Todos los niveles de enseñanza paran este lunes y martes en una protesta unificada contra el ajuste que lleva adelante Milei sobre la educación pública. Reclaman paritarias nacionales, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la restitución del Fondo de Incentivo para los maestros. El Gobierno amenaza con aplicar por primera vez la reforma laboral que limita el derecho a huelga
Este lunes, los gremios docentes de todos los niveles van al paro para hacer frente, una vez más, al ajuste en educación. La medida sirve para visibilizar una situación que ya desbordó todos los límites.
Entre otros aspectos, solicitan el llamado a una paritaria nacional docente y universitaria, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la oposición a la Ley de Libertad Educativa, propuesta por el oficialismo para convertir a la escuela en un mercado más.
La respuesta del Gobierno es echar nafta al fuego: el Ministerio de Capital Humano advirtió que “se encuentra plenamente vigente la Ley N°27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial”. Y que “el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa”.
La comunidad docente unificada – el paro fue convocado por Conadu, Conadu Histórica y la Ctera – muestra músculos frente a un gobierno nacional que, ya transcurridos los escándalos de Adorni y compañía, no logra hacer pie para instalar su agenda como en el primer bienio de la gestión.
Se estima que, desde que asumió el gobierno de Javier Milei, se recortaron en un 80 por ciento los fondos para educación obligatoria. Ese porcentaje frío se traduce en estudiantes con menos recursos para aprender y docentes peor pagos que, para colmo, ya no cuentan con el Fonid, un instrumento creado en 1998 que, a comienzos de 2024, se dejó de abonar como dinero extra al bolsillo de todos los maestros y profesores del país.
Lo que aún significa más, la administración libertaria acelera en el Congreso la sanción de la Ley de Libertad Educativa. Eso también constituye uno de los principales motivos para las medidas de resistencia, en tanto que el bosquejo de la norma brinda la posibilidad a los estudiantes de no ir a la escuela y aprender desde sus propias casas.
Asimismo, retoma la idea inicial que Milei sostenía cuando estaba de campaña con respecto a los vouchers (que financian la demanda y no la oferta), brinda más poder a las familias (que se convierten en clientes) y minimiza el rol del Estado y sus instituciones. Reivindica, en sentido general, el concepto de educación como una mercancía y no como un derecho.
La obsesión de Milei
Desde que asumió, las universidades nacionales constituyeron el epicentro de todos los conflictos. Al comienzo de su gestión, el pretexto para desfinanciarlas era definirlas como lugares en los que se realizaban “curros”. Aunque el relato oficial insistía en la necesidad de realizar auditorías, en paralelo, funcionarios del área, como el propio subsecretario de Políticas Universitarias, asumía que no habían encontrado nada para denunciar.
En una tercera etapa, que se corresponde con el presente, se intenta deslegitimar las tareas que llevan adelante las Universidades bajo el pretexto de que solo sirven para formar a inmigrantes. De esta manera, realizan acusaciones falsas y manipulan números sobre la cantidad de extranjeros que hay entre los estudiantes de Medicina de la UBA.
Cualquier excusa es válida al momento de justificar la quita de fondos a las Universidades nacionales; probablemente, de las pocas instituciones que en Argentina aún gozan de prestigio y legitimidad social.
En paralelo, el Gobierno Nacional lleva más de 280 días sin cumplir la Ley de Financiamiento que se sancionó en dos oportunidades en el Congreso y cuya razón de ser y aplicación fue validada en diferentes instancias por la Justicia. Aunque el elenco gubernamental debería hacerse cargo y cumplir con la norma, continúa dilatando sus obligaciones con el único objetivo de “cuidar el equilibrio fiscal”.
En última instancia, como siempre, la discusión en torno a la educación es un debate sobre modelos de desarrollo. Un gobierno que no cree en la industria local, que no fomenta a la ciencia y a la tecnología, que no busca agregar valor a ninguno de sus productos, no necesita de recursos humanos formados.
El problema principal, en este caso, es que no solo desatiende la educación superior, sino que también busca retirar al Estado de la educación inicial. Quiere convertir a la escuela en un mercado más y ya se sabe lo que pasa cuando las cosas importantes quedan libradas a las fuerzas del mercado.
Página 12