Además, creó en el ámbito del Ministerio de Justicia la “Unidad de Tareas de Investigación” (UTI), con el objeto de recabar la información relacionada con el criptoactivo y, de esa manera, colaborar con Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal.
A lo largo del Decreto se enuncian las funciones de la Unidad creada, dentro de las que se destacan las de poder requerir información, datos y documentación a funcionarios, órganos y organismos del Sector Público Nacional, así como a organismos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de estados extranjeros y/u organismos internacionales; gestionar los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con “$LIBRA”; denunciar ante el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos relacionados con los hechos relevados.
Se aclara en la norma que es el Ministro de Justicia quien dictará las normas operativas y complementarias de la UTI y brindará el apoyo técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus funciones, “por lo que su funcionamiento no generará erogación alguna”.
En la norma que lleva las firmas del Presidente y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se justifica la medida en que “la transparencia y la publicidad en la gestión pública, como así también el riguroso control del accionar de los funcionarios públicos, constituyen obligaciones en todo Estado de Derecho”, destacándose que “el Estado de Derecho exige la responsabilidad de los poderes y funcionarios públicos con el fin de afianzar la seguridad jurídica y velar por el respeto de los derechos de los administrados.
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