El oficialismo consideraba que tenía elementos y conceptos “superadores” para desactivar el intento opositor de emitir un dictamen que extienda la vigencia de la ley 27.793 o, como se la conoce, la emergencia en discapacidad. Sin embargo, todo cambió cuando la oposición advirtió sobre la desregulación del nomenclador de prestaciones básicas, la vuelta al modelo de pensiones por invalidez laboral y la derogación de varios artículos de la ley que estaban debatiendo en el proyecto de Presupuesto 2027.
La novedad echaba por tierra la “versión superadora” que prometía el bloque de La Libertad Avanza, porque varios de los aliados comenzaban a dudar de seguir respaldando el nuevo texto.
El gobierno de Milei no perdona a las personas con discapacidad
Varios de los oradores coincidieron en este mensaje: “No tiene sentido que la ley de Presupuesto borre con el codo el trabajo de estas comisiones” de buscar la continuidad de la 27.793.
El diputado de Unión por la Patria, Juan Marino, autor de la prórroga, fue el que advirtió que el capítulo referido a la discapacidad en el Presupuesto, cambiaba toda la discusión porque “se propone destruir la Ley de Emergencia en Discapacidad, y de conjunto desmantelar el sistema de derechos para personas con discapacidad”.
Luego señaló que “nosotros veníamos a discutir esto, se hablaba incluso de alcanzar un dictamen con unanimidad; incluso algunos diputados del oficialismo venían planteando que iban a proponer un dictamen superador… y nos encontramos con este Presupuesto 2027 que explícitamente deroga numerosos artículos de la ley”, enfatizó.
Las libertarias Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado intentaron evitar el desmadre. Incluso plantearon que el Presupuesto 2027 es un proyecto que puede ser modificado en el debate en las comisiones y corregir este “error”. No convencieron a los opositores. Mucho menos a los expositores que de a uno fueron relatando la malaria que sufren y aun así prestan el servicio a las personas con discapacidad.
Entre lágrimas, Gilda Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad, alertó que “cincuenta centros en todo el país se cerraron” y reclamó por valores dignos para las prestaciones y el pago a término. “No llegamos al 10 de cada mes”, sintetizó. Es más, cuestionó la modificación del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral porque elimina del nomenclador la fijación de “valores universales” y, destacó, “viola el espíritu de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) se dirigió a la bancada violeta al manifestar: “Coordínense más”. “¿Van a desmantelar, o vamos por algo superador a la emergencia?”, los chicaneó.
Otro cuestionamiento llegó por parte de Agustín Rossi (UxP) que resaltó que no se puede meter en el medio del presupuesto la derogación de leyes de fondo.
“Meten en el presupuesto cuestiones de fondo, contradiciendo una buena práctica parlamentaria”, al señalar la intención del oficialismo de hacer cambios en la ley 24.901, cuando eso debiera tratarse por fuera de la ley de leyes. “¿Quién odia tanto a las personas con discapacidad en el gobierno? ¿Por qué tanta saña?”, se preguntó al cerrar su exposición.
Página 12