La motosierra del gobierno de Javier Milei volvió a demostrar su crueldad contra el colectivo de personas con discapacidad. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este viernes la eliminación de más de 110 mil Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral al argumentar la existencia de pensiones supuestamente entregadas de forma irregular y la necesidad de “ahorro” fiscal por parte del Gobierno.
“Son 110.522 pensiones que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores”, dijo Adorni y acusó al kirchnerismo de haber otorgado un “número estratosférico”. “Es una decisión absolutamente perversa, de una política pública cruel” dijo a Página/12 Gabriela Troiano, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
“Se plantea que se retiran porque fueron truchas entre comillas, pero sin embargo, el sistema de auditoría es el que fue trucho, porque no cumple con los mínimos requisitos legales para notificación y asistencia de las personas con discapacidad que están involucradas, por lo que no es un mecanismo claro”, agregó Troiano en relación a la supuesta auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (AND)” y refutó los dichos de Adorni respecto a las supuestas pruebas encontradas por la investigación interna de la AND.
“Fueron publicadas radiografías de expedientes que no existían, y cuando se hizo el pedido de informes por la ley de Acceso a la Información Pública, no fue brindada ninguna información al respecto”, planteó y sostuvo que “tampoco han sido claros en las respuestas que han dado al Comité de Discapacidad de Naciones Unidas respecto a esta temática en las múltiples notas que le han enviado a Argentina como Estado parte”.
“Es una decisión absolutamente perversa, de una política pública cruel. Desde el inicio de su gobierno él manifestó esta intención. El veto es una muestra más de la crueldad de este gobierno hacia el sector de las personas con discapacidad, pero también lo manifestó cuando a principios de año trató a las personas con discapacidad como débiles mentales, o cuando desconocen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su rango constitucional”, afirmó Troiano.
Y resaltó que la gestión libertaria “no comprende que el otorgamiento de pensiones no contributivas es una reparación a la situación de desigualdad y vulnerabilidad que vive este sector, por eso a partir de 2008, que Argentina aprueba la Convención, el colectivo de personas con discapacidad empieza a reclamar este acto reparatorio, y empiezan a otorgarse más pensiones”. “El Gobierno vuelve a un principio retrógrado, que es asimilar la incapacidad laboral a la discapacidad, que son dos conceptos totalmente diferentes”.
“Estamos enfocados en defender la ley de emergencia en discapacidad, que es un eje fundamental porque ahí hay una solución de fondo para el tema de las pensiones”, dijo a este diario Eduardo Maidana, referente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y criticó las “mentiras groseras que este gobierno le quiere hacer creer a la sociedad”.
“Adorni fue el que puso en boca del periodismo la pensión que supuestamente se había otorgado con la radiografía de un perro, y eso era mentira. Se había presentado esa radiografía, pero la pensión no se otorgó. Pero ellos lo repiten, utilizan un caso puntual para generalizar y tener un argumento para destruir algo que funciona, que da soluciones a las personas”, afirmó Maidana. Para el referente del Foro, la medida anunciada por el vocero presidencial no es improvisada sino que responde a un plan que tiene el Gobierno para vaciar el sector.
“En el presupuesto que habían presentado en el Congreso y que después no se aprobó, ya tenían prevista la quita de 300 mil pensiones”. “Se gastan el préstamo del FMI en el carry trade, en sostener el dólar y alimentar al poder financiero, en desmedro de los colectivos más necesitados, como la discapacidad, la salud pública o los jubilados”, indicó.
En conferencia de prensa, Adorni detalló las cifras del recorte y afirmó que “entre 2003 y 2015 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000”. “Este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras ni catástrofes naturales”, agregó el vocero. El presidente Milei, que se ufana de implementar “el ajuste más grande de la historia” y que ha implementado un brutal recorte presupuestario en el área de discapacidad desde que asumió la presidencia, decidió esta medida dos días después de la reversión en la Cámara de Diputados del veto a la ley de emergencia en discapacidad.