Si bien tiene lógica, en un contexto recesivo y de caída de salarios, atar los aumentos previsionales a la marcha de la inflación y zafar del rezago que tiene la fórmula anterior, los cambios aplicados no compensan lo perdido e implican que si la inflación baja fuertemente y los salarios se empiezan a recuperar, como promete el Gobierno, los jubilados no van poder aprovechar el ciclo. En este análisis coinciden, con algunos matices, los especialistas consultados por Página/12.
Para Hernán Letcher, del CEPA, “la propuesta jubilatoria de Milei consolida la brutal pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, que no pueden aspirar a recuperarse hacia adelante. En efecto, la inflación creciente del segundo semestre de 2023 y de principios de 2024 llevaron las jubilaciones a casi la mitad de su valor respecto del inicio de 2023. La actualización en base a inflación de febrero, sumados a los 12,5 por ciento aplicados en abril permite recuperar una pequeña porción de lo perdido”.
El CEPA calcula, sin contar los bonos, que “respecto del primer trimestre del 2023, en abril las jubilaciones quedarían 32,5 por ciento por debajo en términos reales, habiendo tocado un mínimo de -47 por ciento en febrero. Los jubilados pueden aspirar, en el mejor de los casos, a que la pérdida se consolide en torno al 25 por ciento”. Sergio Chouza, de la consultora Sarandí, estima que luego del esquema de bonos y teniendo en cuenta la actualización por inflación de la nueva fórmula, la jubilación mínima quedará alrededor de un 20 por ciento por debajo de noviembre pasado. “En todo caso no habrá nuevas caídas, pero tampoco mejoras”, indica.
“Se elimina la movilidad”
Federico Bobrovsky, abogado previsionalista, explica que “esto implica dar de baja la fórmula de movilidad propiamente dicha, porque al desvincular el haber del salario, nunca podrá haber una mejora en términos reales”.
“Está claro que estamos en una situación de emergencia, en donde ninguna fórmula de movilidad tiene sentido porque la inflación es demasiado alta. Sin embargo, si la economía se recupera, se consolida para siempre el ajuste sobre los jubilados. Esto no tiene sentido y además va a terminar en la Corte Suprema, que ya tiene jurisprudencia al respecto. En cambio, se podría mantener la actual fórmula y aplicar aumentos por decreto que compensen la inflación”, agrega.
Bobrovsky incorpora otro punto importante: la canasta de consumo de los jubilados no es igual a la del IPC, sino que tiene un peso mucho mayor de alimentos y bebidas y medicamentos, justamente dos rubros que han liderado a la inflación. De modo que la suba del haber según IPC, encima, suele no compensar la caída de poder adquisitivo que sufren los adultos mayores.
Facundo Fernández Pastor, abogado especialista en seguridad social, explica que “una de las razones de ser del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es justamente compensar las pérdidas del haber en relación a la inflación. Pero ni Macri, ni Alberto Fernández ni Milei lo usaron para eso. En cambio, hay una fuerte pérdida acumulada de los haberes. Y encima, si Milei llega a lograr bajar mucho la inflación y la economía se recupera, los jubilados van a seguir perdiendo”.
De acuerdo a la consultora PxQ, que dirige el economista Emmanuel Alvarez Agis, el rezago que tiene la fórmula que ahora es reemplazada –según la cual recién en junio se comenzaría a cobrar montos asociados a la disparada inflacionaria del verano– implica que en este año, los haberes perderían menos con la nueva fórmula respecto de la que operó hasta ahora. Por ello, calcula que el ahorro fiscal derivado del deterioro previsional sería bajo el nuevo esquema del 0,9 por ciento del PBI, mientras que con la fórmula anterior hubiera sido un poco más grande, de 1,2 por ciento.
Sin embargo, la vieja fórmula permitiría, el año que viene, si se verifica una mejora de la economía y de los salarios, volver a los niveles jubilatorios de mediados de 2022, estima PxQ.
Esto no sucede con el esquema actual, que congela en términos reales a los haberes, lo cual es lógico desde el punto de vista del Gobierno, que hace de la reducción del gasto público su principal bandera: el año que viene, el gasto en jubilaciones y pensiones podrían pasar a representar el 6 por ciento del PBI, frente al peso del 7,2 por ciento que hubieran tenido de mantenerse la fórmula previa.
En efecto, cabe recordar que los planes ortodoxos de reducción del peso del Estado en la economía siempre afectan a la seguridad social, que concentra gran parte del gasto público.
Página 12