El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, ocupó esta tarde junto a un grupo de activistas y diputados el edificio del Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones históricas y de divulgación que el Gobierno anunció su cierre esta semana. Luego lo detuvieron, en un operativo de desalojo que finalizó con incidentes.
Alrededor de 50 personas ingresaron alrededor de las 14 en la sede del edificio público. Además de Grabois, en el grupo estaban presentes los diputados nacionales de Unión por la Patria, Itai Hagman y Natalia Zaracho, el senador bonaerense Federico Fagioli y la diputada provincial Lucía Klug, que forman parte del Frente Patria Grande. Desde los balcones, los militantes colgaron una bandera con las consignas “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”.
Habrían entraron por una puerta interna, lindera al centro de estudios, a través de una cafetería “Un café con Perón”. Según indicaron fuentes de la policía porteña a Infobae, en el interior había dos agentes de la Policía Federal (PFA) para custodiar esas dependencias. Los uniformados habrían forcejado con los militantes para evitar el ingreso, y tuvieron que salir ante la protesta.
Tras la ocupación del establecimiento, cerca de las 17, agentes de infantería de la PFA avanzaron con el desalojo del edificio, en conjunto con la Policía de la Ciudad, que estableció un perímetro en la zona. Los efectivos federales lanzaron gas pimienta y, entre golpes y empujones, detuvieron a Juan Grabois.
“Hace minutos la juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita donde funcionaba el instituto de estudios Juan Domingo Perón disuelto ilegalmente por el régimen de Milei”, señaló Grabois, con un posteo publicado desde su cuenta personal de X, al anunciar la protesta. “Aquí los antecesores de este gobierno tiraron sus bombas asesinas hace 70 años y el gobierno estafador destruyó las estatuas de nuestros próceres hace 7 días”, agregó.
Grabois presentó la acción como un hecho de “resistencia no violenta”. “Es un acto de presencia pacífica y de reafirmación del derecho de nuestro pueblo a su memoria histórica, no solamente de los peronistas, de los hijos de peronistas y de los nietos de peronistas, sino de cualquier ciudadano argentino o extranjero que quiera conocer su historia”, explicó el dirigente al mismo medio.
“Acá había un museo, un lugar de homenaje permanente, como dicen las placas que todavía no sacaron. Varias ya las sacaron. Hicieron una cosa muy fea: pusieron una bolsa mortuoria en la estatua de Perón y Evita. Este era un lugar de referencia para gente de todas las ideologías y venían muchas personas de afuera” del país, agregó.
El 7 de mayo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno cerrará el Instituto Perón, junto con la Comisión Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Perón. Según explicó, la Casa Rosada tomó la decisión porque ambas instituciones representaban “una carga presupuestaria injustificada”. Y puntualizó que “la investigación histórica sobre el expresidente Perón ya se lleva adelante a través de universidades” y otras instituciones que “garantizan un estudio académico libre de condicionamientos estatales”.
Según Grabois, la idea de que existían muchos gastos “es totalmente falso”. “Tenía la posibilidad de dárselo a la ONG que ellos quieran para que lo gestione. Hay un montón de gente que está dispuesta a sostener este lugar gratuitamente”, contestó.
Con el anuncio oficial de cierre, el Partido Justicialista (PJ) presentó días atrás una medida judicial y le pidió al Gobierno que se transfieran el patrimonio, bienes y documentos que estén en la institución para hacerse cargo de su gestión, y asegurar la continuidad de sus funciones sin financiamiento estatal.
Poco después de conocerse la protesta, a través de un comunicado oficial, el ministerio de Capital Humano indicó que el organismo “contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos”. Y justificó la decisión al señalar que “la totalidad de su presupuesto era destinado al pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos, no habiendo realizado sus autoridades ninguna investigación a los fines de cumplir con el propósito del instituto”.
Por esos motivos, según la cartera ministerial a cargo de Sandra Pettovello, se avanzó con la disolución, y “se tomaron las acciones pertinentes para resguardar el patrimonio histórico y cultural del Instituto, encontrándose todo inventariado y en proceso de selección para su destino a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación”. “Afortunadamente, estas medidas de salvaguarda del patrimonio evitaron que se produzca su daño, destrucción o desaparición por parte de quienes irrumpieron con violencia en el inmueble en la tarde de hoy”, concluye el comunicado.
Nombrado oficialmente como Instituto Nacional “Juan Domingo Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, el organismo fue creado en 1995 por el presidente Carlos Menem, y funcionaba desde 1997 en la antigua Quinta Unzué, en un edificio auxiliar, ubicado en la calle Austria 2593.
Destinada desde 1943 a residencia presidencial, el establecimiento solo cumplió esa función durante la gestión del general Perón. En ese domicilio murió Eva Perón en 1952, y el expresidente la habitó hasta su derrocamiento en 1955.Un grupo de militantes tomaron la sede del Instituto Perón en la Ciudad de Buenos Aires
En 1958, el dictador Pedro Eugenio Aramburu ordenó su demolición, salvándose la actual sede del Instituto, que reúne biblioteca, hemeroteca, videoteca y archivo especializados.
“Para nosotros es un símbolo de los atropellos del Gobierno contra los derechos sociales. Acá se escribieron derechos muy importantes, que hoy se están violando, como los de la niñez. Quieren destruir el Hospital Garrahan, los de la discapacidad, los de la ancianidad, le sacan los remedios a los jubilados, la educación superior gratuita. Muchos de esos derechos se forjaron acá, y son parte de la identidad de nuestro país”, indicó Grabois.
“Va a haber una permanencia pacífica. ¿Hasta cuándo? Salvo que haya una orden judicial, que apelaremos. Haremos todo el procedimiento legal correspondiente. Yo estoy no solo en mi carácter de ciudadano. Estoy ejerciendo mi profesión como abogado. Así que, la verdad, nosotros no les tenemos miedo. Nosotros creemos que el miedo se contagia y el coraje también se contagia”, había dicho Grabois a este medio.
Fuente: Infobae