“En su carácter de Secretaria General de la Presidencia, reforzada por la condición de hermana, Karina Milei maneja la agenda de entrevistas del Presidente. Ya habían existido menciones sobre pago de candidaturas, que fueron solo eso. Coincidentes, pero menciones sin precisiones. Desde el día viernes 14 de febrero por la noche, ocasión en que se conoció la participación del mandatario en la posible defraudación a través de $LIBRA, personas vinculadas, y que han quedado señaladas, han expresado en chats privados – luego difundidos – que la denunciada era la que pedía sobornos. Uno de los que primeros en hacerlo, fue el trader Hayden Davis”, fundamenta la denuncia.
“En la Justicia de Estados Unidos, la nombrada está acusada de ser quien coordinó las reuniones entre el Presidente y los promotores de la polémica cripto”, agrega el escrito presentado por los diputados de la Coalición Cívica.
Además, citan al al empresario digital Diógenes Casares quien ratificó en redes sociales que un alto funcionario recibió dinero para que el Presidente difundiera $LIBRA. Este mismo empresario señaló a un integrante del gabinete como el conocedor de un pago para que Javier Milei publique en su cuenta de X la criptomoneda $Libra.
“Más allá del escándalo de las criptomonedas y la participación presidencial y de su entorno, también personas ajenas a esto expusieron públicamente sus experiencias personales, sobre el rol de posible ‘cajera’ de la Secretaria General”, explica la denuncia de los diputados de la CC. En este punto, adjuntan el ejemplo de Juan Carlos Pallarolls que comentó en una entrevista de fines de 2023 que fue derivado para hablar con su hermana Karina Milei cuando solicitó un encuentro con el por entonces presidente electo. “La denunciada le solicitó, para concretar la audiencia, un depósito de US$ 2000, asignándole a esos fines ‘una cuenta’”, enumera el texto presentado por Frade.
“Tantas referencias en el mismo sentido resultan aptas para que se provea una investigación al respecto porque, de ser así, la nombrada estaría aprovechándose en beneficio propio y/o familiar, de su ubicación en la función pública, comercializando el cargo de su hermano”, añade la denuncia y suma también el testimonio de la periodista Cristina Pérez, esposa del ministro de Defensa Luis Petri, que afirmo tener tres fuentes del gobierno con conocimiento del “entorno” que acerta empresarios al Presidente a cambio de dinero.
“Se puede suponer que la nombrada le dio reiteradas entradas a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, para reunirse con el Presidente de la Nación, a todos los implicados en lo que se diera en llamar “Cypto $LIBRA” y que haya sido tarifado de uno u otro modo. Los ingresos (nueve) según registros oficiales, de Mark Hayden Davis datan del día 11 de junio del año 2024. El día 16 de julio del año 2024 ingresó nuevamente con Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy”, sostienen los legisladores.
El diario La Nación publicó el día 20 de febrero de este año la relación cercana entre NW Professionals escuela de traders del argentino Mauricio Novell donde el propio Javier Milei daba clases. “El vínculo entre ambos era frecuente, al punto de organizar el ‘Tech Forum’. Al parecer el entorno de los nombrados a la persona del Presidente de la Nación, era un modo de “vender” mejor los productos que gestaban. Según esa misma nota, ese diario accedió a una “docena de conversaciones de distintas personas con Davis de meses y semanas atrás, en los que el joven aseguraba haber sobornado a miembros del gobierno de la Argentina, para que Milei realice estos posteos”, explica la denuncia.
“Si las entrevistas y encuentros presidenciales para el destino que fuera, pasaban sólo por las manos de la denunciada, tendrá que ser materia de indagación el recorrido de esa recaudación”, manifiesta el escrito.
Por su parte, argumentan que la Ley 25.188, de Ética en el ejercicio de la función pública
resulta “contundente”. En su artículo 2 inciso ‘C’ establece que “los funcionarios públicos ‘deberán velar en todos sus actos por los intereses del Estado orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera, el interés público, por sobre el particular’”, sostienen Frade y Ferraro y agregan: “El inciso ‘D’ exige ‘no recibir ningún beneficio personal indebido, vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven de ello’”.
“En su Capítulo IX, se introducen las reformas al Código Penal. El artículo 31 modifica el artículo 256 del Código Penal, que reza: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por si o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”, concluye la denuncia presentada por los diputados.
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