La senadora radical Carolina Losada y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona fueron denunciados penalmente por encubrimiento agravado, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y violación de los deberes de funcionario público, a raíz de la jornada para impulsar el proyecto para penalizar con penas más graves a las que llaman “falsas denuncias”, duplicadas cuando son “por motivo de género”. Ese día, las autoridades expusieron a Anet Jazmín Carro, de 18 años, “a graves riesgos en su integridad psicofísica”. Llorando, ella dijo haber acusado falsamente a su padre.
El delito que piden se investigue ocurrió el 20 de noviembre pasado, cuando se realizó una jornada en el Senado de la Nación para impulsar el proyecto que la santafesina presentó en mayo pasado. “La senadora Losada, en connivencia con el ministro Cúneo Libarona, llevaron a la joven a que leyera –como si fueran dichos propios–, un texto ficcional, ajeno a su voluntad acreditada en el juicio, que le entregaron ya confeccionado los sindicados por esta denuncia y valiéndose de sus cargos institucionales”, dice la denuncia firmada por Carlos Alberto Rozanski, Bettina Calvi y Natalia Amatiello, directivos de la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS).
La chica, de 18 años, sufre un “grave daño en su salud mental a raíz de los delitos aberrantes padecidos cuando tenía entre seis y diez años”. Y, según indican los denunciantes “el escrito que hicieron leer a la víctima no sólo contiene falsedades, sino que además la ubican incriminándose y contradiciendo sus propios dichos, respecto de la prueba contundente que motivó la condena de su padre”.
Es que la joven repitió “la retractación a la que fue obligada por ambos padres y que luego fuera contradicha por la abundante prueba colectada durante el proceso”.
Esas pruebas van mucho más allá de la denuncia de la víctima. Su padre, Julio César Carro, fue juzgado y condenado en la provincia de Córdoba por un tribunal, el 14 de marzo de 2023, como: “autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante triplemente calificado por el grave daño en salud mental de la víctima, el vínculo y la situación de convivencia preexistente”.
La denuncia contra Losada y Cúneo quedó radicada ayer en el Juzgado Federal número 3 de la Ciudad de Buenos Aires. “Losada y Cúneo Libarona utilizaron el ámbito institucional del Senado de la Nación para favorecer a un condenado por graves delitos de pedofilia. Para esa finalidad, además de mentir, expusieron a graves riesgos en su integridad psicofísica a la joven XX de dieciocho años de edad”, dice la denuncia.
Como parte de la brutal maniobra denunciada, dijo el ministro: “Mentir y radicar una falsa denuncia es un delito grave… Basta de impunidad, la sociedad exige penas que deben ser proporcionales y ejemplares…”. Y, para reforzar esta posición, publicó en su cuenta de X, el 29 de noviembre: “Este es un caso paradigmático de cómo la ideología de género se apoderó de mentes inocentes para que sean los títeres de su revolución nefasta. Nos pusimos en contacto con esta familia destruida por el feminismo. Vamos a erradicar la ideología de género de la justicia”.
La denuncia se basa en la violación expresa de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes incluida en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y la “Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –Convención de Belem do Para– que fue firmada por Argentina el 6 de octubre de 1994.
Sostienen los denunciantes que “al someter a la niña al escarnio público como lo han hecho, los denunciados, Losada y Cúneo Libarona, han violado groseramente los preceptos constitucionales que orientan nuestra vida en comunidad”.
Finalmente, respecto de la violación de deberes y el encubrimiento agravado, se señala que los denunciados “violaron seriamente sus deberes como funcionarios públicos”. Ello por cuanto desde los poderes que integran (legislativo y ejecutivo) “expusieron y fomentaron la retractación de una víctima afectada en su integridad psíquica, lo cual califican como un grave crimen”.
La denuncia sintetiza que “Losada y Cúneo Libarona representan lo peor del patriarcado, la discriminación y la misoginia. Ambos generaron un escenario de agresión hacia las víctimas de abusos y de defensa de los acusados y condenados por pedofilia. Si bien en lo particular del caso su objetivo fue incidir en una decisión específica de un tribunal judicial, lo que en sí mismo es gravísimo para la institucionalidad, su mensaje es aún más amplio y peligroso”.
Para ello “utilizaron sus cargos en dos poderes del Estado, así como los recursos económicos y comunicacionales como el canal oficial del Senado de la Nación y las redes sociales”.
La presentación es firmada por Nora Schulman, Directora Ejecutiva del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional Sobre los Derechos del niño (CASACIDN), Dora Barrancos, Profesora consulta UBA e investigadora principal Conicet (jubilada); Alejandra Tolosa, Coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem); Francisco Olveira Fuster (Padre Paco) Cura del Grupo en Opción por los Pobres; Enrique Stola, médico psiquiatra; María Beatriz Müller, presidenta de la asociación Salud Activa; Liliana Hendel, secretaria de Mujeres, políticas de Género y diversidades del Municipio de la Matanza; Sara Barni, presidenta de Red Viva; Susana Toporosi, Psicoanalista de niñas, niños y adolescentes Hospital de niños R. Gutierrez (jubilada); Andrea Vázquez, médica integrante de la Red ALEC internacional y madre protectora, todxs con el patrocinio de Eduardo Salvador Barcesat.
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