La iniciativa es impulsada por el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo y busca dotar de presupuesto a las políticas públicas en la materia. La intención es forzar al Gobierno sobre todo a mejorar la situación de los prestadores de servicios de salud, transporte y educación, quienes denuncian que están al borde del cierre. Para acompañar la propuesta, las asociaciones de prestadores, los centros de día y otras instituciones marcharán este mismo miércoles hacia las puertas del Congreso, donde compartirán concentración junto a los jubilados.
Todo indica que el proyecto obtendrá dictamen positivo este martes en la Comisión de Presupuesto, adonde fue emplazado durante la última sesión en Diputados. De todos modos, el oficialismo intentará oponerse. Fuentes del área ya advirtieron que, de aprobarse, les generaría un déficit de 150 millones de dólares mensual a las arcas del Ejecutivo.
Arroyo, sin embargo, contesta que los fondos están, y que el Gobierno puede reasignar partidas, algo que viene haciendo de forma discrecional durante los últimos dos años, en los que los libertarios gestionaron con el presupuesto de 2023 prorrogado. “El asunto del origen de los fondos se puede resolver durante el debate la comisión”, le dijo Arroyo a Página/12. “Pero en definitiva es lo que hace todos los días el Jefe de Gabinete, que no tiene presupuesto. El Estado tiene que hacerse cargo de un colectivo que sin ninguna duda está en una situación de emergencia- Si la ANDIS quisiera hacer las cosas bien, deberían acompañar”, agregó.
Entre otros argumentos a favor del proyecto, el diputado advirtió que “les están pagando 28 mil pesos por mes a las personas que trabajan en talleres protegidos, a los que les deben enero, febrero y marzo de este año”, lo que fue reconocido por el propio Guillermo Francos durante su informe frente a los Diputados la semana pasada.
Las organizaciones que convocan a marchar este miércoles, en tanto, consideraron que el proyecto “no es solo una respuesta a la crisis actual agudizada con el Gobierno de Javier Milei, sino una herramienta clave para avanzar hacia el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Estado argentino en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional desde la Ley 27.044”.
Entre los puntos más urgentes que establece el proyecto de ley, destacaron la necesidad de “fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas, con actualización mensual de aranceles, que hoy se encuentra con un retraso prestacional del 64 por ciento” y de “financiar adecuada y sostenidamente a la Agencia Nacional de Discapacidad y los programas de atención, salud, accesibilidad, empleo y protección social, que han sufrido un fuerte ajuste”.
El documento, que será entregado como petitorio ante las autoridades de la comisión que preside José Luis Espert, también pide que “la pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social sea compatible con el trabajo y basada en criterios inclusivos y accesibles”.
“Sabemos que queda mucho por delante, pero aprobar esta ley sería un avance en ese largo camino de lucha colectiva por reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos”, finaliza la carta.
Página/12