La empresa le informó oficialmente a la justicia electoral que no corre riesgo la organización de las elecciones legislativas de 2025 a pesar de que redujo su planta en unos 4000 empleados que se acogieron a los “retiros voluntarios” y piensa quedarse con unas 600 sucursales de un total de 1452.
También hubo un proceso de despidos que involucró a 377 empleados. Según la nueva gestión, los afectados fueron operarios con sumarios abiertos.
Tras reunirse con la jueza federal María Servini y los reclamos del juez federal Ernesto Kreplak de La Plata, la Cámara Nacional Electoral le pidió a la empresa pública que le informe sobre los alcances de su plan de ajuste y cómo va a afectar la organización de las elecciones. El organismo es el encargado de repartir las urnas y los útiles, y luego del comicio de resguardar las urnas y trasmitir los telegramas.
Según mostró La Nación, el Correo informó que “los papeles de trabajo sobre optimización de la red no prevén el cierre de ningún centro operativo, ni modificará sustancialmente el actual esquema logístico electoral en centros urbanos, base principal del despliegue logístico electoral en los grandes distritos”.
El Correo Argentino le dijo a los jueces Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía que “el personal transitorio de los procesos electorales de las últimas décadas ha representado aproximadamente el 75 % del total de la fuerza de trabajo, por lo que aún con las bajas previstas en el mencionado proceso de reestructuración las capacidades electorales no se verán significativamente impactadas”.
“El eventual cese de actividades comerciales que periodísticamente se presenta como Cierre de sucursales no implicará el abandono de la presencia del correo en el territorio, incorporando al plan de transformación en elaboración las necesidades referidas a todas las actividades que la Ley prevé y que la Justicia Electoral y el Poder Ejecutivo encomiendan a esta empresa”, señala la nota.
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