Se desató una fuerte polémica por la sanción extrema que el Consejo Directivo del INTA quiere aplicarle a Virginia Aparicio, la mayor investigadora de agrotóxicos en la entidad, quien lideró un estudio que relevó que el 86% de los argentinos tiene en el cuerpo glifosato, el pesticida más usado en la agricultura a gran escala en el país.
Con más de 20 años de carrera, Aparicio había participado con el aval del INTA en el proyecto Sprint, financiado por la Unión Europea (UE) para analizar el impacto de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente y del que participaron varios países europeos y Argentina.
Pero, poco antes de darse a conocer los resultados, el INTA suspendió la difusión y se dio de baja del proyecto del que, actualmente, sigue figurando como socio en la página oficial. Tras eso, se avanzó en un sumario y pedido de exoneración a Aparicio que fue ratificado en la última sesión del Consejo Directivo del organismo.
“Hubo quejas de las corporaciones, eso es lo que pasa”, dijo a LPO una fuente del INTA puso de relieve el lobby empresarial para que no se den a conocer los resultados que luego se conocieron en una conferencia del proyecto Sprint en Bélgica, el año pasado.
En concreto, el estudio reveló que el 86,1% de los argentinos que se ofrecieron a estas muestras posee niveles de glifosato en el cuerpo, mientras que éste herbicida se encontró en el 100% de la materia fecal de los bonaerenses.
Además, se detectaron de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial, de 6 a 22 plaguicidas en alimentos y un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar. Esos resultados ubican a la Argentina como el país con mayor cantidad de plaguicidas en personas y medio ambiente.
En los gremios del sector advierten que la difusión del informe fue frenada a mediados de 2023, durante la pasada administración. En 2025, el actual Gobierno avanzó en un proceso sumarial dirigido no solo a despedir sino a exonerar (inhabilitar de por vida) a Aparicio de la función pública.
Fuentes que recorren los pasillos del INTA detallaron a LPO que, entre las acusaciones para sumariar y pretender exonerar a Aparicio, figura el “perjuicio a la administración nacional”, argumento que carece de peso considerando que el proyecto fue íntegramente financiado por la UE.
También acusan a la científica de no brindar la información que le pedía la línea jerárquica en lo relativo a los datos personales de los voluntarios asociados a su concentración de plaguicidas. Aparicio sostuvo que esos datos no los facilitó ya que había firmado un acuerdo de confidencialidad con los muestreados.
“El sumario es porque no cumplió con procesos administrativos. El tema es que le quieren aplicar la sanción más extrema, es una locura”, dijo a LPO una fuente del sector, que también adujo intereses desde algunas entidades del campo para que no se conozcan los resultados del estudio.
Por su parte, Aparicio defendió el objetivo del informe y alertó en declaraciones a Radio 10: “La distribución de los plaguicidas es tan masiva que es necesario reducir la dependencia química en el sistema productivo y es importante hacerlo ya”.
En el gobierno bonaerense salieron a condenar el intento de exonerar a Aparicio y apuntaron directo contra la administración libertaria.
“Las autoridades del INTA, bajo un gobierno que niega la crisis climática y denosta la ciencia, quieren exonerarla por hacer su trabajo. Tienen que dar marcha atrás de manera urgente”, dijo la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, advirtió que la medida “busca consagrarse también como un mecanismo de amedrentamiento hacia quienes hacen investigación pública”.
En ese sentido, en los gremios salieron a rechazar el despido y la posible exoneración de Aparicio y apuntan contra una sanción “desproporcionada” que terminaría “persiguiendo, censurando y silenciando a toda la investigación y al personal del INTA”.
LPO