El cabo primero de la fuerza de seguridad provincial está investigado por el femicidio de su expareja, Graciela Mabel López, y por el homicidio de su propio padre. La medida administrativa es provisional y podrá agravarse si recibe una condena penal.
El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía del cabo primero Luciano Alberto Etudie, el policía investigado por el femicidio de su expareja y el homicidio de su padre, ocurridos antes de un dramático operativo desarrollado en la ribera del río Paraná, en Puerto Vilelas.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1690/2026, firmado este lunes por el gobernador Leandro Zdero, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro.
El instrumento establece la “destitución de empleo con calificación de cesantía” por la comisión de faltas gravísimas contra el honor policial, vías de hecho y conductas que afectaron el prestigio de la institución.
El femicidio de Graciela López en Tres Bocas
El decreto reconstruye el operativo realizado el 4 de junio en el paraje Las Tres Bocas, donde la Policía encontró a Etudie vestido de civil, armado con una pistola y manteniendo como rehenes a su expareja, Graciela Mabel López, y al hijo menor de ambos.
Ante la gravedad de la situación, se estableció un perímetro de seguridad y fueron convocados la fiscalía especializada en violencia de género, un mediador policial, efectivos del COE, Bomberos y personal sanitario.
De acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente administrativo, el policía amenazaba con disparar contra la mujer y contra los agentes que intentaran acercarse.
Durante el procedimiento, Etudie efectuó un disparo contra Graciela López y le provocó la muerte. La amenaza fue neutralizada por otro efectivo, que disparó contra el acusado y lo dejó gravemente herido.
El cabo primero fue trasladado al Hospital Perrando con una herida de arma de fuego en el rostro y posteriormente quedó internado bajo custodia policial.
Antes habría asesinado a su padre
Mientras se desarrollaba el operativo en Puerto Vilelas, efectivos de la Comisaría Octava encontraron sin vida a Alberto Luciano Etudie, padre del policía, dentro de una vivienda de la calle Lestani al 600, en Resistencia.
Según la reconstrucción consignada en el decreto, el acusado habría matado previamente a su padre, tomado su automóvil y luego se habría dirigido hasta el domicilio de su expareja.
Desde allí habría trasladado a la mujer y al hijo menor hasta la ribera del Paraná, donde finalmente se produjo la toma de rehenes y el femicidio.
La causa penal fue caratulada como “Femicidio en concurso real con homicidio calificado por el vínculo agravado” y se encuentra en manos de la Fiscalía de Investigación Penal Especializada en Violencia de Género N° 11, a cargo de María Noel Benítez.
La Policía había pedido la exoneración
Tras el hecho, Etudie fue suspendido de sus funciones, se ordenó la retención de sus haberes y posteriormente pasó a situación pasiva. La Jefatura de Policía consideró que la conducta atribuida al agente configuraba una “falta de extrema gravedad” y solicitó su exoneración, la sanción disciplinaria más severa contemplada dentro de la fuerza.
Durante el sumario se le notificaron los cargos y se le otorgó la posibilidad de presentar su defensa y ofrecer pruebas. Según el decreto, el agente se negó a declarar y posteriormente no presentó ningún descargo dentro de los plazos establecidos.
La Asesoría Letrada Policial, el servicio jurídico del Ministerio de Seguridad y la Asesoría General de Gobierno concluyeron que correspondía aplicar la cesantía.
Una sanción que puede agravarse
El Poder Ejecutivo aclaró que la cesantía tiene carácter provisional, debido a que la investigación penal todavía no fue resuelta. El decreto sostiene que la responsabilidad administrativa es independiente de la causa criminal, ya que ambas instancias protegen bienes jurídicos diferentes y pueden avanzar en paralelo.
No obstante, el Gobierno ordenó solicitar informes periódicos sobre el estado del expediente judicial. En caso de que Etudie reciba una condena, podrán adoptarse nuevas medidas y aplicarse una sanción de mayor gravedad.
Con la publicación del decreto, el cabo primero quedó formalmente apartado de la Policía del Chaco, mientras continúa detenido e investigado por uno de los hechos de violencia de género más graves registrados este año en la provincia.
Libertad Digital