La Unión Tranviarios Automotor (UTA) había anunciado un paro de colectivos para este jueves por 24 horas en todas las provincias argentinas – excepto las localidades incluidas en el AMBA – tras una fallida reunión con las cámaras empresarias. A menos de tres horas del inicio de la medida de fuerza, el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó una conciliación obligatoria ante el conflicto entre la conducción nacional de UTA y la Fatap, por falta de acuerdo de paritarias para el interior.
La UTA reclama una mejora salarial igual a la acordada para los trabajadores del AMBA. El acuerdo entre las partes en el área metropolitana –CABA y el conurbano– llevó el salario básico a los $600.000 en enero y más de $700.000 a partir de febrero, aunque si se suman los viáticos y la asignación extraordinaria, los salarios podrían alcanzar a casi $1.100.000 este mes.
“Hasta acá, todas las provincias están adheridas, porque es una lucha de todos. La medida está decretada por el consejo directivo nacional, o sea que es para todo el país, por una recomposición salarial”, precisó Cesar González, secretario general de la UTA seccional Tucumán, en diálogo con PáginaI12 durante la tarde de este miércoles.
La única seccional que había anticipado que no iba a plegarse al paro de colectivos fue la de Mar del Plata, conducida por Maximiliano Escriba.
La negativa de alcanzar un acuerdo luego de cinco audiencias, “obliga a la realización de medidas de fuerza”, señalaron desde el gremio en el acta de la reunión convocada por la Secretaría de Trabajo.
Los empresarios amenazan con un aumento de tarifas
Por su parte, los empresarios señalaron que el gobierno nacional acumula una deuda millonaria en subsidios y que, sin esos aportes estatales, los fondos “los ponen las provincias, los municipios o se tiene que triplicar la tarifa en las provincias que no reciban subsidios”, señaló Gerardo Ingaramo, presidente de Fatap.
“En el interior, teníamos en un primer momento 11,5 millones mensuales y eso quedó sin efecto. Nos quedamos sin ese subsidio y se tienen que hacer cargo las provincias o los municipios”, completó Ingaramo.
Según las cámaras empresarias, “no es posible formular propuesta de ninguna especie relativa a la pretensión de recomposición salarial” de la UTA, ya que el gobierno nacional “adeuda al sector la suma de $20.500 millones correspondientes al Fondo Compensador 2023”.
La conciliación obligatoria había sido solicitada a la Secretaría de Trabajo por diversos intendentes de varias provincias. “Nos encontramos en estado de deliberación permanente ante la falta de respuesta de los organismos nacionales, en particular en lo que respecta a la distribución equitativa y justa de los subsidios hacia el transporte del interior del país, en consonancia con la política en el AMBA”, advierte, por ejemplo, el pedido enviado por intendentes de Córdoba y Santa Fe de las más importantes localidades.
El pasado viernes, tras la reunión con el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, y la falta de respuestas e incertidumbre del presupuesto para 2024, la Red Federal de Intendentes declaró la emergencia en el transporte urbano.
Página 12