La Libertad Avanza y bloques dialoguistas se alzaron en la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría sobre un proyecto que busca castigar el vandalismo rural, al introducir modificaciones en el Código Penal. Por su parte, Unión por la Patria presentó su propio dictamen, en base a una iniciativa del massista Ramiro Gutiérrez, quien advirtió que en la propuesta oficialista en realidad “se bajan penas”; mientras que el Frente de Izquierda anticipó un dictamen de rechazo.
El oficialismo se quedó con el despacho de mayoría con 41 firmas, durante un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería, presididas por Laura Rodríguez Machado (LLA) y Martín Ardohain (Pro). De esta manera, el texto quedó listo para ser llevado al recinto en una eventual sesión.
Precisamente Ardohain fue el impulsor del tema, el cual calificó como “muy caro a todo el interior del país”. Para el pampeano, con este proyecto “salimos de esta visión urbanística del Código Penal, que tanto abandono y desprotección le generó al interior profundo. Hablamos de federalismo, de que la gente se quede en el interior, pero no le damos las condiciones. Hoy estamos dando un gran paso para que las familias estén un poquito más protegidas”.
“Estamos cansados de escuchar que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, porque hoy estamos hablando de una contravención”, señaló sobre el hecho de que una persona intruse un establecimiento rural.
A su turno, Gutiérrez recordó que “el vandalismo rural era un concepto jurídico que nadie había pensado” hasta que en 2020 se pensó “crear una nueva figura de daño agravado; lo hicimos con el doctor Sergio Massa, con un proyecto original que cada dos años se fue renovando en esta Cámara”.
Sobre la propuesta de Ardohain, consideró que “es un proyecto inconveniente que no va a solucionar” estos hechos, más allá de las buenas intenciones, y que “genera lo que en derecho penal se conoce como duplicación normativa”, afirmó. “¡Van a bajar las penas en todos los delitos que afectan la producción agropecuaria!”, enfatizó y repasó uno por uno los artículos que hoy castigan más duramente esos hechos.
“Este proyecto no debe prosperar, no están protegiendo a la propiedad rural”, sostuvo el diputado de UP y agregó: “Los vándalos se van a estar riendo: tienen un año para que los investiguen y después las causas van a morir, y los delitos más severamente castigados pasan a ser duplicados, y el juez, el fiscal y la policía no van a saber qué hacer”.
En contra de ambas iniciativas, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman dijo sobre el dictamen encabezado por el oficialismo: “Yo escucho, leo y veo lo que están presentando y me suena que están protegiendo a (Joe) Lewis”. Luego denunció que “están blindando la Ley de Tierras” y alertó por un artículo particular, en el que “vuelven a atacar la difusión de ideas y opiniones; un artículo totalmente abierto donde toda opinión política puede quedar incluida” para ser castigada.
En cuanto al texto de UP, la legisladora observó que “aclara que se quieren proteger las infraestructuras críticas, esas que Estados Unidos dice que hay que proteger para que nosotros llevemos nuestros proyectos de data centers. Entonces, el proyecto de Gutiérrez complementa lo que el otro nos puede dejar como sospecha”.
Más tarde, Ardohain le respondió: “Si alguno se le ocurre que esto es un pedido de afuera, realmente vive otra realidad; este es un pedido del campo argentino, provincia que vayan hablan de la inseguridad que tienen en la vida diaria”. “Indudablemente la cercanía que tenes con el interior deja mucho que desear”, le lanzó a Bregman y ratificó que “esto no es un pedido de afuera, ni tiene nombre y apellido”.
Durante el debate, el diputado de UP José Glinski cuestionó que el Gobierno hace casi tres años prometió enviar una reforma integral del Código Penal y no sucedió. Al hacer alusión a la exposición de Gutiérrez, expresó que “demostró que son impresentables y se mandan cagadas; terminan bajando penas, superponiendo delitos que ya existen… Laburen, hagan las cosas en serio”.
Finalmente, el oficialista Francisco Morchio insistió que el proyecto “no está hecho a la medida de Lewis ni nadie, está hecho a medida de los productores agropecuarios que viven en el campo, de los empleados rurales”. “No es el espíritu de este proyecto disminuir penas a quienes cometen delitos rurales”, aseguró y deslizó que, en caso de haber errores, se podrá modificar antes de su llegada al recinto, pero igualmente “ha estado consensuadamente analizado”, afirmó.
El proyecto promovido por Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, propone la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, el que cual establecería una pena de prisión de un mes a un año al que “entrare en establecimiento rural, terreno o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.
“Se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”, añade el texto, al tiempo que aclara que “no se configurará el delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública”.
Además, plantea incorporar el artículo 184 bis al CP, que prevé penas de prisión de 2 a 8 años y multa de 3 a 12 veces “el valor del daño causado, el que, sin causar una situación de peligro común, destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare” elementos que afecten “de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario”. En ese sentido, se enumera cereales no cosechados, silobolsas, ganado, leña, etc.
“En idéntica pena incurrirá quien destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o extracción de agua”, suma y añade que “la pena mínima se elevará al doble si el autor o quien hubiere determinado a otro a cometer el hecho fuere funcionario público o se dedicare habitualmente a la actividad agropecuaria”.
Finalmente, se modifica el ya existente artículo 209 del Código Penal, que contempla actualmente pena de prisión de 2 a 6 años para el que públicamente instigare a la comisión de un delito y se incorpora que “la pena se aumentará en un tercio si la instigación se realizare a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales”.
En tanto, la iniciativa de Gutiérrez -representada en base a un proyecto que había perdido estado parlamentario-, prevé la incorporación de una definición legal de “peligro común” y de “estrago” en el artículo 77 del CP.
A su vez, busca incorporar el artículo 184 bis al CP para establecer penas de prisión de uno a cuatro años para el que “mediante destrucción, inutilización, vandalismo o cualquier otro medio idóneo de daño, afectare de manera relevante el normal funcionamiento o la continuidad de la actividad de un establecimiento rural, industrial o productivo”.
El texto indica que la pena pasará de dos a seis años cuando “el hecho recayere sobre bienes, insumos o infraestructuras esenciales para el desarrollo de la actividad; fuere cometido por dos o más personas que actuaren de manera coordinada; u ocasionare un perjuicio económico de significativa magnitud.
Además, se prevé una modificación al artículo 186, con un incremento de las penas de prisión de seis a quince años para quien causare estrago doloso en un establecimiento rural, industrial o productivo; y una reformulación del estrago culposo en el artículo 189 del CP.