Detrás del caso 30-2019-0V-00180 asoma una mordaza multimillonaria que se cierne sobre el activismo ecologista. Una demanda por 300 millones de dólares amenaza con hundir a Greenpeace-EEUU y succionar el movimiento de protesta ambiental. La constructora de oleoductos Energy Transfer persigue a la organización en los tribunales desde hace ocho años por unas protestas contra uno de sus proyectos en Dakota del Norte hasta haber conseguido sentarla en el banquillo. Este lunes comienza el juicio. “El resultado definirá los límites del poder corporativo y la posibilidad de la sociedad para resistirlo”, vaticinan juristas y politólogos.
“Las petroleras quieren silenciar a los que se les oponen y, como Greenpeace ha sido históricamente efectiva, quieren destruir no solo a la organización sino al movimiento de protesta”, comenta unos días antes de iniciarse las vistas la directora ejecutiva de Greenpeace-EEUU, Sushma Raman.
Durante el proceso contra Greenpeace, los argumentos de la empresa se han alineado con la ola mundial de criminalización del activismo verde. En un primer momento acusó a los ambientalistas ante un tribunal federal de violar la ley contra organizaciones criminales. En los diversos escritos presentados ante los jueces, Energy Transfer ha hablado de “situar ecoterroristas” en las protestas, de impulso de una “agenda extremista” o “diseminación de falsedades” al decir que su oleoducto –hecho para llevar combustibles fósiles– agravaría el cambio climático.
Este caso es un disparo de advertencia a todos los grupos de protesta, no solo los ecologistas. El objetivo de demandas como esta es instalar el miedo y la duda. Hacer a las organizaciones pensárselo dos veces antes de desafiar intereses muy poderosos
“Este caso es un disparo de advertencia a todos los grupos de protesta, no solo los ecologistas”, analiza para elDiario.es la profesora de la facultad de Derecho en la Universidad Barry, Nadia Ahmad. Ahora el temor es que una condena así no solo afecte de manera casi fatal a Greenpeace, sino que en esa caída arrastre también al movimiento de protesta ecologista. “El objetivo de demandas como esta es instalar el miedo y la duda. Hacer a las organizaciones pensárselo dos veces antes de desafiar intereses muy poderosos”, aclara la académica.
“Energy Transfer está intentando dar ejemplo con Greenpeace. Lanzar el mensaje: si te enfrentas a las infracciones de una empresa afrontarás consecuencias graves. Se trata de un caso de libro de SLAPP”. La investigadora se refiere por su siglas en inglés (strategic lawsuit against public participation) a la denominada litigación estratégica contra la participación pública. Una estrategia a base de presentar procesos judiciales “diseñada para intimidar, agotar y mutilar financieramente a las organizaciones”, aclara Ahmad. “Este caso va de si las corporaciones pueden usar sus bolsillos para silenciar a quienes están en contra”.
El codirector de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Bristol, Oscar Berglund, considera que, si bien “la táctica de demandar a los activistas no es nueva, lo que sorprende en este caso es que se apunte a una organización tan respetada como Greenpeace”. El catedrático cuenta a elDiario.es que sospecha que “el nuevo clima político en EEUU hace que Energy Transfer actúe descaradamente, que no le preocupe dar mala imagen”.
Protesta contra el DAPL en Chicago en noviembre de 2016. EFE/Tannen Maury
La empresa por su parte insiste en que su demanda contra Greenpeace “no trata sobre la libertad de expresión, sino sobre saltarse la ley. Cuando el derecho de protesta no se hace de acuerdo con la ley tenemos un sistema legal para solventarlo” defiende. Y considera que la ONG “busca eludir las consecuencias de sus actos ilegales”.
¿Cómo se llegó hasta el banquillo?
El juicio comienza este lunes y se prolongará unas cuatro semanas, pero el caso arrancó hace casi nueve años.
En 2016 Greenpeace apoyó las protestas que una tribu sioux llevó a cabo contra la construcción de un oleoducto denominado Dakota Access Pipe Line o DAPL en lo que consideraban parte de sus tierras. Sostenían que el tubo iba a contaminar el agua, iba a contribuir a quemar más combustibles fósiles y que invadía su reserva. La campaña derivó en un campamento multitudinario durante ocho meses en el que se congregaron miles de personas hasta ser desalojados por las fuerzas policiales en febrero de 2017.
En agosto de 2017, Energy Transfer presentó una denuncia contra Greenpeace y otros activistas en la que les acusaban, básicamente, de organización criminal. En su demanda alegaban que la organización recaudó dinero con “falsos testimonios”, que “entrenó a miles de manifestantes”, se “coordinó para situar a ecoterroristas en los campamentos” [de protesta] y que Greenpeace publicó un artículo de la activista Krystal Two Bulls que pedía unirse a las protestas o donaciones. El juez federal –al desestimar el caso el 14 de febrero de 2019– tuvo que recordar a la empresa que “publicar artículos de personas que comparten tus creencias no crea una organización criminal”.
La sede judicial, casi en medio de la nada, no está escogida al azar. Nadie presta mucha atención a lo que ocurre en ese estado. Y se trata de un pequeño juzgado en un estado minero y petrolero donde el juez es elegido por votación
Lejos de abandonar, Energy Transfer presentó una semana después una nueva demanda, esta vez ante un juez estatal de Dakota del Norte, para obtener resarcimiento económico. “La sede judicial, casi en medio de la nada, no está escogida al azar”, explica el abogado ambientalista Scott Wilson Badenoch. Badenoch, que coordina un equipo de juristas que va a supervisar el juicio, argumenta que, “por un lado, nadie presta mucha atención a lo que ocurre en ese estado. Y, por otro, se trata de un pequeño juzgado en un estado minero y petrolero donde el juez es elegido por votación, es decir, que es pro minería y pro petróleo”.
Las acusaciones son por allanamiento, difamación, interferencia ilícita [perjudicar el negocio de otro], conspiración, complicidad en allanamiento y en apropiación indebida. “Están intentando extender la responsabilidad civil de manera que destruya a Greenpeace. Les hacen responsables por cualquier acto que hagan individuos, de cualquier daño que hagan porque apoyaron esa protesta general. Esto podría matar directamente a la organización”, analiza el abogado.
Lo que pasa en Dakota no se queda en Dakota: repercusiones
Badenoch afirma que “la situación es más preocupante ahora con la nueva administración Trump. Esta Casa Blanca quiere eliminar a los manifestantes y la protesta, así que el plan es presentarlos como terroristas sin importar lo que hayan hecho. Ahora es Greenpeace, pero van a ir a por más”.
La organización defiende que se está intentado “crear precedentes legales que limitarían la capacidad del movimiento climático para organizarse, protestar y expresar disenso”.
Además, prosigue el letrado, “este caso pone en peligro el sistema de organizaciones no gubernamentales incluso en Europa, porque si una ONG con sede en Europa critica o protesta o molesta a una empresa con base en EEUU, la corporación podrá demandarles en un tribunal estadounidense y los jueces aquí están muy dispuestos a escucharles. EEUU se está convirtiendo en un refugio seguro para los contaminadores”, sostiene.
Contraataque en un juzgado europeo
Greenpeace Internacional ha contraatacado. La organización ha demandado a Energy Transfer en un tribunal de Países Bajos (sede de la ONG) acogiéndose a la directiva europea contra, precisamente, la SLAPP (la litigación estratégica contra la participación pública).
Greenpeace responde así en los tribunales a la demanda multimillonaria que la constructora de oleductos, con base en Texas, ha llevado hasta el juicio que comienza este lunes en un juzgado estatal de Dakota del Norte. “Es el momento de demostar que las prácticas de SLAPP no merecen la pena”, decía Greenpeace en un comunicado tras presentar la demanda.
Energy Transfer ha contestado que esta acción legal no tiene sentido porque “nuestra demanda no es una SLAPP sino un intento legítimo de la empresa para que Greenpeace se haga responsable de la difamación y destrucción de la propiedad que se ha infringido a Energy Transfer”. Y dice que “se trata de una argucia que solo va a malgastar el tiempo y los recursos del sistema legal neerlandés. Ninguna ley neerlandesa o europea puede exigir responsabilidades a una empresa radicada en los EEUU”, argumentan.
El Diario Ar