El nombre de Carlos Torrendell aún no ocupa la centralidad de la coyuntura de actualidad educativa: el titular de la Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, encabezó un encuentro con ministros provinciales en el Consejo Federal de Educación. Desde allí contrarió al Ejecutivo que integra, al asegurar que “en los próximos días” el Gobierno convocará a una paritaria nacional docente.
“No existe la paritaria docente nacional. Cada provincia está en libertad de pactar con los docentes cuál es el salario que pretenden para comenzar las clases”, había dicho el miércoles en Casa Rosada el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Otro cortocircuito entre Torrendell y la primera esfera gubernamental se vincula con la política de vouchers educativos, pilar de campaña de Javier Milei que luego se encargó de desmentir por su connotar la posibilidad de privatizar la esfera pública. El 11 de enero fue el propio secretario de Educación, cuando tuvo que respaldar en Diputados las reformas de su sector incluidas en la ya disuelta ley ómnibus, aseguró con vehemencia que “no hay ninguna política encaminada hacia un sistema de vouchers”.
“Van a haber voucher para comprar útiles. Estamos en eso”, indicó, sin embargo, Javier Milei este viernes en una entrevista en radio Rivadavia, donde señaló que los ministros Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano) están diseñando -a diez días del inicio de clases- “un mecanismo de asistencia para la clase media para que los chicos no pierdan el colegio, porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio no solo es traumatizante para los padres sino también para los chicos”.
A esa iniciativa, que apunta a las familias que eligen la gestión privada para la educación de sus hijos, se incorpora otro anuncio de un incremento del 311% para la asignación de ayuda escolar, que pasará de $17.000 a $71.000 y alcanzará a 7 millones de niños y adolescentes en edad escolar cuyos tutores sean beneficiarios de programas sociales. La decisión se toma en un contexto de aumento del 502% en útiles escolares -según la Defensoría del Pueblo bonaerense-, que se añade a la suba de zapatillas deportivas escolares (438%) y la indumentaria escolar (380%), todos porcentajes muy por encima de la inflación interanual, que el mes pasado marcó el 256%.
El Fondo de Incentivo Docente: una batalla que llegará al Congreso
Creado en 1998, y luego de una movilización docente que superó los 1.000 días de acampe en la Carpa Blanca establecida frente al Congreso de la Nación, se estableció el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que complementaría el salario de maestros y profesores, así como la adquisición de los insumos con los que trabajan, en todo el país. Su financiamiento proviene de una alícuota del 1% y el 1,5% anual a los automotores, aviones y embarcaciones.
Desde ese momento, todas las gestiones nacionales definieron su prórroga por cinco años. Sin embargo, en enero del 2022 Alberto Fernández garantizó el FONID sólo por 24 meses y el actual Gobierno decidió discontinuarla. Este desembolso resulta significativo para todas las provincias no sólo por su envergadura (en 2023, se dispusieron $332.800 millones para el FONID), sino porque se estima que representa entre el 3% y el 10 % del salario docente, según categoría.
En primer término, esta iniciativa del oficialismo provocó la reacción pública de los gobernadores de las tres provincias más populosas del país (Axel Kicillof incluso señaló que reclamará por vía administrativa los $14.500 millones que su gestión absorbió en enero). Luego de ello, tres partidos de la oposición ya presentaron proyectos para garantizar por ley la vigencia del FONID nuevamente por cinco años: si Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal -firmantes de las propuestas- juntan sus votos, podrían sancionar la ley. Aún restaría el debate en comisiones, contemplando que la de Educación aún no fue constituida.
Otras de las iniciativas oficialistas que deberían ser ratificadas por el Congreso de la Nación son la eliminación de fondos fiduciarios que Javier Milei prometió concretar por decreto. Entre ellas se incluyen el F ondo Fiduciario para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología, que tiene alcance en promoción de trayectorias universitarias; el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, que impacta en la estructura edilicia de los establecimientos educativos; y el Fondo para la Economía del Conocimiento, que perjudica a la tercera principal exportación nacional.
Inicio de clases
A pesar de la promesa del secretario de Educación, los gremios docentes continúan en alerta por la falta de convocatoria -hasta el momento- para una paritaria nacional, como establece la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo. Los sindicatos ya convocaron a una asamblea para el jueves 22 de febrero, en donde definirán líneas de acción en caso de no recibir un llamado previo del Gobierno, que aún no estableció ningún incremento salarial para los trabajadores del área y -a través de su portavoz presidencial- amenazó con la eliminación de las becas Progresar.
Durante este proceso, otras dos noticias impactaron en el sector educativo. La más reciente se remonta al pasado miércoles, cuando un fallo judicial avaló la impugnación de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) para eliminar a la educación como “servicio esencial”, medida dispuesta por el DNU anunciado el 20 de diciembre por cadena nacional y que limitaría la posibilidad de medidas de fuerza sindical.
El otro acontecimiento tomó por sorpresa a los educadores: sin previo aviso, el 26 de enero se discontinuó el portal web EducAr y se eliminaron los 6 millones de materiales pedagógicos que se habían creado en distintas gestiones para el uso público desde el 2002. Sin embargo, un programador autónomo pudo recuperar los archivos eliminados y los volvió a subir para su accesibilidad.
ambito.com/Fernando Brovelli