“Manifestamos nuestra profunda preocupación, ya que las expresiones vertidas durante el acto constituyen no sólo una amenaza potencial a la paz social y la seguridad pública, sino que también vulneran principios esenciales de nuestra democracia”, destacaron, y pidieron que el Ministerio Público Fiscal investigue a los tuiteros devenidos funcionarios y empleados del Estado por los delitos de intimidación pública, incitación al odio e incitación a la violencia colectiva.
La denuncia, fundada en notas de prensa, videos e imágenes que difundieron los propios protagonistas, se centra en el acto que un puñado de feligreses de “Las fuerzas del cielo” realizó en la Sociedad Italiana de San Miguel con la intención de ganar visibilidad con vistas a integrar las listas de candidatos del espacio libertario en 2025.
Los diputados santafecinos se detienen en particular en las declaraciones del empresario Daniel Parisini, responsable político del armado y conocido en las redes sociales como “Gordo Dan”, quien afirmó que la agrupación sería “el brazo armado” y “la guardia pretoriana” de Milei. Explican que brazo armado implica la existencia de un grupo organizado con capacidad y disposición para ejercer la violencia en defensa de un proyecto, ubicándose en la esfera de la intimidación y la amenaza hacia opositores y disidentes, en tanto guardia pretoriana se asocia al uso de la fuerza para proteger el poder de una figura autoritaria, remite a un cuerpo paramilitar que servía de escolta a emperadores romanos, y socialmente se refiere a un cuerpo armado compuesto por mercenarios crueles dispuestos a dar muerte.
Ambas expresiones “contienen una carga de violencia simbólica y directa, ya que incitan al odio y a la persecución hacia quienes puedan ser considerados ‘enemigos’ de este proyecto político”, apuntan, y encuadran las conductas en la Ley Antidiscriminación 23.592, que pena la propaganda y los discursos que inciten al odio por razones políticas, religiosas o de identidad sexual, entre otras.
Los mismos conceptos generan alarma social al promover “la idea de que un grupo armado o paramilitar operará como garante del poder político, afectando la seguridad y la tranquilidad pública, lo cual podría encuadrarse en el artículo 211 del Código Penal”, que establece para la intimidación pública penas de dos a seis años de prisión. Al mismo tiempo “estas expresiones alientan la violencia colectiva al proponer la existencia de una estructura con capacidad de acción violenta en defensa de un determinado sector político”, delito para el que el Código Penal prevé (artículo 212) de tres a seis años de cárcel.
“En una democracia constitucional, las expresiones que promueven el uso de la violencia como herramienta política son absolutamente incompatibles con los principios fundamentales del Estado de Derecho”, y una organización que se autodenomina “brazo armado” o “guardia pretoriana” no sólo es “contraria a la paz social, sino que representa una amenaza concreta a los derechos y garantías de todos los ciudadanos”, advierten los legisladores santafecinos.
La denuncia destaca que “la carga simbólica y discursiva” de las expresiones de Parisini, como integrante de La Libertad Avanza y responsable político del espacio, revisten especial gravedad por ser “un referente político con capacidad de influir en sectores sociales y políticos”, entre los cuales “convalidad y normalizan la violencia en el ámbito político”, lo cual “puede tener repercusiones directas en la conducta de los seguidores de este movimiento”.
Agustín Laje es el segundo agitador que fue “explícito al alentar el odio e incitar a la persecución”, advierten, y citan su advertencia sobre un futuro próximo “de mucho combate”, en el que “podemos identificar perfectamente a la gente de bien y a la gente de mal” (sic), léase “los que defendemos la vida y la dignidad humana” versus “los zurdos hijos de puta” (sic). “Lo mínimo (sic) que podemos hacer con ellos es insultarlos”, propuso, y evitó precisar qué sería lo máximo. La denuncia pide que se cite a declarar, además de Parisini y Laje, a Alejandro Álvarez, Agustín Romo y Nahuel Sotelo, también por su “participación activa en la promoción de las ideas violentas”.
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