El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Estados Unidos va a poner en marcha una “campaña de gran envergadura para desmantelar la amenaza que supone la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense”.
La Corte Penal Internacional, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad, es el objetivo de Estados Unidos.
Este lunes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Estados Unidos va a poner en marcha una “campaña de gran envergadura para desmantelar la amenaza que supone la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense”.
Rubio afirmó que presionará a los 125 Estados miembros de la Corte para que se retiren de la institución, sancionará a las organizaciones que colaboren con ella y prohibirá a su personal viajar a Estados Unidos.
“La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía de Estados Unidos: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de su país”, afirma el Departamento de Estado de EE.UU.
“Los estadounidenses nunca aceptaron esto, y todos los presidentes de Estados Unidos desde la ratificación de la CPI sostuvieron que dicho tribunal carece de jurisdicción sobre los ciudadanos estadounidenses. La CPI abrió anteriormente una investigación contra militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos y, desde entonces, se negó a cerrar estos casos”.
Además, EE.UU. instará a los países que “disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad de EE.UU.” a que rechacen la jurisdicción de la Corte sobre los ciudadanos estadounidenses.
La Administración Trump ya impuso sanciones contra el fiscal jefe Karim Khan y otra docena de miembros de la CPI en represalia por las órdenes de detención que la Corte dictócontra altos funcionarios israelíes en relación con la guerra de Gaza y las investigaciones sobre personal estadounidense en Afganistán.
El Estatuto de Roma, que creó la CPI en 2002, otorga a la corte jurisdicción sobre los delitos que se produzcan en el territorio de los Estados miembros o que sean cometidos por nacionales de los Estados miembros. Estados Unidos firmó el tratado, pero no lo ratificó.
La Unión Europea condenó el anuncio de EE.UU. “Estamos facilitando todas las medidas adecuadas, incluidas las vías diplomáticas, jurídicas y financieras, que puedan ayudar a garantizar la continuidad de las operaciones de la CPI”, declaró a los periodistas la portavoz de la Comisión Europea, Siobhan McGarry.
Las sanciones afectaron gravemente a la Corte. En principio diseñadas para autócratas y jefes del crimen organizado, las sanciones pueden ser devastadoras: impiden que los funcionarios de la CPI y sus familias entren en EE.UU., bloquean su acceso incluso a los servicios financieros básicos y se extienden hasta los más mínimos detalles de su vida cotidiana.
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