El gobierno de Javier Milei pasó la motosierra sobre el Presupuesto que aprobó el Congreso. Y presentó un Decreto como una reestructuración técnica con ampliaciones previsionales, pero se trata de una poda de casi USD 2.000 millones sobre energía, obra pública, provincias, salud, educación y programas sociales
Lo hizo mediante la decisión administrativa 20 y una serie de anexos técnicos que esconden detrás de un lenguaje burocrático una poda de casi 2,5 billones de pesos. Al tipo de cambio mayorista, el recorte equivale a unos 1.800 millones de dólares. En el mercado hacen una lectura brutal: “Esto muestra que tenían un agujero de 2.000 millones de dólares”, resumió a LPO un operador financiero.
El dato golpea sobre el principal activo político y financiero que exhibe el Gobierno: el superávit fiscal. Porque el ajuste llega en un contexto donde la recaudación se debilita por la caída de la actividad y obliga al equipo económico a profundizar los recortes para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
El Gobierno además construyó una maniobra discursiva que inicialmente despistó a varios periodistas y analistas que revisaron sólo el texto principal del decreto. La redacción oficial pone el foco sobre ampliaciones presupuestarias puntuales, especialmente las vinculadas a ANSES y obligaciones previsionales. La impresión inicial era la de un decreto expansivo o, al menos, neutro.
Pero la verdadera dimensión aparece recién al abrir los anexos técnicos, donde se despliega la poda masiva sobre Ministerios, programas sociales, obra pública, salud, educación y transferencias.
Ahí aparece la contradicción central. El texto político del decreto habla de “adecuar créditos presupuestarios” y reforzar partidas sensibles. Los anexos muestran otra película: un ajuste defensivo de magnitud para cerrar agujeros fiscales en medio de una economía debilitada. La letra principal funciona como vidriera. La motosierra aparece escondida en las planillas anexas.
La ampliación más visible es previsional. El Gobierno elevó en 500.000 millones de pesos el límite para el pago de deudas previsionales de ANSES. El monto total autorizado pasa a 712.288 millones. El problema es la comparación: mientras exhibe ese refuerzo, el mismo paquete incluye un recorte total cercano a los 2,5 billones. Por cada peso que amplía en jubilaciones, recorta casi cinco en otras partidas.
El corazón del ajuste aparece en Obligaciones a Cargo del Tesoro. Allí figura una poda de 1,47 billones de pesos. Energía vuelve a quedar entre las áreas más afectadas. Energía Argentina pierde 200.000 millones de pesos, en momentos donde el sistema todavía depende de subsidios, importaciones de GNL y asistencia estatal para sostener tarifas y abastecimiento. AYSA sufre un recorte de 21.437 millones y ACUMAR otros 936 millones. El mensaje es claro: el Gobierno prioriza caja aun cuando eso implique frenar infraestructura básica y obras de saneamiento.
Las provincias quedan sin oxígeno. Los anexos muestran una baja de 155.710 millones de pesos en transferencias provinciales. En paralelo, aparecen recortes sobre programas federales y partidas vinculadas a infraestructura territorial. La lógica fiscal vuelve a trasladar parte del ajuste hacia gobernadores e intendentes, justo cuando muchas provincias muestran serias dificultades financieras.
La obra pública vuelve a ser una de las variables centrales de la poda. La Dirección Nacional de Vialidad pierde 97.103 millones de pesos. Integración Socio Urbana recorta otros 39.441 millones. También aparece una baja de 320.670 millones en el Programa Federal de Infraestructura Deportiva.
Capital Humano aparece otra vez entre las áreas más castigadas. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia pierde 55.465 millones de pesos. Dentro de ese paquete, el programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía recorta 27.732 millones en ayudas sociales y asignaciones familiares. Educación también sufre una poda fuerte: el Fondo de Compensación Salarial Docente cae 8.929 millones y el ajuste total sobre la Secretaría de Educación asciende a 78.711 millones.
Cultura y programas vinculados a chicos y adolescentes también son alcanzados. Entre las transferencias recortadas figuran bajas sobre instituciones culturales y sociales sin fines de lucro por 165.000 millones de pesos. En los anexos aparecen además reducciones sobre programas de asistencia y fortalecimiento comunitario que trabajan con menores, sectores vulnerables y organizaciones territoriales. El ajuste no sólo poda obra y subsidios: también reduce financiamiento sobre redes sociales y culturales que funcionan como contención en barrios populares.
Salud tampoco quedó afuera. Los anexos muestran una baja total de 63.021 millones de pesos. Allí aparecen recortes de 5.000 millones para investigación y tratamiento del cáncer, 1.000 millones para programas de abordaje sanitario y otros 500 millones para prevención y control de enfermedades transmisibles. La motosierra avanza sobre áreas sensibles del sistema sanitario.
Incluso Defensa y Seguridad aparecen alcanzadas. El Ministerio de Defensa pierde 6.055 millones. El Ejército recorta 12.622 millones, la Armada 11.820 millones y la Fuerza Aérea otros 16.500 millones. En Seguridad también aparecen bajas sobre distintas fuerzas federales. En paralelo, los anexos incluyen reducción de cargos en distintas áreas del Estado. En Jefatura de Gabinete se eliminaron ocho puestos del SINEP. En Economía se recortaron cargos vinculados al área geológico minera. Pero el Ministerio de Desregulación sumó ocho cargos propios.
La pregunta es por la consecuencia de ajuste feroz que se monta sobre una recaudación deteriorada. IVA, impuesto al cheque y contribuciones patronales reflejan una economía helada. La Oficina de Presupuesto del Congreso viene mostrando caídas reales en distintos componentes tributarios y son muchas las consultoras privadas que alertan sobre el efecto contractivo del programa económico.
Fundación Capital advirtió que hay tres factores que van a presionar sobre el superávit fiscal en la segunda mitad del año: la caída de los ingresos públicos, el costo fiscal de leyes aprobadas por el Congreso y el límite político y económico para seguir ajustando después de una poda que ya alcanzó cinco puntos del PBI desde la llegada de Milei.
Martín Rapetti, director de Equilibra, lo describió con claridad. El economista sostuvo que la caída de la recaudación muestra que la economía “sigue en una etapa más bien depresiva o incluso recesiva” y advirtió que eso vuelve “más cuesta arriba” sostener el superávit porque obliga al Gobierno a “profundizar el recorte de gastos para compensar la pérdida de recursos fiscales”.
La imagen es simple. El Gobierno corre sobre una cinta de moebius, capa fina de hielo. El ajuste enfría la actividad. La menor actividad reduce la recaudación. Y la caída de la recaudación obliga a profundizar el ajuste. En esa rueda, el superávit fiscal deja de ser una señal de fortaleza y empieza a parecerse cada vez más a una carrera hacia el fondo del pozo.
La Política Online