La discusión por el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional al Congreso volvió a poner en el centro de la escena la situación de las personas con discapacidad y de las familias que dependen de prestaciones, tratamientos y sistemas de apoyo.
Erika Nasir, dirigente del NEPAR, referente del área de discapacidad y madre de una persona con discapacidad, expresó en CIUDAD TV su preocupación por las modificaciones previstas y reclamó a los legisladores que analicen el impacto que podrían tener en la vida cotidiana de las familias.
El proyecto que actualmente es tratado en comisiones incluyó artículos que disponen, entre otros puntos, eliminar la actualización obligatoria, mensual y automática, de los pagos a prestadores de acuerdo con el índice de precios al consumidor. También establece que cada prepaga u obra social quedará autorizada a fijar sus propios valores y elimina las actualizaciones mensuales. Además, se elimina el Certificado Único de Discapacidad y se establece la incompatibilidad de la pensión por invalidez con el trabajo en el sector formal.
Para Nasir, la situación genera preocupación porque las familias y los prestadores ya atravesaron un año de reclamos por la emergencia en discapacidad. “Para nosotros es muy importante poder mostrar lo que realmente está pasando. Es todo una sorpresa siempre”, sostuvo.
En ese sentido, recordó las movilizaciones realizadas durante el año pasado para reclamar por la Ley de Emergencia en Discapacidad y señaló que el Congreso llegó a aprobarla en tres oportunidades, aunque fue vetada por el Poder Ejecutivo. “Por suerte los senadores y los diputados entendieron que es una necesidad básica que tenemos las familias, los prestadores y las personas con discapacidad sobre todo y ahora esto otra vez”, expresó.
Nasir cuestionó especialmente el enfoque que, según planteó, vuelve a vincular la discapacidad con la denominada invalidez laboral. “Uno se siente no solamente solo y que no está respaldado por el Estado, sino que hay una cizaña en contra de las personas con discapacidad”, afirmó.
“Quieren retroceder porque quieren otra vez tratar a la discapacidad como invalidez laboral. La palabra invalidez es agresiva, significa que no sos válido. Entonces, nosotros venimos luchando hace muchos años para que se llame persona con discapacidad, porque más allá de cualquier problema, cualquier forma de vivir, de individualismo, nadie deja de ser persona”, remarcó.
El proyecto también incorpora modificaciones al régimen de pensiones por invalidez laboral y plantea nuevas condiciones de compatibilidad con el trabajo registrado. “La verdad que es una barbaridad, porque la pensión por discapacidad es un derecho, está por ley”, sostuvo Nasir. Y explicó que el Certificado Único de Discapacidad no representa únicamente una condición vinculada con la posibilidad de trabajar, sino que permite acceder a prestaciones específicas.
“El CUD no es solamente porque no tenés trabajo, sino que es porque necesitás ciertas prestaciones que otras personas no. Necesitás cierta atención, cierta mirada especial para poder tener una mejor calidad de vida y para poder intentar quizás en algún momento equiparar los niveles con otra persona que tiene todas sus capacidades”, señaló.
Para graficar las necesidades que atraviesa una familia, Nasir contó la situación de su hijo José Ignacio, de 23 años, quien atravesó durante los últimos cuatro meses una serie de cirugías destinadas a que pueda lograr una mayor independencia.
“Hace cuatro meses empezamos con una serie de cirugías para que él pueda mínimamente bipedestar, se llama, que es pararse con un andador. Ahora terminaron las cirugías, empieza todo un tema de rehabilitación para que él pueda lograr eso. A él le va a dar mayor independencia”, explicó y recordó el proceso judicial que constó de varios “recursos de amparo para que la obra social le cubra esa cirugía”.
A esta situación se suma la demora en el pago del transporte que utiliza diariamente su hijo para trasladarse hasta la institución a la que asiste. “Hace cuatro meses no le pagan. Decime qué hace una persona que no cobra hace cuatro meses”, planteó.
Otro de los ejes de su cuestionamiento está relacionado con el nomenclador de prestaciones. El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar el esquema vigente de valores universales y de actualización, un punto que distintos sectores vinculados con la discapacidad advierten que podría afectar la previsibilidad de los prestadores.
“Es el que regula los precios a pagar a los prestadores, por kilómetro al remisero, al transporte, por hora a las terapias, por horas al kinesiólogo, por horas al instituto, todo el conjunto de personas que trabaja con una persona con discapacidad”, explicó Nasir.
La iniciativa del gobierno, planteó la referente, “lo que hace es desregular, no existe más este nomenclador y cada uno va a tener que ir a negociar con la obra social”. Y remarcó que las obras sociales cumplen un papel de intermediación dentro del sistema de financiamiento de las prestaciones.
Frente a este escenario, Nasir adelantó que buscarán comunicarse con los representantes chaqueños en el Congreso para plantearles la preocupación de las familias. “Lo que habíamos hecho nosotros el año pasado fue puntualmente llamar y mandar mensajes a los senadores y a los diputados”, recordó y adelantó que en esta oportunidad tomarán la misma medida.
La referente de discapacidad mencionó entre los senadores chaqueños a Jorge Capitanich, Silvana Schneider y Juan Cruz Godoy, y entre los diputados a Gerardo Cipolini, Carlos García, Guillermo Agüero, Aldo Leiva, Julieta Ocampo, Sergio Dolce y Rosario Goitia.
“Los invito a que vengan y vean no solo mi realidad, sino la de toda una comunidad discapacidad, de cómo se vive el día a día, de por qué es necesario que siga vigente la Ley de Emergencia en Discapacidad y que no se tienen que sacar esos artículos”, cerró.