Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Mónica Frade presentaron este jueves una denuncia penal contra el jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, por los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en su Declaración Jurada patrimonial.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de investigar los posibles delitos e irregularidades cometidos por funcionarios de la Administración Nacional, ya inició el lunes un expediente contra Vázquez, quien en carácter de jefe de la DGI debe controlar la evasión impositiva y, sin embargo, compró tres departamentos en Estados Unidos a través de sociedades en paraísos fiscales, según surge de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que publicó elDiarioAR, y La Nación. Los bienes no fueron informados por Vázquez en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).
El expediente iniciado a partir de esta denuncia de los diputados del partido que lidera Elisa Carrió será tramitado por el fiscal federal Carlos Rívolo, en coordinación con la PIA, a cargo de Sergio Rodríguez.
El miércoles, Carrió había cuestionado con dureza a Vázquez, de quien dijo que es “mafia pura” y dijo que su “padrino político”, Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente de la Nación, Javier Milei, que no tiene cargo formal en el Gobierno, al que le factura como monotributista, “está fascinado con esos vínculos y con la fama”.
Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, ya fue investigado por sus supuestos vínculos con cuentas bancarias offshore pero la última información revelada demostró un entramado distinto y desconocido.
Los tres departamentos en Estados Unidos que el jefe de la DGI compró a través de sociedades en el exterior totalizaron un monto superior a los US$2 millones. Vázquez administra dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante una compleja red de sociedades offshore que continúa activa e incluye una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.
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