el que afirmó que “se ha progresado rápidamente en el dialogo formal con los organismos internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional”.
Según el Banco Central, un “objetivo central es despejar la incertidumbre en torno a los desembolsos pactados con vistas a atender los futuros vencimientos de capital”.
Esa incertidumbre, continua el documento que está publicado en la página web del BCRA, “responde a la obligación que enfrenta la Argentina de iniciar el proceso formal de solicitud de una dispensa (waiver) por el incumplimiento de las metas acordadas en agosto de este mismo año”, precisó la entidad que preside Santiago Bausili.
Adicionalmente, señaló que “el Gobierno hará los esfuerzos necesarios para restablecer la vigencia del acuerdo firmado con el FMI y llevará a cabo negociaciones adicionales que considere contribuyan a mejorar las condiciones de financiamiento vigentes”.
En el tradicional contacto con la prensa, Adorni no dio detalles sobre qué aspectos se pondrán sobre la mesa de negociaciones que se abrirá en los próximos días entre el FMI y el gobierno de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre pasado.
Días atrás, el ministro Caputo negó que se haya acordado la llegada de fondos frescos provenientes del FMI.
También ratificó el cumplimiento de los compromisos de deuda, en el marco del acuerdo pactado por la gestión anterior.
En enero, Argentina debe abonar unos U$S1.900 millones de vencimientos
Por lo pronto, en enero Argentina debe abonar unos 1.900 millones de dólares de vencimientos y, aunque no lo comunicaron formalmente, en el Gobierno dejaron trascender que harán uso de la posibildad de extender el plazo hasta fin de mes.
El viernes pasado comenzó a regir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que apunta a la desregulación de la economía argentina, a partir de la modificación y derogación de cientos de leyes.
El documento significa una profunda reforma del Estado y sus funciones, a la vez que pone fin a la ley Alquileres, de límite a la tenencia de tierras de parte de extranjeros, y de la ley de Abastecimiento, entre otras iniciativas.
También prevé la flexibilización del mercado laboral y la privatización de empresas públicas, entre varias reformas que fueron explicitadas en los 366 artículos
Además, Milei envió un paquete de medidas bajo el paraguas de una “Ley ómnibus”, que incluye al DNU, establece una delegación de facultades del Congreso a favor del Poder Ejecutivo, entre otras cuestiones relevantes.
El proyecto de ley ómnibus deberá ser tratada durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso.
El DNU, por su parte, deberá ser analizado inicialmente por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, un organismo integrado por ocho diputados y ocho senadores que debe emitir un dictamen sobre el fondo y la forma del decreto que, luego, deberá ser analizado por ambas cámaras.
El DNU puede ser rechazado u aceptado por mayoría absoluta de los presentes, y no se pueden introducir modificaciones ni agregados.
Si ninguna cámara lo trata, quedará vigente. Si una cámara lo acepta y la otra lo rechaza, continuará vigente.
En tanto, si es rechazada por ambas cámaras, puede quedar nula, o bien eventualmente podría expedirse sobre el asunto la Corte Suprema.
Los términos del DNU y de los lineamientos contenidos en el proyecto de ley ómnibus significarían un ajuste en el gasto más severo que el que pide el FMI para continuar con el acuerdo vigente.
Otro elemento que el Fondo puso sobre la mesa es la necesidad de exista apoyo político para poder llevar adelante el programa.
Télam