Seis organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Alemania, incluido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la católica alemana Misereor, presentaron este jueves una denuncia contra Bayer ante el Punto de Contacto Nacional alemán de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reúne países desarrollados y a otros que pretenden serlo. La acusación se refieren a cuatro casos específicos sobre presuntos impactos negativos del modelo agrícola de soja transgénica en las zonas donde la empresa alemana de medicamentos y agroquímicos comercializa sus productos, desde las semillas genéticamente modificadas hasta el herbicida glifosato.
“Desde que se fusionó con Monsanto en 2018, Bayer se ha convertido en un actor clave en el mercado mundial de pesticidas y semillas”, advirtió en un comunicado el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, según sus siglas en inglés), uno de los denunciantes junto con el CELS, Misereor, la brasileña Terra de Direitos (Tierra de Derechos), la paraguaya Base Investigaciones Sociales (Base-IS) y la boliviana Fundación Tierra. “En América del Sur, hogar de los diez mayores productores de soja del mundo, el grupo se beneficia del constante aumento del uso agrícola para el cultivo de soja y genera millones en ventas gracias a la venta de pesticidas tóxicos a base de glifosato y semillas de soja genéticamente modificadas que son resistentes a ellos. El modelo agrícola de Bayer provoca graves impactos ambientales y violaciones de los derechos humanos de las poblaciones locales, en particular de las comunidades indígenas y rurales: se talan bosques para dar paso a plantaciones de soja, se amenaza el suministro de alimentos, se contamina el agua potable y se exacerban los conflictos por la tierra”, añadió el ECCHR.
“Al violar su deber de diligencia en la venta de semillas de soja y pesticidas tóxicos, Bayer ignora las directrices de la OCDE para empresas multinacionales y contribuye a los efectos negativos en los cuatro países latinoamericanos”, se refiere la denuncia al impacto en la Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. “Según las directrices de la OCDE, se espera que las empresas respeten los derechos humanos internacionalmente reconocidos y el medio ambiente en sus cadenas de valor globales. Esto incluye garantizar que no contribuyan a impactos negativos sobre el derecho a la salud, la alimentación, la tierra y un medio ambiente sano”, añaden las denunciantes.
Las organizaciones llaman a Bayer “a cumplir con sus obligaciones de debida diligencia para prevenir y mitigar violaciones de derechos humanos e impactos ambientales negativos asociados a la distribución y uso de sus productos en los cuatro países”. Además, argumentan que la empresa debería hacer reparaciones en los casos en los que contribuyó a impactos negativos reales. Por ejemplo, la abogada Silvia Rojas, del ECCHR, propuso que Bayer no sólo adopte protocolos de aplicación del glifosato teniendo en cuenta la salud de los aplicadores sino también la de las poblaciones aledañas a las fumigaciones, que sufren enfermedades, además de la mortandad de sus animales y plantas. Rojas habló de incluir advertencias en el etiquetado del producto y de que los distribuidores del herbicida controles que se respeten las distancias mínimas de aplicación.
Rojas explicó que buscan que la OCDE abran un proceso de mediación entre las organizaciones y Bayer para “corregir políticas y reparar impactos”, y que este caso sirva de ejemplo para que las competidoras de la firma alemana –entre ellas figuran Basf, Syngenta, Corteva y Dow– también cambien sus conductas. “El Punto de Contacto Nacional alemán de la OCDE tiene tres meses para decidir sobre la admisibilidad de la denuncia y apoyar así la mediación entre los afectados y la empresa. Las organizaciones esperan que Bayer responda a la denuncia y participe activamente en la resolución de los problemas”, afirmó el ECCHR.
“La tierra es el principal recurso para el cultivo intensivo de soja en la región, lo que lleva a una creciente expansión hacia las comunidades indígenas y rurales y exacerba los conflictos socioterritoriales”, sostiene el centro europeo. “Esto no solo amenaza su forma de vida tradicional, sino que también limita su derecho a la autodeterminación sobre los sistemas alimentarios y crea riesgos e impactos peligrosos para la salud en toda la región. Además, el cultivo de soja está vinculado a la deforestación y degradación de algunos de los ecosistemas más importantes del mundo en la región, como la Mata Atlántica, el Gran Chaco y la Chiquitania. En este contexto, este modelo agrícola no sólo compromete el derecho de las comunidades locales a un medio ambiente saludable, sino que también amenaza la capacidad de los ecosistemas naturales para adaptarse al cambio climático.”
Los denunciantes citan una guía de la OCDE y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, según sus siglas en inglés) sobre cadenas de suministro agrícolas responsables y otro manual de ambas entidades sobre diligencia debida y deforestación en las cadenas de suministro que obligan a empresas como Bayer a “una mayor diligencia debida para garantizar que sus productos no estén asociados con impactos negativos reales o potenciales”. En 2016, el ECCHR se ocupa de las violaciones en la distribución global de pesticidas apoyando demandas civiles interpuestas por los afectados en Yavatmal, en el centro de India , y ha presentado una denuncia ante la OCDE contra la suiza Syngenta junto con los afectados y otras organizaciones de la sociedad civil. También presentó una denuncia contra Bayer ante el Servicio de Protección Vegetal de la Cámara de Agricultura del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia por violaciones de las normas de exportación en relación con la venta de pesticidas en India.
Agua contaminada en Pergamino
Una abogada del CELS, María José Venancio, expuso presuntos impactos directos de los productos de Bayer: “El cultivo a gran escala de soja transgénica es el segundo mayor factor de deforestación tropical en el mundo. En el Cono Sur, entre 2001 y 2015 la soja avanzó sobre casi 4 millones de hectáreas de bosque, deforestación directa, y tuvo un impacto indirecto otras 4 millones de hectáreas, deforestación indirecta”. También advirtió que “el uso excesivo de los pesticidas, la falta de respeto de los límites legales de fumigación y la mala gestión de los envases químicos que los transportan generan filtraciones directas en el suelo y los pozos de agua de uso comunitario” y puso un ejemplo argentino: “En Pergamino, dos estudios detectaron la presencia de agroquímicos en el agua y concluyeron que tomar esa agua, usarla para cocinar o para bañarse era un riesgo muy grande para la salud. Ante estos resultados la Justicia ordenó al Estado local distribuir agua mineral a las comunidades más expuestas a las fumigaciones”.
Dolor de estómago, vómitos, picores, llagas, diarrea y hasta fiebre son los síntomas “que mencionan las personas que sufren la exposición directa a los productos químicos, por fumigaciones que ocurren directamente al lado de viviendas y escuelas”, según Venancio. “También se han registrado casos de enfermedades crónicas y muertes por intoxicación. En Pergamino, hasta que una medida cautelar estableció una zona de amortiguación de 1.000 metros, las fumigaciones se realizaban de manera indiscriminada: en temporada de siembra se realizaban diariamente tanto por tierra con mochilas, a través de maquinarias agrícolas fumigadoras, y con aviones, sin tener en cuenta el viento. Esto generó alergias y afecciones respiratorias, presencia de quistes en los huesos, ganglios agrandados, entre otros. Los estudios médicos confirman la relación entre estos problemas de salud y la exposición a los plaguicidas encontrados.”
“Las zonas líderes en la producción de soja en Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina se caracterizan por la presencia de conflictos en los que se disputan los derechos de tenencia de la tierra”, continuó la abogada del CELS.
“Las comunidades rurales, incluidas las presentadas en esta instancia, sufren desalojos ilegales, ataques armados, envenenamiento por fumigaciones intensivas o ilegales y criminalización por parte de los productores de soja. En cuanto a las comunidades indígenas y campesinas, cabe señalar que su situación está marcada por una extrema vulnerabilidad. Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas tienen una relación tradicional y espiritual con su tierra y su territorio que presupone el acceso a territorios de tamaño suficiente para alimentar la población y mantener esa relación con la tierra, expresión de su derecho a la vida y a la autodeterminación. Sin embargo, los estados conceden poca o ninguna protección a su modo de vida tradicional, incluso en la concesión de títulos de propiedad. En este contexto, el sector agroindustrial suele estar relacionado con una fuerte presión sobre estos territorios. En consecuencia, las comunidades de los estudios de caso se ven invadidas por grandes extensiones de soja y sus territorios son demasiado pequeños para permitir unas condiciones dignas y respetuosas con su estilo de vida tradicional. Ante esta situación, las organizaciones campesinas e indígenas han iniciado denuncias y procesos de reivindicación de sus derechos territoriales. Los terratenientes y el sector agroindustrial responden a esta demanda de respeto a sus derechos con intimidación, criminalización y agresiones físicas contra la población. En Argentina, por ejemplo, los productores rurales han sido acusados de denuncias penales por fumigaciones infligiendo amenazas, daños y hostigamiento contra las víctimas de las fumigaciones”, alertó Venancio.
“También hay un gran impacto en la cuestión de la soberanía alimentaria”, prosiguió la abogada del CELS en rueda de prensa desde Alemania. “Un aspecto central es la destrucción de cultivos, incluidos los de subsistencia, que no utilizan pesticidas ni semillas transgénicas. Las intensas fumigaciones aéreas y terrestres con glifosato en zonas vecinas destruyen así los cultivos de subsistencia de las comunidades cercanas, limitando aún más su acceso a los alimentos. También hay varios registros de muertes de animales, como pollos y peces. Además, la reducción de la biodiversidad en términos de árboles frutales, polinizadores y otros debido a la exposición directa a los pesticidas agrava la inaccesibilidad de los alimentos. Los otros impactos ya enumerados de la deforestación, la contaminación del aire, el suelo y el agua también repercuten directamente en el derecho a una alimentación adecuada. En casos más graves, el uso de pesticidas como una forma de arma química en los conflictos por la tierra contra las comunidades también causa daños aún mayores a sus cultivos y animales. El monocultivo extensivo también reduce la fertilidad del suelo y aumenta el peligro de erosión no sólo en los campos de soja, sino también en las zonas circundantes, por ejemplo en los territorios indígenas y campesinos. En estas zonas hay que importar alimentos, lo que aumenta los precios y la accesibilidad a una variedad de alimentos que afecta especialmente a las comunidades que no pueden depender suficientemente de la agricultura de subsistencia.”
La respuesta de Bayer
Bayer respondió a la denuncia, a pedido de elDiarioAR: “La seguridad de nuestros productos siempre es nuestra máxima prioridad. En numerosos estudios de seguridad y aprobación de nuestros productos, podemos demostrar sobre la base de sólidos hallazgos científicos que nuestros productos son seguros cuando se utilizan de acuerdo con las instrucciones de aplicación y que ni las personas ni el medio ambiente están expuestos a riesgos”. Es decir, todo depende de su modo de uso. “Nuestros productos químicos y biológicos para la protección de cultivos son sometidos a pruebas exhaustivas en la fase inicial de desarrollo para determinar su modo de acción, sus propiedades toxicológicas y la extensión de posibles residuos en las plantas y en el medio ambiente. Las aprobaciones oficiales están reguladas por numerosas leyes y regulaciones internacionales y nacionales. Los estudios de seguridad para la aprobación de productos para la protección de cultivos se basan en las estrictas directrices internacionales de la OCDE. Nuestros criterios de seguridad internos son a menudo incluso más estrictos que los requisitos legales. Además, acompañamos el uso de nuestros productos con extensas medidas de gestión. Para ello, realizamos cada año numerosos cursos de formación en todo el mundo. En 2023, alcanzamos a casi 5,3 millones de agricultores, incluidos casi 4 millones de agricultores pequeños. Nos enfocamos en la capacitación en países donde no se requiere certificación oficial para los agricultores sobre el uso seguro de productos para la protección de cultivos. Solo en América Latina, alcanzamos a 300.000 agricultores con capacitaciones el año pasado. Si recibimos información que indique un uso indebido, seguimos consistentemente estos informes”, añade la empresa alemana. El problema que plantean los denunciantes es que se capaciten a los aplicadores para que no dañen a terceros.
“No tenemos conocimiento de los presuntos incidentes en Paraguay, Argentina y Brasil”, señaló Bayer. “La descripción del caso no coincide con el producto y el perfil de seguridad del glifosato, que es uno de los productos de protección de cultivos más investigados del mundo. Durante muchos años, los científicos de las principales autoridades sanitarias y regulatorias a nivel global han concluido repetidamente en sus revisiones regulares que el glifosato es seguro y no cancerígeno cuando se utiliza correctamente, incluidos los organismos reguladores en EE UU, la UE, Australia, Corea, Canadá, Nueva Zelanda y Japón. La Comisión Europea acaba de prorrogar la aprobación del glifosato por diez años a finales de 2023. Con más de 180.000 páginas, el expediente científico para la reautorización fue el más extenso jamás presentado. El expediente incluyó 1.500 estudios y la evaluación de más de 12.000 artículos científicos en términos de la relevancia y confiabilidad de sus datos. Al analizar los efectos del glifosato en la salud humana y animal y en el medio ambiente, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, según sus siglas en inglés) no identificó áreas problemáticas críticas, después de que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, según sus siglas en inglés) ya hubiera concluido que el glifosato no es carcinogénico, mutagénico o reprotóxico. Las autoridades estatales pertinentes son responsables del marco agrícola en sus países. La consolidación de la agricultura es un proceso global y es completamente independiente de las semillas genéticamente modificadas. También hemos estado observando este fenómeno durante décadas en Europa, donde las semillas genéticamente modificadas no están aprobadas”, completó la compañía alemana.
El Diario Ar