La constitucionalidad del DNU de Javier Milei, puesta en duda por los amparos que la sucedieron, ingresó a terreno judicial antes que al legislativo. Al fallo de este miércoles por parte de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se da marcha atrás en la reforma laboral incluida entre los pliegos del decreto. Sin embargo, el Gobierno decidió apelar la medida, aunque esta iniciativa no tiene carácter suspensivo -de momento- de la decisión de la Cámara.
El Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, avanzó con la apelación y pedirá que la causa pase a la Cámara en Lo Contencioso Administrativo Federal, tomando el argumento de la magistrada Dora González, quien votó en minoría en el fallo de la justicia laboral y adhirió a la posición del fiscal general, Juan Manuel Domínguez, que había expresado que el caso específico -en este caso, una apelación de la CGT- debería ser tratado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, recinto que acumula los distintos expedientes contra el DNU.
“Se pedirá inmediatamente la incompetencia del Fuero del Trabajo, ya que en una discusión de competencias positivas cuando participa el fuero administrativo, corresponde al fuero administrativo saldar la decisión”, señalaron los abogados del Estado, encabezados por Barra, y consideraron que “están desoyendo el criterio que adoptaron todos los otros tribunales del país, tanto en la ciudad como en el interior, que enviaron la causa al juez natural y universal que conoce en todos los asuntos”.
En el caso de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se pronuncie competente para tratar el caso, se llegará a un conflicto con la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que devendrá en una intervención de la Corte Suprema, quien deberá manifestarse al respecto de cuál es el fuero correspondiente.
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