El 25 de agosto de 2015, hace diez años, empezaba a funcionar el fuero contra el narcotráfico en el Chaco que se constituyó en una pieza esencial en la lucha contra este flagelo. Fue a partir de la adhesión a la ley 26.052 que estableció el régimen de desfederalización mediante el cual los poderes judiciales provinciales se hacían cargo de la investigación y sanción del microtráfico de estupefacientes. Para eso se creó una estructura con dos fiscalías de investigación, una defensoría oficial y un juzgado de garantías especializados en la temática.
Desde 2015 las fiscalías trabajaron sin pausa en las investigaciones penales preparatorias y elevar a juicio las causas. En tanto que el juzgado de garantías se consolidó como el órgano encargado de traducir esa investigación en operativos concretos al ordenar allanamientos, habilitar intervenciones telefónicas y vigilancia y supervisar los operativos de incineración de drogas secuestradas. Mientras que la defensoría tiene un rol clave en asegurar que durante los procesos judiciales se respeten los derechos básicos de las personas.
Sin embargo, pese a la contribución indudable del fuero y a los reclamos realizados en numerosas ocasiones a través de los años, la provincia nunca recibió los aportes que la nación se comprometió a entregar para solventarlo. Así, los fondos necesarios para su funcionamiento (NdeR: que en el presupuesto 2025 fueron estimados en, al menos, $3.000 millones) son aportados por el presupuesto del Poder Judicial del Chaco, lo que obliga a desatender otras cuestiones vitales para el servicio de justicia.
Más cerca de la comunidad
Una de las virtudes más notorias de la desfederalización se percibe en el acercamiento de los vecinos a las fiscalías para brindar información respecto a los sitios que funcionan como centros de venta de estupefacientes en los barrios.
Estas contribuciones son canalizadas a través de los foros de seguridad o a través de las denuncias anónimas un canal que antes estaba reservado únicamente al fuero federal. El aporte de la línea 0800-DROGAS resultó fundamental en este sentido. En 2024, año en que se puso en funcionamiento, recibió 294 comunicaciones de ciudadanos que optaron por no identificarse y, en lo que va de 2025, la cifra asciende a 115. Esto contrasta con las ocho realizadas en 2023. El valor de esta vía de contacto queda comprobado al observar que 75% de las denuncias anónimas resultaron válidas y fueron judicializadas.
Recuperación de activos e inmuebles
La persecución del narcomenudeo permitió que diversos activos e inmuebles que eran utilizados en la comercialización de drogas fueran recuperados y puestos al servicio de la comunidad de acuerdo con lo establecido por la ley 1238-A.
Así automóviles, motocicletas e inmuebles fueron destinados al cumplimiento de funciones de seguridad y ciudadana con una leyenda que los identifica como recuperados en la lucha contra el narcotráfico.
Integrantes
Los organismos jurisdiccionales que integran el fuero contra el narcotráfico son:
- Fiscalía antidrogas Nº 1: Natalia Lovey Pessano en la Fiscalía Antidrogas Nº 1
- Fiscalía antidrogas Nº 2: María Eugenia Arechavala (actualmente de licencia. Suplente: Mariángeles Benítez).
- Defensoría oficial: Walter Milcoff.
- Juzgado de Garantías Nº 5: María Belén Chapresto.