Un antiguo sindicalista catalán, Carles Vallejo, presentó en noviembre una demanda por las presuntas torturas policiales sufridas en 1970 y 1971 en una comisaría de Barcelona donde los malos tratos eran frecuentes durante el franquismo (1939-1975).
Una jueza de Barcelona declinó investigar los hechos “al estar prescritos y amnistiados”, y “no constituir delito de lesa humanidad por torturas”, informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado.
La organización de derechos humanos Iridia, que apoyó la denuncia de este antiguo sindicalista, lamentó la resolución.
“La negativa a investigar los crímenes del franquismo supone una vulneración del derecho a la verdad, la justicia y la reparación y supone la continuidad y la permisibilidad del modelo de impunidad basado en el silencio y el olvido aún vigente en el Estado español”, sostuvo Iridia en un comunicado que fue recogido por la agencia de noticias AFP.
En 1977, con los primeros pasos de la democracia española, se aprobó una ley de amnistía con la que se hizo borrón y cuenta nueva de los delitos políticos cometidos bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), tanto los del régimen como los de la oposición.
Basándose en esa ley, siempre se rechazaron las demandas por crímenes del franquismo.
“Apelaremos la decisión”, anunció la consejera regional catalana de Justicia, Gemma Ubasart, en un mensaje en la red social X (exTwitter).
La querella había recibido el apoyo de la fiscalía, que vio en la aprobación de una nueva ley de Memoria la posibilidad de empezar a juzgar crímenes de la Guerra Civil (1936-1939), y de la subsiguiente dictadura.
“La nueva Ley de Memoria Democrática impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del Derecho Internacional de los DDHH y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante la guerra civil y la dictadura”, argumentó entonces la Fiscalía.
Otra denuncia presentada en Madrid sí fue aceptada a trámite por la justicia y sigue su curso, y su presunta víctima, Julio Pacheco Yepes, que fue detenido cuando era un estudiante y torturado, se convirtió en septiembre en el primero en declarar ante un juez en democracia por presuntos delitos del franquismo.
La aprobación en octubre de 2022 de la Ley de Memoria Democrática supuso un importante espaldarazo para las víctimas del franquismo, ya que entre sus medidas incluía la creación de una fiscalía dedicada a investigar denuncias que nunca llegaron a juicio.
Télam