A través de una presentación de más de 30 páginas, el Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Trabajo, fundamentó los motivos por los cuales el fallo de la semana pasada, amparado en la presentación de la CGT, debería quedar sin efecto.
Se trata de una “decisión política no judiciable” argumentó el Gobierno y, por lo tanto, el fallo nunca debió haber existido. “Resulta necesario exponer cuales son los riesgos de encontrarnos con un Poder Judicial que desatienda las necesidades impostergables que hoy tiene la República Argentina”, sostiene la apelación del Gobierno.
La semana pasada, la jueza Liliana Rodríguez Fernández hizo lugar parcialmente a una acción de amparo de la CGT y declaró la invalidez de los artículos 73 (retención de la cuota sindical); 79 (negociación colectiva); 86 (cláusulas obligacionales); 87, 88 y 97 (servicios esenciales y modalidad de protestas).
En otro pasaje de la presentación del Ejecutivo de este lunes, el escrito manifiesta: “La indiferencia al entendimiento de la situación y la anteposición de intereses particulares por sobre los de la Nación, pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común”.
En ese sentido, para el Gobierno, “el legal y legítimo ejercicio del derecho a huelga ha quedado desnaturalizado por completo”. Por eso, “el derecho constitucional a huelga ha quedado en las últimas décadas convertido en una instancia de violencia, de irrespetuosidad al derecho de otros; diríamos que quedó enmarcado en el ejercicio abusivo del derecho”, remarcaron en la presentación.
“El ejercicio de ese derecho constitucional y supraconstitucional no puede ser llevado a cabo en forma violenta ni tampoco abusiva; es decir, con medidas adicionales que avasallen los derechos de otros sujetos de un modo innecesario para el despliegue de la huelga. Que en definitiva es lo que viene a reglar el DNU”, subrayó el documento.
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