Una presentación judicial cuestiona operaciones financieras que terminaron en pérdidas y fueron realizadas con fondos municipales. El diputado provincial Santiago Pérez Pons presentó una denuncia penal contra el intendente y su equipo económico por presuntas pérdidas millonarias vinculadas a operaciones bursátiles de alto riesgo. La Justicia deberá determinar si hubo malversación de fondos públicos.
El diputado provincial Santiago Pérez Pons presentó una denuncia penal contra el intendente de la localidad chaqueña Presidencia Roque Sáenz Peña Bruno Cipolini, la secretaria de Economía Alejandra María Quintana y el secretario de Gobierno Diego Landriscina, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a inversiones financieras.
La presentación judicial sostiene que el Ejecutivo municipal habría colocado recursos estatales en instrumentos bursátiles de alto riesgo dentro del Mercado Argentino de Valores (MAV), a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, sin respaldo presupuestario específico ni autorización formal del Concejo Municipal. La denuncia solicita que se investiguen posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
Fuentes cercanas al Ejecutivo municipal consultadas por PERFIL señalaron que la administración considera haber actuado dentro del marco legal vigente y, según reconstruyó este medio, se encontrarían preparando una respuesta institucional a la denuncia.
Inversiones municipales bajo sospecha
El planteo penal describe una presunta operatoria financiera en la que el Municipio habría adquirido cheques de pago diferido en segmentos no garantizados del mercado bursátil, lo que implicaba asumir el riesgo crediticio directo de empresas privadas emisoras.
Según surge del escrito judicial, varias de esas operaciones habrían derivado en rechazos de pago al vencimiento, lo que podría haber comprometido recursos del erario público. En la denuncia se mencionan estimaciones periodísticas que ubican el posible perjuicio económico municipal en torno a los $2.500 millones, dentro de una operatoria general del mercado que habría generado pérdidas cercanas a los $12.000 millones.
El documento sostiene que parte de los fondos invertidos podrían haber tenido afectación específica, es decir, recursos destinados por normativa a servicios esenciales, programas sociales u obras públicas. Bajo esa hipótesis, el desvío hacia inversiones bursátiles podría configurar una aplicación distinta a la prevista legalmente.
Sin embargo, la comuna sostiene que también resultó afectada por la operatoria financiera investigada y que analiza avanzar con acciones legales orientadas al recupero de los fondos comprometidos, al igual que otros actores del mercado que habrían resultado perjudicados.
El presupuesto municipal
Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia se apoya en el análisis técnico de las Ordenanzas Presupuestarias 9263 y 9406, correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026.
De acuerdo con la documentación incorporada, el Presupuesto 2025 fijó un cálculo general de recursos superior a los 57.459 millones de pesos, incluyendo un esquema de financiamiento por más de 14.235 millones, mientras que para 2026 ese financiamiento proyectado se elevaría a cifras cercanas a los 27.170 millones, lo que representaría un crecimiento cercano al 91%.
El planteo judicial destaca que los propios cuadros presupuestarios reflejarían un escenario de déficit estructural, con proyecciones de desequilibrio financiero que alcanzarían aproximadamente los $9.222 millones en 2025 y superarían los $19.000 millones en 2026.
Dentro de ese contexto, la denuncia plantea una pregunta: cómo un municipio que proyecta déficit y prevé cubrir gastos mediante endeudamiento podría disponer de excedentes para realizar inversiones bursátiles especulativas de alto riesgo.
El escrito sostiene además que en la estructura presupuestaria no existiría una partida específica que habilite inversiones financieras no bancarias ni resoluciones administrativas que documenten individualmente cada colocación de fondos, su monto, su destino ni la evaluación técnica del riesgo económico.
Según información recabada por PERFIL, se pudo confirmar que la relación operativa con la Bolsa de Comercio del Chaco no es reciente, el Municipio realiza operaciones financieras a través de ese ámbito desde al menos el año 2018, bajo mecanismos que, según sostienen, contaron históricamente con controles administrativos y validaciones de los organismos de control correspondientes.
El alcance de las facultades del Ejecutivo municipal
Otro de los ejes del conflicto judicial gira en torno a los límites legales de las atribuciones del intendente para modificar partidas presupuestarias. Si bien la normativa municipal autoriza al Ejecutivo a realizar compensaciones internas para garantizar el funcionamiento administrativo, la denuncia sostiene que esas facultades no habilitarían la realización de operaciones financieras fuera del sistema tradicional de administración pública, ni la colocación de fondos en instrumentos bursátiles sin respaldo normativo expreso.
El planteo remarca que la Resolución 14/96 del Tribunal de Cuentas establece que los administradores públicos deben mantener un perfil de inversión conservador, orientado a la preservación del patrimonio estatal.
Fuentes del Ejecutivo remarcaron que las decisiones financieras del Municipio se encuadraron en instrumentos tradicionalmente utilizados para la administración de excedentes temporales de liquidez, con el objetivo de generar respaldo financiero frente a compromisos estacionales como el pago de aguinaldos y obligaciones salariales.
La explicación de la Bolsa del Chaco y el debate sobre el riesgo financiero
En medio de la polémica, el gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barrios Cima, brindó explicaciones públicas sobre la operatoria. En declaraciones al medio Diario Chaco, el directivo sostuvo que “los inversores sabían que eran instrumentos negociados en tramos no garantizados”.
Según explicó Barrios Cima, las operaciones se habrían realizado dentro del segmento conocido como NOGA (No Garantizado), que ofrece mayores tasas de retorno justamente porque el inversor asume el riesgo directo del librador de los cheques. También señaló que este tipo de operatorias suele estar destinado a inversores calificados, es decir, actores con conocimiento técnico suficiente para evaluar los riesgos de la inversión.
La denuncia judicial sostiene, sin embargo, que la existencia de un mercado regulado por la Comisión Nacional de Valores no exime a los funcionarios públicos de cumplir con las normas específicas que rigen la administración de fondos estatales.
Los delitos que podría analizar la Justicia
El escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal solicita investigar si la conducta de los funcionarios encuadra dentro del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, que sanciona la ejecución de actos contrarios a la ley.
También plantea la posible configuración de malversación de caudales públicos, que contempla la aplicación de fondos estatales a destinos distintos de los establecidos legalmente. Incluso menciona la eventual aplicación del delito de distracción de fondos si se comprobara perjuicio patrimonial concreto para el Municipio
En la denuncia se requirió la producción de diversas medidas probatorias, entre ellas pedidos de informes a la Bolsa de Comercio del Chaco, al Nuevo Banco del Chaco y al Tribunal de Cuentas provincial, además del secuestro de documentación contable y financiera municipal. El objetivo es reconstruir el circuito completo del dinero público invertido, identificar los instrumentos adquiridos, analizar los niveles de garantía, determinar el monto comprometido y establecer si existió un perjuicio económico para el Estado municipal.
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