El Decreto 253/72026 del Poder Ejecutivo Nacional, recientemente publicado en el Boletín Oficial, dispone la provincialización de Rutas Nacionales y habilitando el financiamiento mediante el sistema de peaje directo con cobro en ruta.
Tras ello el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial el (CONADUV ) manifestó que dicho Decreto carece de una Ley formal que lo respalde como exige la Constitución Nacional Argentina en su Artículo 75, y violando principios de legalidad, razonabilidad y federalismo. Agrega que tampoco estableció una transferencia presupuestaria cómo fija la constitución
“Es inconcebible que el Estado Nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los millones de dólares que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado” puntualiza la CONADUV.
La transferencia de la gestión de Rutas Nacionales a las provincias o al sector privado “traerá graves consecuencias para la seguridad vial, las economías regionales, la logística productiva y el mantenimiento de la red vial”.
En un documento señalan, además, que:
”El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima.
La Red Federal de Concesiones (RFC) que impulsa el Gobierno Nacional, las concesiones por peaje que existen en distintas provincias, la “Provincialización” de Rutas Nacionales, genera serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales directos e indirectos y a toda la sociedad en su conjunto.
De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo. Tampoco habrá mejoras en la seguridad vial, ni real reducción en los costos de transporte.
El CONADUV reitera la necesidad de establecer un Proyecto Vial Nacional integral, que contemple la totalidad de la red caminera y destinar de manera efectiva los fondos del Impuesto a los Combustibles a su finalidad original; “garantizar un sistema vial óptimo, sin peajes y sin barreras, en consonancia con la Constitución Nacional.”
Recuperar la gestión estatal de las rutas implica poner fin a uno de los capítulos más escandalosos del proceso privatizador en Argentina. Resulta imprescindible jerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), devolviéndole su rol rector en materia de política vial y asegurando una herramienta estratégica para mejorar la competitividad de la economía.
Es necesario impulsar un Proyecto de Transporte Multimodal (vial, ferroviario y fluvial) concebido como política de Estado, adaptado a la vasta geografía nacional y competitivo a nivel internacional, alejado de los mega – negocios diseñados en beneficio de unos pocos grupos económicos.
El CONADUV exhorta al Gobierno Nacional, a los Gobernadores, a los Legisladores Nacionales y Provinciales, Intendentes, Concejales, a cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional, que significa claramente el derecho a transitar libremente por el territorio argentino”.