La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), resucitada por obra y gracia de un decreto de Javier Milei, aparece nuevamente involucrada en una denuncia de espionaje ilegal. Todo indica que el organismo habría estado produciendo información sobre dirigentes políticos opositores, gremios e incluso agrupaciones de jubilados u organizaciones de personas con discapacidad. El senador Martín Lousteau confirmó a Página/12 que, en las próximas horas, convocará a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) que él preside. Desde Unión por la Patria (UxP) reclaman una pronta intervención del Congreso y trabajan en una denuncia judicial.
El periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, tuvo acceso a un documento que lleva por título Hechos Previstos 09JUL25, que da cuenta de que la SIDE monitoreó qué protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales estaban previstos para ese día. El 9 de julio cayó miércoles, día en el que suele haber movilizaciones en la zona del Congreso encabezadas por los jubilados. En esa fecha, también, venció el plazo para la presentación de las alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires.
La SIDE está dividida en cuatro grandes áreas desde que Milei la regresó a la vida. El informe habría sido confeccionado por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), que pretende ser la réplica vernácula de la NSA de los Estados Unidos. Entre las funciones que le da el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 614/2024 están las de lidiar con cuestiones de seguridad interior tales como el crimen organizado, narcotráfico, proliferación de armas y amenazas contra el orden constitucional.
La ASN es conducida por el comisario general retirado Alejandro Cecati. Durante el gobierno de Cambiemos, Cecati ostentó el cargo de director general de Protección de Estado. Como tal, era responsable de la custodia de Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich y Gerardo Milman. En 2021, cuando el juez Martín Bava lo llamó a indagatoria por el espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan, Macri pidió que Cecati fuera convocado a declarar como testigo a su favor.
Cecati vuelve a estar en el ojo de la tormenta con la filtración del informe que se habría elaborado en la ASN. La lista de personas monitoreadas es extensa. El reporte habla de una reunión en La Plata entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner por el cierre de alianzas o de un encuentro entre Facundo Manes y Néstor Grindetti. También hay información de senadores como Eduardo “Wado” de Pedro (UxP) o Guadalupe Tagliaferri (PRO). Además, se relevó la actividad de las centrales gremiales como la CGT y la CTA y de distintas expresiones de trabajadores de la salud, Vialidad Nacional, el sindicato del neumático y La Bancaria. Hay reportes sobre Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes), La Cámpora, el Partido Justicialista (PJ) bonaerense, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires, entre otros.
La SIDE metió sus narices, además, en las actividades que tenían previstas los jubilados o las personas con discapacidad. Página/12 consultó a Cristina Caamaño, exfiscal y exinterventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), si existía algún supuesto que habilite al organismo a estar reuniendo información sobre opositores o personas que se movilizan. “No, es simplemente una violación a la Ley de Inteligencia”, respondió.
El artículo cuarto de la ley 25520 establece que ningún organismo de inteligencia puede “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
No importa si esta producción de inteligencia se hace mediante seguimientos, infiltración o explotación de fuentes abiertas. “En cualquier caso, es una violación flagrante de la Ley de Inteligencia”, sostiene Agustín Rossi, que también estuvo al frente de la intervención de la AFI. “La SIDE debe producir inteligencia estratégica que le permita al decisor, en este caso al Presidente, tomar decisiones en áreas claves del país. Seguir la actividad política de los opositores no es inteligencia estratégica sino que nos lleva a los peores momentos del aparato de inteligencia”.
La SIDE en la mira
El diputado Leopoldo Moreau enfatizó en diálogo con este medio la gravedad de la información que salió a la luz. Desde UxP también trabajan, por estas horas, en una presentación judicial. “Los argentinos estamos hartos de los insultos de Milei, de la represión que lleva adelante la mercenaria de la violencia Patricia Bullrich y del espionaje y la persecución política. No vamos a naturalizar que esto siga ocurriendo. Vamos a investigar y denunciar estas prácticas y a sus responsables. No vamos a dejar que eliminen a la democracia y al Estado de Derecho para imponer una política económica de miseria y de entrega del patrimonio nacional”, escribió Moreau en la red social X.
En el transcurso del lunes, Lousteau va a convocar a la CBI. Tendrá que acordar con el resto de los integrantes cuándo se reunirá la comisión –que, a priori, tenía previsto congregarse la semana próxima. Lo que está claro es que la nueva denuncia ingresará como tema prioritario en el temario.
No es la primera vez que circulan denuncias serias sobre el accionar de la SIDE, que es dirigida por Sergio Neiffert, un hombre que responde al asesor Santiago Caputo. Se conoció que el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que Neiffert entregó en octubre del año pasado, habilitaría la vigilancia sobre opositores, periodistas, quienes cuestionen la política económica del Presidente, quienes estén en contra del alineamiento con Estados Unidos o Israel e incluso quienes se propongan actividades de defensa de los recursos naturales.
Hacia fines de mayo, La Nación publicó que existía una directiva firmada por Diego Kravetz, jefe de Operaciones de la SIDE, que disponía monitorear la acción de grupos sociales vulnerables. Todo esto coincidió con distintas informaciones periodísticas que daban cuenta de que los operativos de los miércoles no se diseñan únicamente en el Ministerio de Seguridad, sino que también involucran a la SIDE.
Estos hechos ya fueron denunciados en junio por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia inicialmente recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. Sin embargo, el fiscal Gerardo Pollicita entendió que la denuncia debía acumularse a otra anterior que tramitaba en el juzgado de Sebastián Casanello. La investigación está delegada en la fiscalía de Guillermo Marijuan y, por el momento, no se conocen mayores detalles.
Controlar la conflictividad
La ASN de la SIDE tiene una ventana para involucrarse en el conflicto social: la denuncia de un posible atentado al orden constitucional. Hace tiempo que el Gobierno alega que una protesta masiva implica un “intento de golpe de Estado”. Lo hizo el 12 de junio del año pasado para justificar las detenciones masivas de quienes se manifestaban contra la Ley Bases.
Bullrich presentó una denuncia por sedición en la justicia federal por la movilización del 12 de marzo pasado en la que fue gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo. Eso sí, todavía el fiscal Franco Picardi espera las pruebas que sustenten sus dichos. La última vez que se habló de sedición fue el 18 de julio pasado, cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado procesó a tres militantes peronistas por escrachar a José Luis Espert. En esa resolución, Arroyo Salgado afirmó que los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner habían desatado lo que ella calificó como un “clima de sedición” después de que la Corte confirmó su condena en la causa Vialidad.
“Es una práctica habitual que gobiernos que se encuentran en crisis, con internas y con una oposición social creciente se recuesten sobre el espionaje político queriendo anticipar las jugadas, viendo conspiraciones por todos lados. Esto creo que es lo que está pasando con Milei. Eso no le quita gravedad, sino que le suma”, analiza Myriam Bregman, presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).
El nuevo escándalo vinculado a la supuesta vigilancia ilegal tiene lugar días después de que se filtrara un video del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ofreciéndole sus servicios de lobby al estadounidense Timothy Ballard, a quien Bullrich había caracterizado como “abusador” y “cazarecompensas” tiempo antes. “El Presidente debe aclarar en forma urgente qué están haciendo sus servicios de inteligencia. El Poder Judicial está batiendo récords de complicidad; por eso, cada vez más hay que reforzar la organización y la movilización social”, sostiene Bregman.
Página/12