La empresa de Lewis, Hidden Lake S.A, lo acusaba por supuesto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El extitular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, fue sobreseído por cuarta vez en una causa que le inició la empresa Hidden Lake S.A, del magnate Joe Lewis, dueña del predio de más de 12.000 hectáreas que rodean al Lago Escondido donde construyó su estancia. Lo acusaba por supuesto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de decisiones que tomó en su tarea de control sobre las sociedades comerciales. Pero, una vez más, el juez Sebastián Casanello sostuvo que el exinspector estaba haciendo su trabajo.
Casanello había indagado a Nissen a comienzos de mes, porque se lo ordenó la Cámara Federal, que previamente había revocado tres sobreseimientos del exfuncionario, uno que ya había dictado este magistrado y otros dos que había resuelto su par Daniel Rafecas. Como ya mostró este diario, el caso parece una muestra cabal de cómo opera el llamado “poder real” sobre los tribunales de Comodoro Py.
El mecanismo es similar al que había aplicado la Cámara respecto de Cristina Fernández de Kirchner en la causa donde se investigaba una maniobra de lavado de activos atribuida a Lázaro Báez (que varios medios llaman “ruta del dinero K”). Casanello sobreseía, y ese tribunal revocaba. Así mantuvieron el expediente abierto durante más de una década y, una vez cerrado por pedido de la fiscalía, los camaristas aceptaron a una ONG macrista como querellante para que siga en trámite. En la causa que atañe a Nissen, que se inició en 2023, la Cámara –con la firma de Martín Irurzun y Eduardo Farah– revocó tres sobreseimientos. Ahora llegó el cuarto y habrá que ver qué sucede. El caso tramita en el juzgado 11, donde la subrogancia de Casanello terminó el jueves último. Comenzará a intervenir Ariel Lijo.
Control o descontrol, es la cuestión
La gestión de Nissen en la IGJ fue diametralmente opuesta a la actual ya que ejerció de manera activa los controles sobre las sociedades comerciales, lo que le valió múltiples ataques. El gobierno de Javier Milei que flexibilizó requisitos, propició las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) –que pueden ser creadas en cuestión de horas con mínimos requisitos— que habían sido muy cuestionadas por el exinspector, además de propiciar el ingreso de sociedades extranjeras a como dé lugar.
Una de las cuestiones que marca Casanello es que la resolución que disponía la intervención con miras a la nulidad de la sociedad Hidden Lake no fue la única de esas características durante la gestión de Nissen en el gobierno de Alberto Fernández. Entre 2020 y 2023, recuerda, inició al menos 34 actuaciones sumariales de oficio, firmó 19 resoluciones administrativas de características similares a la que está en discusión, algunas con pedido de intervención judicial y acciones de nulidad contra sociedades.
Hubo denuncias conocidas, como la que apuntó al Grupo Zoe (por estafa piramidal); a Wenance Inversiones (acusada de estafas con préstamos a sectores no bancarizados); a Dakota S.A (que manejaba las grúas porteñas); al Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad (IEES) de Patricia Bullrich; y al fideicomiso ciego de Mauricio Macri. Nissen fue cuestionado por rechazar sociedades off shore que se constituían en otros países para actuar en Argentina con fines de simulación y posibles fraudes y por resolver que todas las personas jurídicas inscriptas en la Ciudad de Buenos Aires debían incorporar mujeres en sus directorios. Son solo algunos de los ejemplos que marcaron rasgos de su gestión.
El caso Lago Escondido
En mayo de 2022 Nissen pidió la intervención judicial de la sociedad Hidden Lake de Lewis. Evaluó que era una “pantalla jurídica”. Denunciaba que no tenía por finalidad “el intercambio, la producción o prestación de bienes o servicios” sino que se la utilizaba para disfrazar “un cuantioso patrimonio del Sr. Lewis en la Patagonia” además de “frenar la aspiración de cualquier integrante de la sociedad argentina de poder acceder al singular y maravilloso espejo de agua que representa el Lago Escondido”, para lo que utiliza –señalaba– una patota parapolicial que atacó. Incumplía, decía, decisiones de la justicia de Río Negro, que disponían habilitar el paso.
Decía que era una sociedad sin actividad comercial, registrada en la Ciudad de Buenos Aires y con sede en un estudio porteño, que no podía explicar la construcción de la mansión (donde se alojó Macri con su familia poco después de llegar a la Presidencia de la nación y volvería en un helicóptero del magnate en 2022). La IGJ le reclamó actas de directorio, constancias de operaciones y estados contables.
En 2023 una ampliación que la Inspección General presentó, acorde al procedimiento, ante el fuero comercial, señalaba que Hidden Lake no daba cuenta de sus actividades agropecuarias y que incluso el viaje de magistrados, funcionarios y ejecutivos de Clarín a la mansión en octubre de 2022 no esa correspondía con esa descripción. No había registro de actividad hotelera, turística y –en rigor—de ningún tipo, decía Nissen. Es más, agregaba que arrojaba pérdidas y no había reclamos. Tenía capital a nombre de sociedades off shore no declaradas en Argentina, y se sostenía con aportes de accionistas y terceros.
La justicia comercial no hizo lugar a los planteos de la IGJ, aunque los tramitó como instancia válida. Simplemente los rechazó. Hidden Lake S.A, representada por allegados a Macri –como Jaime Cibils Robirosa, presidente del Correo–, inició la causa contra Nissen y luego agregó a Manuel Cuiñas Rodríguez, subinspector general.
Cuarto sobreseimiento
En todos los sobreseimientos en favor de ambos funcionarios, tanto Rafecas como Casanello explicaron que todo lo que hicieron estaba dentro de sus facultades y es independiente del resultado obtenido en la justicia comercial. La resolución de la semana pasada, previa a que Casanello dejara el juzgado 11, dice: “Los actos administrativos que componen el expediente administrativo mencionado reflejan el ejercicio de funciones propias del organismo, facultadas por ley”. “Así, la actividad de fiscalización y control realizada por los denunciados se encuentra incluida en las potestades otorgadas por la ley 22.325 (ley orgánica de la IGJ) que la habilitan como tal a requerir información y documentación, realizar investigaciones e inspecciones, recibir y sustanciar denuncias y formular denuncias ante autoridades judiciales”.
No hay nada que acredite, dice el fallo, que haya existido un “abuso funcional”, ni “obrar malicioso” ni “arbitrariedad” de parte de los exinspectores. En el caso de Cuiñas aclara que no firmó ninguna decisión. La IGJ tiene atribuciones de “fiscalización y control sobre las sociedades comerciales incluyendo la posibilidad de promover actuaciones judiciales”, subrayó. La mera discrepancia con una resolución o actuación, dijo, no puede ser incriminante, ni el hecho de que la justicia comercial haya rechazado los planteos. Aceptarlo sería “criminalizar el ejercicio de funciones públicas” de control.
A eso sumó que la propia firma Hidden Lake hizo “gestiones” ante “el organismo de control tendientes a regularizar la situación registral tras recibir observaciones, además de la “modificación del objeto social y acreditación de balances y ejercicios societarios de los años 2022 y 2023”.
Página/12