La normativa generó mucha controversia en el Estado dirigido por Ron DeSantis quien finalmente firmó y dio el visto bueno a la iniciativa que ya había sido aprobada por el Congreso a principios de este mes.
La ley entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2025 y, además de prohibir las redes sociales para los menores de 14, restringirá su acceso para los jóvenes de 14 y 15, que necesitarán consentimiento parental para usar las plataformas.
“Estamos intentando ayudar a los padres a navegar por este terreno tan difícil que tenemos ahora con la crianza de los hijos”, dijo DeSantis al firmar la nueva ley.
El presidente de la Cámara baja de Florida, Paul Renner, principal impulsión del proyecto, celebró su aprobación y aseguró que “en estas plataformas se producen más delitos contra los niños que en cualquier otro lugar”, declaró. “También sabemos que las redes sociales han causado un efecto devastador en el bienestar mental de nuestros niños”, agregó.
La mayoría de esas plataformas exigen una edad mínima de 13 años para abrir una cuenta, aunque no hacen mucho por garantizar que se cumpla esta disposición.
Algunos detractores de la ley señalaron que deberían ser los padres quienes supervisen el uso de las redes sociales por los menores. Además, advertían que el texto podría vulnerar la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión.
Sin embargo, Renner argumentó que la ley no aborda el contenido sino las características adicticas de las redes sociales, como el scroll infinito o los likes y corazones que dan ese pequeño chute de droga a tu cerebro que te hace querer estar conectado más y más tiempo”.
DeSantis había rechazado una propuesta de ley anterior que prohibía el uso de esas plataformas a todos los menores de 16 años, alegando que el texto ignoraba la voluntad de los padres.
El gobernador reiteró en varias ocasiones que los padres debían tener un mayor control sobre las decisiones que afectan a sus hijos, por ejemplo en la enseñanza.
Durante su mandato, Florida aprobó leyes para restringir la enseñanza de asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.
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