El Gobierno nacional dispuso este jueves la intervención de la empresa estatal Corredores Viales S.A., en el marco del proceso de privatización dispuesto por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
La licenciada Anastasia María de los Ángeles Adem será la interventora, con amplias facultades para llevar adelante una auditoría integral y asegurar el funcionamiento durante la transición.Adem es una persona que milita cerca del Subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
La medida fue adoptada mediante el Decreto 244/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y se enmarca en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el Congreso para intervenir y reorganizar empresas públicas como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado impulsado por la administración de Javier Milei.
Corredores Viales S.A., creada en 2017, está actualmente bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y tiene a su cargo la concesión de numerosas rutas nacionales, así como el acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.
Según lo dispuesto, la interventora asumirá las funciones del Directorio y estará facultada para realizar auditorías de gestión, revisar la administración de contrataciones, evaluar el estado financiero y operativo de la empresa, y proponer reformas estatutarias. Además, podrá designar y remover personal, operar y mantener la sociedad hasta su eventual disolución, y deberá rendir cuentas al Ministerio de Economía.
La intervención se produce luego de que el Ejecutivo autorizara, a través del Decreto 97/2025, el inicio del proceso de privatización total de la compañía, bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje.
El Gobierno justificó la medida en la necesidad de “optimizar la gestión administrativa” de la empresa y “sostener su funcionamiento durante el período de transición”, asegurando que el proceso se llevará adelante con criterios de transparencia, eficiencia y protección de los derechos de los usuarios.
El decreto también instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad a colaborar en el proceso, que contempla una auditoría de inicio y de cierre y la eventual liquidación de la sociedad.
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