Osvaldo Soto, representante del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de la Seccional Barranqueras, expresó fuertes críticas al decreto del Ejecutivo nacional que declara al cabotaje marítimo como servicio esencial, flexibiliza la composición de las tripulaciones y permite la operación de buques extranjeros bajo bandera argentina. “Es muy lamentable que esto suceda porque se pierde mucha mano de obra”, dijo en entrevista con CIUDAD TV.
Consultado sobre la movilización del miércoles, Soto señaló que el sector de la pesca está en “lucha para actualizar los salarios” y apuntó que los haberes “están vencidos desde el 31 de marzo”. “La propuesta de las empresas es de 1 por ciento mensual en los tres meses en discusión, lo que daría un total del 3%, lejos de la inflación del último semestre que fue de un 8 o un 9%”, planteó.
Respecto de la nueva normativa en la marina mercante, afirmó: “Nos afecta en todo sentido y no solamente a los trabajadores fluviales y marítimos, sino a toda la actividad”. Advirtió que “ya nuestra marina mercante viene en agonía” y recordó que durante el gobierno de Menem se derogó la ley de marina mercante, medida que fue parcialmente revertida en 2004. “Recuperamos un porcentaje mayor en el cabotaje nacional que nos permitió volver a tripular barcos con bandera argentina y generar mano de obra nacional y genuina”, destacó.
Es que el DNU 340/2025 sobre la navegación comercial habilita a que buques foráneos operen con matrícula argentina, les extiende el período de 30 a 60 días para realizar cabotaje y modifica la composición de la tripulación que ya no deberá cumplir requisitos como ser contratada bajo la legislación laboral argentina. Es decir, los contratos podrán adaptarse a condiciones internacionales durante el período de suspensión de bandera.
Según Soto, el nuevo decreto promueve “la llegada de barcos extranjeros con convenios bilaterales que buscan unificar un salario muy lejos de la realidad”, y criticó la pérdida de derechos: “No solamente se violan los derechos de los convenios colectivos de trabajo, sino también de nuestra propia soberanía”.
El dirigente remarcó que el convenio de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte-ITF que podría usarse como base “no garantiza aportes sindicales ni jubilatorios” y que con la declaración de servicio esencial “no van a poder realizar huelga las áreas esenciales, entre ellas el sector marítimo”.
Soto también cuestionó la falta de diálogo: “Este gobierno jamás convocó al sector, a los trabajadores, para conocer la situación, para buscar herramientas, el consenso entre las partes”. En ese sentido, consideró: “Violentan los derechos de los trabajadores a través de un decreto”.
Al ser consultado sobre la postura de la administradora del puerto de Barranqueras, Alicia Azula, quien respaldó la medida, Soto expresó: “A nosotros no nos favorece en nada, porque este decreto no va a permitir a nuestros trabajadores, a nuestra gente, a los chaqueños, a los litoraleños, poder tripular las embarcaciones que vengan a buscar nuestro producto”.
“Vamos a quedar mirando cómo los extranjeros siguen explotando la riqueza de nuestro país, nuestra vía natural”, lamentó. Y agregó: “Chaco es una provincia netamente agroexportadora, y van a venir tripulaciones y barcos con otras banderas, con otros convenios”.
El sindicalista subrayó además la pérdida de capacidades nacionales: “Tenemos astilleros que hemos fabricado barcos, tenemos escuela de formación con personal idóneo, Argentina reúne las condiciones, las vías más navegables, más extensas”.
Finalmente, llamó a buscar alternativas para frenar o revisar la medida: “Esperemos que haya algo que se pueda hacer en lo legal para tratar de frenar esto, o tratar de ver un mecanismo que tenga consenso y no sea tan catastrófico y tan terrorífico para el trabajador y para nuestra soberanía”.