La Justicia ordenó que la niña tenga un psicólogo asignado que atienda en un centro médico cercano a su domicilio.
La jueza Sandra Sánchez, del Tribunal de Juicio Sala 2, condenó este martes a Lucio Fernández como el autor del delito de abuso sexual en perjuicio de una nena wichí que, al momento de la violación ocurrida en agosto del año pasado, tenía 12 años. La jueza dio 6 años de prisión efectiva, dado que según explicó la defensora de Violencia Familiar y de Género, Andrea Magadán, no había agravantes para una pena mayor. Sin embargo, los fundamentos de la sentencia serán expuestos la semana que viene.
El juicio que inició el viernes pasado, concluyó en la audiencia de este martes con personal de seguridad para separar a los familiares del condenado y de la víctima a fin de evitar enfrentamiento.
Las tensiones fueron trasladadas desde el territorio donde vive la comunidad, en la jurisdicción de Embarcación (uno de los municipios del departamento San Martín), donde María (nombre ficticio de Ezme, la víctima de la agresión), manifestó sentirse amenazada por familiares de Fernández que, a su vez, son familiares lejanos de ella.
Magadán comentó a Salta/12 que, ante la llegada de los familiares del ahora condenado a la sala de juicio, se dispuso que no haya cruce entre las partes además de contar con apoyo policial.
Más allá de las medidas que se ordenaron ayer, Magadán afirmó que ya hay otras dispuestas en la comunidad por denuncias elevadas ante el Juzgado de Violencia Familiar y de Género.
En ese sentido, otra de las medidas impuestas por la jueza Sánchez fue la designación de un psicólogo que continúe con el acompañamiento de Ezme, dado que la niña fue atacada sexualmente en dos ocasiones en un poco más de un mes.
La primera fue cuando Fernández, tío lejano de la nena, le dijo que se suba a la moto para buscar pan en una comunidad cercana, en agosto de 2024. Al llegar a un descampado, la violó.
El segundo hecho ocurrió entre el 24 y 25 de septiembre cuando fue secuestrada por un grupo de jóvenes mientras cortaba camino de la escuela a su vivienda por las vías del tren. De la violación en banda, que ella calculó tuvo entre 6 y 7 participantes, logró identificar solamente a uno de ellos. Pero al ser menor de edad fue puesto en libertad.
Sin certeza de embarazo
María había comentado que tras el segundo ataque (que fue el que ella conoció, dado que su hija guardó silencio del primero hasta que pudo hablar), es que la niña recibió atención médica.
En el Hospital le hicieron análisis, pero ella no logró saber más nada. Para tomar conocimiento debe dirigirse al centro médico al que, para llegar, debe pagar 9 mil pesos por tramo.
A los dos meses su hija expulsó coágulos y tuvo dolores intensos. Al ir al Hospital se dieron con que se trataba de un aborto según el comentario que le hizo un médico. La familia y la niña desconocían de tal estado.
“Médicamente no hay prueba de que haya estado embarazada”, dijo Magadán al afirmar que en caso de que haya tenido un embarazo “fue de muy corto desarrollo”, y a su entender, indetectable a menos que se hayan realizado un examen e sangre u orina. “Es un hecho que ella (María), comenta, pero no se sabe si fue o no un embarazo”, afirmó. En tanto a su entender faltan certezas para determinar el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), como corresponde en estos casos.
Página/12