Cuando a principio de año la violencia arreciaba en Rosario, el gobierno de Javier Milei aprovechó para anunciar un proyecto de ley que representa un viejo anhelo de sectores afines a la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la seguridad doméstica. Ahora, y mientras el Presidente se pelea con el gobierno constitucional de Venezuela, el vocero Manuel Adorni notificó el envío de una iniciativa al Congreso para modificar la Ley de Seguridad Interior y habilitar a los militares a intervenir en la lucha contra el “narcoterrorismo”. Para Agustín Rossi, exministro de Defensa, esto no es más que una maniobra “para complacer al Departamento de Estado norteamericano que terminará por destruir a nuestras Fuerzas Armadas”.
El proyecto genera controversia en todo el arco político. Incluso dentro de La Libertad Avanza y no porque no quiera mayor protagonismo de los militares sino, como indicó la vicepresidenta Victoria Villarruel, “la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, afirmó la titular del Senado que ya mostraba sus diferencias con Milei.
El camino a la reforma
Una vez finalizada la dictadura militar, la incipiente democracia generó un consenso en la sociedad civil y política de sacar a los militares de cualquier actividad que pueda considerarse seguridad interior. Y para eso se legisló. Se sancionó la ley de Defensa Nacional, la de Seguridad Interior y, por último, la ley de Inteligencia.
Es más, hacia finales del gobierno de Néstor Kirchner se emitió el decreto 727 que establecía de manera taxativa que las Fuerzas Armadas únicamente serían empleadas ante agresiones externas estatales. A principio del gobierno de Milei se habló de desactivar ese decreto y, así, liberar las manos de los funcionarios políticos para convocar a militares. Sin embargo, por lo que dijo Villarruel y lo que opinaron los altos mandos militares, no hubo consenso.
A partir de ese momento, en el ministerio de Defensa que lidera Luis Petri, comenzaron a trabajar en la modificación de la ley de Seguridad Interior. Sobre todo en el artículo 27, tal como lo había relatado Página/12. Ese artículo establece que, en caso de que se lo requiera el comité de crisis, el Ministerio de Defensa puede disponer que las Fuerzas Armadas presten “apoyo logístico” pero no militar y que se traduce en “servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”. Es más, la norma prevé que la única intervención de las Fuerzas Armadas posible es ante un atentado en jurisdicción militar o en caso de una declaración de Estado de sitio.
El proyecto
En rigor, por ahora lo de Adorni no pasó de un anuncio. Hasta anoche no había ingresado a la Cámara de Diputados el proyecto. Lo que sí trascendió fue la modificación que le hacen al artículo 27 y es que, como dijo el vocero, “con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un comité de crisis”.
Incluso Adorni dijo que “se propone que las Fuerzas trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas”, tras lo cual aclaró que se prevén estas intervenciones “por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia”.
Formalmente la reforma la impulsa Petri, pero solo en lo formal. En la Rosada todos saben que esta iniciativa le pertenece, de cabo a rabo, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con esta modificación, el gobierno se saca de encima la necesidad de declarar un estado de sitio para poder sacar los militares a la calle. Solo necesitarán un pedido de un gobernador y la aceptación del comité de crisis que describirá el modificado artículo 27.
Ahora bien, según trascendió, la reforma planteada no tiene consenso en un sector de las Fuerzas Armadas. Puede haber acuerdo en la cúpula que nombró Milei, pero para abajo todo se va poniendo en contra. Hay muchas quejas, dicen los que conocen el mundillo militar, y cosas que consideran que el gobierno abandonó como para que ahora también tengan que salir a combatir narcos.
Sobre este punto, el objetivo a combatir que le otorga el gobierno libertario a las FFAA es, para Agustín Rossi, absolutamente innecesario y un retroceso. “Una vez que cayó la Doctrina de Seguridad Nacional, con la que se llevaron adelante las dictaduras, los Estados Unidos elaboró una nueva amenaza, el narcoterrorismo”. Según el exministro de Defensa es un fenómeno que se dio mucho en Perú y Colombia pero que en la Argentina no existe. Allí se combatió estos delitos con militares y no dio resultado.
“Esto es un invento de Bullrich para congraciarse con el Departamento de Estado. Y va a terminar generando, como ocurrió en otros países, desastre dentro de las Fuerzas Armadas y la generación de bolsones de corrupción”. Es más, Rossi afirma de manera categórica que si el gobierno quiere contar con una fuerza militarizada tiene para elegir entre dos: Gendarmería y Prefectura. “Ambas surgieron del Ejército y la marina. Tienen formación militar. Solo tienen que darles más tropa y elementos”.
A su turno, el diputado de UxP e integrante de la comisión de Defensa, Eduardo Toniolli consideró que no está claro que el oficialismo tenga el número necesario para aprobar una ley de este tipo. De todas formas dijo que espera que todavía prevalezca en el bloque radical, el espíritu de defensa de la democracia de los años en que gobernaba Raúl Alfonsín.
Página/12