La decisión del tribunal -integrado por los jueces con funciones de revisión Aníbal Pineda, Fernando Barbará y la jueza Elida Vidal-, fue dada a conocer el lunes pasado, tras la audiencia en la que se debatieron las impugnaciones de la defensa respecto de las medidas de coerción personal y patrimoniales ordenadas por el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz, cuando el 30 de abril dio por formalizada la investigación de tres legajos penales contra Bailaque, le impuso 90 días de prisión preventiva efectiva y ordenó la inhibición de sus bienes muebles e inmuebles por 1.500 millones de pesos.
Tras la audiencia de formalización, el juez Bailaque quedó imputado como autor de los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal, conductas contrarias a derecho que habría cometido como titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario.
En tanto, el 13 de mayo pasado y en una investigación conexa a uno de los tres legajos en los que está acusado el juez, también fue imputado por extorsión y tráfico de influencias el financista Fernando Elías Whpei.
Las investigaciones son impulsadas por el titular de la delegación regional de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina; el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) región NEA, Matías Scilabra; y el fiscal federal de la oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari.
De las diversas audiencias que tuvieron lugar en la investigación, que se lleva adelante bajo las reglas del sistema acusatorio establecidas en el Código Procesal Penal Federal (CPPF), también participaron el fiscal general interino con funciones de coordinación del Distrito Rosario, Javier Matías Arzubi Calvo; los fiscales titulares de la PROCUNAR, Diego Iglesias; de la PROCELAC, Diego Velasco; y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
Rechazo ante el posible entorpecimiento
Durante la audiencia de impugnación que se desarrolló entre el viernes y el lunes pasados, los fiscales rechazaron los planteos de la defensa y fundamentaron la necesidad de mantener la prisión preventiva en los términos en los que fue dispuesta por el juez Rodrigues Da Cruz.
En ese sentido, advirtieron sobre el riesgo de que la investigación pueda ser entorpecida en atención a las herramientas a las que puede acceder Bailaque en atención a que aún conserva su rol de juez federal, tales como el acceso a testigos y al sistema informático del Poder Judicial. También resaltaron la gravedad de las conductas que se le atribuyen en la compleja investigación.
Además, el MPF sostiene desde el inicio de las investigaciones que la calificación es un concurso real e ideal de delitos, y que uno de ellos, el de extorsión, tiene una pena mínima de prisión de 5 años, lo cual establece la imposibilidad de una condena condicional.
Tras el debate que tuvo lugar el viernes, el tribunal pasó a un cuarto intermedio, y el lunes último al mediodía dio a conocer su decisión de rechazar la impugnación planteada por los abogados defensores Claudio Pucinelli y Alejandro Parolo en torno a las imputaciones formuladas por el MPF. Los jueces avalaron la investigación de la fiscalía y sostuvieron que cuenta con elementos para apuntalar la posible participación de Bailaque en los hechos delictivos que le fueron atribuidos.
Medida en suspenso
Al dar conocer los fundamentos de lo resuelto, el juez Pineda indicó “que el peligro de entorpecimiento de las investigaciones que manifestó la fiscalía, y sobre las cuales solicita las medidas cautelares, se neutralizará con el arresto domiciliario de Bailaque, ya que la mejor de las distintas opciones que establece el Código Procesal Penal Federal, es la prevista en el inciso ‘J’ del artículo 210, que se refiere básicamente al arresto en su propio domicilio”.
No obstante, aclaró que la medida cautelar “será posible, conforme lo establece la Ley 25.320 en el artículo 1 cuando, en su caso, el Consejo de la Magistratura analice la situación, si corresponde hacer lugar o no a un desafuero o a una suspensión provisoria”.
“Recordemos que el artículo 1 de la Ley 25.320 establece que en caso de dictarse una medida que vulnere la inmunidad de arresto, será efectiva si el Consejo de la Magistratura analiza la suspensión, desafuero o cualquier medida al respecto”, amplió el presidente del tribunal.
Respecto al plazo de la prisión domiciliaria, la medida de coerción se dispuso por el término de 90 días.
Luego, la jueza Vidal se refirió a la aplicación de la medida cautelar y comunicó que la decisión del tribunal era reducir la inhibición sobre los bienes muebles e inmuebles del imputado de 1.500 millones a 600 millones de pesos.
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