La Cámara de Casación Penal, por unanimidad de los votos de los jueces Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, confirmó la detención de dos de los bolsonaristas presos en la Argentina a raíz del ataque a los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Joelton Gusmán de Oliveira y Joel Borges Correa habían presentado un recurso contra la decisión del juez federal Daniel Rafecas de mantenerlos en prisión dados los gravísimos delitos que se les imputan y el hecho de que están prófugos de la justicia brasileña.
Finalmente, la resolución de Rafecas fue ratificada por la Cámara Federal. Hasta el momento, las fuerzas de seguridad que comanda Patricia Bullrich sólo detuvieron a cinco de los 61 bolsonaristas con orden de captura, pese a lo cual las fuentes vinculadas con los prófugos sostienen –de forma disparatada– que están siendo perseguidos por enviados del gobierno de Luis Inacio Lula Da Silva o que están sufriendo una traición de Javier Milei.
En verdad, los bolsonaristas confiaban en que la Casa Rosada le iba a dar una solución política a las órdenes de captura, pero eso no ocurrió, entre otras cosas porque –aparentemente– Milei no quiere aumentar los conflictos con Lula y no puede deslegitimar a la justicia brasileña. También están los que piensan que en este aspecto, como en casi todos los demás, el gobierno libertario es ineficiente y tardó en activar un bloqueo de las capturas, algo que podría haber hecho –es una maniobra tradicional de varios países– argumentando motivos burocráticos como la falta de algún papel.
La decisión del máximo tribunal penal llega a 24 horas del procesamiento de Bolsonaro y otras siete personas, entre ellos varios militares, resolución que tomó, por unanimidad el Supremo Tribunal Federal de justicia de Brasil. La imputación, que puede llevar a condenas de más de 40 años de cárcel, es por el intento de golpe de Estado para impedir la toma de posesión de Lula. La Corte brasileña consideró que Bolsonaro encabezó una “organización criminal” y que el expresidente impulsó movimientos hasta en los cuarteles, además de la intentona a los palacios de los tres poderes en Brasilia. Lo grave es que el procesamiento se produce en momentos en que el hijo de Bolsonaro, Eduardo, el de más estrecha relación con Milei, huyó a Estados Unidos y hasta abandonó su banca en el Congreso. De alguna manera, los bolsonaristas siguieron el modelo de Donald Trump y el asalto al Capitolio de enero de 2021.
El fiscal Carlos Rívolo se opuso a otorgarle la libertad a Borges Correa y Gusmán de Oliveira, Rafecas le dió la razón y ahora la decisión fue confirmado por la Casación. El primero, Borges Correa, fue condenado a una suma de doce años de prisión por los delitos de abolición violenta del estado democrático de derecho; golpe de Estado; daño agravado y asociación delictiva armada. Gusmán de Oliveira recibió una pena aún mayor, 17 años, por abolición violenta del estado democrático, golpe de estado, daño agravado, asociación criminal armada y deterioro del patrimonio catalogado.
Por supuesto que ambos alegaron que no se trató de un golpe de estado, sino de una protesta sin armas, sólo con banderas, pero la justicia consideró que se quiso interrumpir la vigencia democrática con movimientos coordinados y de distinta índole: la violencia en los tres edificios estatales y la toma de cuarteles. La condena fue dictada por el juez de la Corte de Brasil, Alexandre de Moraes, algo que también objetan los prófugos porque sostienen que no hubo apelación posible.
El paso siguiente de los dos bolsonaristas y de muchísimos más fue huir a la Argentina, donde confiaban que Milei les iba a dar cobertura. Una mínima parte, 61 brasileños, están también con captura, y más de mil ( un número que incluye a integrantes de sus familias) tienen procesos en trámite en el vecino país y se decidieron a cruzar la frontera. Ante las detenciones, una buena parte resolvió irse a Chile, Uruguay y Paraguay, entre otros países. En paralelo, una parte de los que se quedaron, iniciaron el trámite para ser acogidos por la Argentina como refugiados políticos. Sin embargo, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) realizó muy rápidamente las entrevistas de admisión, pero por los trascendidos se demora en otorgar los refugios.
Página/12