Se espera una sesión maratónica desde las 12. También se debatirá la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional de patentes. La oposición buscará incluir proyectos sobre familias endeudadas y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.
Luego de dos meses sin sesión, el recinto de la Cámara de Diputados volverá a levantar el telón este miércoles para tratar un temario amplio de proyectos de ley, tres de los cuales son de sumo interés para los objetivos del Gobierno nacional.
Se trata de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal “bis” (una actualización de la ley original) y la muy demorada adhesión argentina al tratado de cooperación internacional de patentes.
Por su parte, la oposición intentará un apartamiento de reglamento para emplazar los proyectos sobre familias endeudadas y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.
Los otros proyectos incluidos en el temario son producto de concesiones a fuerzas dialoguistas, a saber: la reducción del IVA a la fécula de mandioca del 21% al 10,5% (un guiño a Misiones), la declaración simbólica de capitales nacionales en distintos rubros a una serie de ciudades y provincias del país, y la “Ley Joaquín” que establece medidas de seguridad en espacios deportivos y recreativos.
Completan el menú la declaración del “Camino de Brochero”, en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina, la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, y el reordenamiento y creación de salas de apelaciones en tribunales federales.
La reforma del Banco Central
La iniciativa, definida por el propio Milei como “la más importante” de esta etapa de su gobierno, busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación.
En este marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.
El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.
“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.
“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.
Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.
Nueva ley de Inocencia Fiscal
El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.
En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.
La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.
Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.
En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.
Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.
En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
Ley de adhesión al tratado de patentes
El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.
Se trata de una suerte de mercado común de patentes que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos.
Sin embargo, también contrae riesgos insoslayables, porque la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional también permitirá que multinacionales extranjeras puedan patentar con mayor facilidad y de esa manera perjudicar a la competencia local, encareciendo los costos para el sistema de salud.
El patentamiento de medicamentos estadounidenses podría perjudicar o retrasar la producción de genéricos de laboratorios nacionales, que comercializan drogas a valores considerablemente más bajos.
Esa situación podría eventualmente trasladar parte de esos costos al sistema de salud y encarecer el acceso a medicamentos para la población en general.
Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero mantendrá el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y patentamiento de medicamentos.
Tiempo Argentino