La obra social más grande del país mantendrá su déficit durante el próximo año, aunque espera – según anuncian – un alivio con la recuperación económica. El Ejecutivo busca reducir costos, mejorar precios y centralizar la gestión de las delegaciones. La Casa Rosada reconoce que las reformas estructurales previstas no tendrán efectos inmediatos. El sistema previsional, con sus limitaciones demográficas y financieras, figura entre las áreas donde la “motosierra” libertaria se aplica con mayor cautela.
Uno de los casos más representativos es el PAMI, que atiende a casi cinco millones de jubilados y pensionados. Aunque el Gobierno proyectaba un déficit del 22% para 2024, la cifra actual se mantiene en reserva. El desequilibrio, sin embargo, sigue siendo cubierto con transferencias directas del Tesoro Nacional. “Estamos haciendo el máximo esfuerzo para ser autosustentables sin perder prestaciones”, señalaron desde la conducción del organismo.
Las autoridades del PAMI prevén que el déficit continuará el próximo año, aunque confían en que la reactivación económica alivie las cuentas. “El PAMI es un termómetro: cuando la actividad se resiente, lo notás tanto en las prestaciones como en los ingresos”, admiten.
El 80% del presupuesto se destina a prestaciones médicas y medicamentos. La política de restringir los fármacos con cobertura total se mantendrá sin cambios. En paralelo, la conducción buscará obtener mejores precios en licitaciones, especialmente en la compra de medicamentos, insumos de hemodinamia y pañales para adultos mayores.
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El año pasado, la obra social modificó los pliegos de provisión y distribución de pañales, medida que generó tensión con las empresas logísticas. En lugar de la entrega en farmacias, los productos comenzaron a enviarse directamente a los domicilios de los afiliados, con el objetivo de reducir intermediarios y asegurar trazabilidad. Según estimaciones oficiales, el sistema permitiría un ahorro de $5.000 millones anuales.
Reclamos de prestadores y tensiones internas
Pese a los esfuerzos de contención, distintos prestadores y hospitales vinculados al PAMI continúan denunciando falta de fondos. En el Hospital Español, por ejemplo, se registraron faltantes de insumos básicos, un problema que se repite – con matices – en otros centros dependientes del organismo.
El aspecto político tampoco está exento de conflictos. Por su presencia territorial – más de 600 agencias y 38 unidades de gestión local -, el PAMI es visto como un espacio de poder en disputa. En los últimos meses se registraron cruces entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el operador Eduardo “Lule” Menem, lo que llevó al organismo a emitir un comunicado en el que aseguró que “las delegaciones del PAMI no serán más una caja negra al servicio de la política”.
Centralización y nuevas transferencias
El plan oficial prevé avanzar hacia una mayor centralización de funciones en la sede principal del PAMI para limitar la discrecionalidad de las delegaciones provinciales y municipales. La digitalización de trámites facilita este proceso, aunque todavía una minoría de afiliados utiliza los canales electrónicos.
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En paralelo, el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, firmó junto al gobernador Rogelio Frigerio la transferencia del Hospital De la Baxada, en Paraná, al sistema provincial de salud. Un esquema similar se estudia para el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, replicando los sondeos que la Nación realizó sobre otros centros SAMIC.
La conducción del organismo espera que la recuperación económica de 2026 permita menores transferencias del Tesoro, pero sin abandonar la asistencia estatal. El desafío será mantener las prestaciones, contener el gasto y evitar que la obra social vuelva a convertirse en un botín político.
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